Evalúa una comisión las notas de Santoro

La encabeza Pérez Esquivel; fuerte rechazo de ADEPA
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10 de agosto de 2019  

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que interviene en el expediente de Dolores conocido como el " caso D'Alessio", deberá analizar los hechos que se le imputan al periodista Daniel Santoro, que fue procesado el miércoles pasado por el juez federal Alejo Ramos Padilla. La comisión evaluará si sus publicaciones periodísticas constituyeron " operaciones de acción psicológica".

La medida la ordenó Ramos Padilla en la misma resolución que firmó para procesar sin prisión preventiva al periodista y dictarle un embargo de tres millones de pesos. La Comisión Provincial por la Memoria, presidida por Adolfo Pérez Esquivel, tiene acceso a toda la prueba digital del expediente en condiciones de confidencialidad.

En febrero, Ramos Padilla le dio intervención a este organismo en el expediente y le pidió elaborar un peritaje sobre la base de la documentación y el material secuestrado en el allanamiento al domicilio del falso abogado.

Se elaboró un informe técnico, que se incorporó al expediente en marzo y llevó la firma de Pérez Esquivel y de Roberto Cipriano García, el secretario de la CPM. Allí se había concluido: "Marcelo D'Alessio desplegó tareas de inteligencia en tanto existen pruebas suficientes que indican que de manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos".

Esta comisión, conformada por referentes de organismos de derechos humanos, gestiona desde hace 18 años los archivos de la ex-Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba).

Santoro declaró ante a Ramos Padilla que con D'Alessio lo unía un vínculo "estrictamente periodístico", que nunca publicó información proveniente de él de forma directa y que había sido su fuente en muy pocas ocasiones. Respecto de estos dichos, Ramos Padilla le pide a la CPM que efectúe un análisis y se pronuncie.

"Resulta necesario remarcar, en consonancia con lo ya expuesto, que no se trata de una medida tendiente a juzgar la conducta profesional de este periodista, sino que con ella se pretende mensurar el alcance de las acciones de inteligencia y espionaje ilegales en los términos del artículo 4º de la ley 25.520 y, además, aportar otro elemento para el análisis de su posible participación en la asociación ilícita investigada", explicó Ramos Padilla en la resolución.

El juez procesó a Santoro por presunta coacción y tentativa de extorsión en la causa conocida como "Caso D'Alessio", en la que se investigan supuestos actos de espionaje ilegal y extorsión sobre distintos empresarios. Ramos Padilla señaló que el periodista habría participado de al menos tres hechos, pero sostuvo que no formó parte de la asociación ilícita, por lo cual le dictó la falta de mérito por ese delito.

Consideró por su parte probada la participación de Santoro y sostuvo que fue necesaria para llevar adelante los actos extorsivos de parte de D'Alessio al empresario Mario Cifuentes, dueño de la firma OPS, y al exdirectivo de Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat. El juez advirtió, en varias partes a lo largo de la resolución, que procesó a Santoro no por el ejercicio de su profesión, sino por hechos delictivos puntuales.

El procesamiento de Santoro impactó en la comunidad periodística. Numerosos colegas se solidarizaron públicamente con él y también lo hicieron algunas asociaciones y entidades periodísticas. Desde ADEPA consideraron "grave e insólita" la medida que ordenó Ramos Padilla a la CPM. "Esta medida constituye una clara amenaza a la tarea informativa e implica el intento de consagrar una suerte de auditoría estatal sobre el trabajo periodístico, algo que vulnera la libertad de prensa consagrada por nuestro ordenamiento legal", comunicó la asociación.

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