Evalúan la eliminación del obispado castrense

La decisión política está madurada: avanza por estas horas en el Gobierno un plan para eliminar el obispado castrense, vacante desde la jubilación del desplazado Antonio Baseotto, en abril de 2007, luego de una polémica pública con la Casa Rosada en torno de la despenalización del aborto.

Tal es el nivel de consenso alcanzado en la cúpula del poder que la presidenta Cristina Kirchner tiene en estudio dos alternativas para denunciar el tratado de partes que en 1957 suscribieron la Argentina y el Vaticano para darle forma al vicariato en el seno de las Fuerzas Armadas, confiaron a LA NACION calificadas fuentes del Gobierno.

Una de las opciones es la vía parlamentaria: en el Congreso ya se presentó un proyecto de ley del oficialismo en ese sentido que podría cobrar un renovado impulso con el inicio de la actividad legislativa. La otra, es por medio de un decreto.

Dos ministros dijeron a LA NACION que se analizan los métodos y los tiempos más convenientes para avanzar.

La iniciativa es imposible de ser descontextualizada: se inscribe en la silenciosa disputa abierta con la Santa Sede luego de que diera manifiestas señales de rechazo a la designación como embajador de Alberto Iribarne, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.

Pero los argumentos esgrimidos por el Gobierno no están vinculados directamente con esa tensión diplomática sino, explican cerca de la jefa del Estado, con la concepción del papel que deben jugar las Fuerzas Armadas en la sociedad democrática.

“Desde 1983 en adelante se puso el acento en la democratización de las fuerzas para su integración a la sociedad. Se avanzó entonces sobre la formación académica. Y se preparan reformas de los manuales de instrucción. Lo que no se vio en todo ese tiempo es la importancia del obispado castrense como reserva ideológica del pensamiento autoritario de las Fuerzas Armadas", afirmó un ministro a LA NACION.

En cualquier caso, la decisión no será intempestiva. Se busca despegar la iniciativa del conflicto que por estos días signa la relación bilateral con el Vaticano, por lo que, de acuerdo con las fuentes, no se trataría de una cuestión de días, sino más bien de un plazo mayor.

El acuerdo con la Santa Sede que dio forma al vicariato castrense data del 28 de junio de 1957 y fue aprobado por el decreto 7623/57. Se convertiría en obispado mucho después, por medio del decreto 1526/92, de Carlos Menem.

En la actualidad cuenta con unos 140 capellanes para la función pastoral y alcanza a las Fuerzas Armadas, la Gendarmería y la Prefectura Naval. También se presta servicio a los agregados militares del cuerpo diplomático extranjero.

El nuncio apostólico en Buenos Aires, Adriano Bernardini, ya acercó extraoficialmente a la Cancillería el nombre del obispo de Chascomús, monseñor Carlos Malfa, como el prelado que el Vaticano propone para reemplazar a Baseotto.

Bernardini aún no tuvo respuesta. Y, de prosperar la iniciativa que avanza por estas horas en la cúpula del poder, su proposición podría incluso llegar a quedar sin sentido alguno.

Costos y beneficios

Existen, desde la óptica del Gobierno, beneficios y costos en las dos vías que se analizan por estas horas para promover la eliminación del obispado castrense.

Si la decisión fuera tomada por el Congreso, daría una pátina de mayor pluralidad a la medida. Y también permitiría exhibir un avance en la tan mentada institucionalidad que impulsa, al menos desde lo discursivo, la nueva administración. Pero, al mismo tiempo, sometería la relación con la Iglesia a un debate público, y tal vez a un desgaste aún mayor. Si, por el contrario, la decisión se adoptara por decreto, explican en ámbitos oficiales, se evitaría magnificar el tema.

El proyecto ya presentado de denuncia del acuerdo con la Santa Sede sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas es de la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado (Frente para la Victoria-Formosa).

Ingresó en abril de 2007 en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara alta. Y propone que cesen en sus funciones el obispo castrense, los capellanes mayores, los sacerdotes militares de las Fuerzas Armadas y quienes desempeñen funciones eclesiales análogas en las fuerzas de seguridad. Esto, con el objetivo de que los miembros del ámbito castrense y las fuerzas de seguridad, "gocen de la libertad de elegir, practicar y profesar su culto religioso".

En sus fundamentos se encuentra gran parte de la teoría que abona la Casa Rosada. "El militar es un ciudadano más [ ] y puede concurrir a rendir culto a la religión de sus convicciones sin que por ello tenga que aprovechar la existencia de cuerpos sacerdotales especialmente constituidos dentro de los regimientos", dice el texto.