España envía señales de distensión, pese a la falta de solución del caso Repsol

MADRID.– En España ironizan que el conflicto diplomático por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF dejó una enseñanza positiva: descubrir que el gobierno de Cristina Kirchner está dispuesto a hacer lo inimaginable y más.

Tal vez convencido de que es mejor prevenir futuras crisis, el gobierno español retomó en los últimos tiempos la idea de promover una "agenda positiva" con la Argentina, mientras se suceden sigilosas gestiones para definir si el kirchnerismo pagará finalmente una compensación a Repsol. También desde la Casa Rosada existe la intención de recomponer el diálogo con el país que todavía lidera la inversión extranjera en la Argentina y que hasta el año pasado era su puerta de entrada a Europa.

Una señal del camino de distensión al que apuestan los dos gobiernos es la visita a Buenos Aires, prevista para este lunes, del secretario de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, la primera de alto rango desde el estallido del caso YPF. Lo invitó el vicecanciller Eduardo Zuaín para una charla "a agenda abierta", según informaron las dos cancillerías.

En Madrid desligan por completo esa misión de una eventual negociación por Repsol, aunque en distintos despachos del gobierno de Mariano Rajoy se admite que "hay canales de diálogo" sobre ese "escollo enorme" en la relación.

Por vías oficiales, el gobierno kirchnerista le hizo llegar a Rajoy el mensaje de que será bien recibido en Buenos Aires en septiembre si viaja para la reunión del Comité Olímpico Internacional, en el que se decidirá si Madrid será la sede de los juegos 2020. También se espera la visita del rey Juan Carlos o del príncipe Felipe, muestra de la expectativa española por conseguir un proyecto alentador para la economía en medio de la crisis.

¿Son sólo gestos o hay una negociación avanzada? En ámbitos políticos españoles llueven las especulaciones. Algunos interpretaron como un gesto positivo el hecho de que Cristina Kirchner no hablara de la estatización de YPF al cumplirse un año, hace dos semanas. En medio del litigio con Repsol, la petrolera controlada por el Estado rebota en su búsqueda de inversores que ayuden a explotar el megayacimiento de Vaca Muerta, clave para el futuro energético del país.

Pero, sobre todo después del impulso a la reforma judicial, políticos de distintos partidos y empresarios que siguen los temas latinoamericanos señalaron a LA NACION que hay un temor creciente por la suerte de otras compañías españolas. Especialmente, mencionan a Telefónica. Ven señales amenazantes del Gobierno, como la designación en la Secretaría de Comunicaciones de Norberto Brener, de La Cámpora.

También crecieron en los últimos días las quejas por la falta de permiso a girar dividendos al exterior. El caso más difundido fue el de la multinacional del juego Codere, que, consultado por LA NACION, desmintió la venta de todos sus activos en la Argentina, pese a las versiones en contrario. Si España quiere mejorar la relación para no comprometer más a sus compañías, si hay una negociación por Repsol o si sólo se busca poner a salvo "los lazos históricos" entre los dos países es un secreto que la administración Rajoy prefiere guardar en silencio.

Después de amenazar con no pagar ni un dólar, el gobierno de Cristina dio un paso hacia la negociación hace un mes, cuando le entregó una oferta escrita a Isidre Fainé, presidente de La Caixa, mayor accionista de Repsol. El ejecutivo había sido recibido por Cristina. De la gestión participó César Alierta, titular de Telefónica, empresa de la que Fainé también es vicepresidente.

Aquella propuesta consistía en compensar a Repsol con una participación del 19% en una empresa conducida por YPF con el objetivo de explotar un tercio de la zona de Vaca Muerta. La otorgaba dinero y bonos pero los españoles debían reinvertirlos en el joint venture, no se les concedía control sobre las decisiones y se la obligaba a desistir de las demandas internacionales.

La noticia –publicada en su momento por LA NACION– desató intrigas internas en la compañía, cuyo presidente, Antonio Brufau, ordenó publicar una desmentida oficial: negó "la existencia de una negociación" y habló de "meros contactos oficiosos o exploratorios".

¿Puede haber sido aquél el primer paso antes de una oferta mejor a la empresa, que incluya algún pago más tentador que volver a ser socia del Estado que le quitó todo? Ésa es la gran intriga entre los políticos españoles que miran la relación con la Argentina. En esos ámbitos se descuenta que la Argentina no tiene 10.000 millones de dólares para pagarle a Repsol y terminar así con los litigios que amenazan el despegue de YPF. Pero tal vez pueda ofrecer una ingeniería financiera y activos petroleros.

La decisión última será de la Presidenta, dicen en Buenos Aires. Con esa convicción trabajan todos los empresarios, políticos, diplomáticos y operadores varios que mantienen gestiones para destrabar la mayor disputa argentino-española desde la Independencia.