Exigen justicia y trato igualitario para los juicios de lesa humanidad

La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia denunció "el grave estado de situación que afecta a los detenidos acusados de delitos de lesa humanidad", a la vez que planteó que el nuevo gobierno y la nueva dirigencia política, "despojada de la ideología y de la instrumentalización política del odio y de la venganza que caracterizaron a los años precedentes, constituyen una esperanza para que restauren la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico".

Por medio de un comunicado firmado por destacados juristas y reconocidos constitucionalistas, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia destacó que "gran parte del universo jurídico de la Argentina, con la sola exclusión de individuos fuertemente ideologizados, ha tomado conciencia del grave estado de situación que afecta a los detenidos acusados de delitos de lesa humanidad que viola elementales nociones de justicia y sus derechos humanos".

A su vez, los abogados firmantes sostienen que "bajo el pretexto de la comisión de delitos de lesa humanidad" se reabrieron causas ya juzgadas y que ahora los derechos de los "supuestos responsables" de esos delitos están siendo violados.

"Se les ha negado el beneficio de la detención domiciliaria y de una asistencia médica elemental. Se los mantiene en prisión provisional sin condena. Son los únicos a los cuales se les niega la aplicación de la ley penal más benigna para el cómputo de sus penas. Se les niega el instituto a la prescripción. No se les conceden la excarcelación, la libertad condicional o las salidas transitorias de las que gozan todos los presos", asegura el texto de la Asociación de Abogados.

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Entre otros detalles el documento señaló también que en los últimos años 1435 personas fueron privadas de su libertad hasta el momento y de ella, 248 llevan más de tres años en prisión preventiva y 360 murieron en cautiverio.

La asociación denunció también que estos juicios realizados ofrecieron un "espectáculo indigno" y destaca en segundo lugar a los parientes de las víctimas del terrorismo de Estado de la última dictadura militar, "a los que no se les ha reconocido reparación alguna, ni siquiera el derecho a la verdad".

El documento señala que "en la última década se ha hecho una seria discriminación en detrimento de los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo, quienes, aunque incurrieron en excesos y extralimitaciones inadmisibles, recibieron en todos los casos penas gravísimas". Sin embargo, destacan que a los responsables directos o indirectos del terrorismo de Estado se los colmó de honores y se los premió con cargos públicos.

En otro párrafo del comunicado de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia solicita al nuevo gobierno que "en el marco del Bicentenario" tome cartas en el asunto y que deje atrás la "instrumentación política del odio y de la venganza" en función de restaurar la "concordia y la vigencia de los principios contenidos del orden jurídico".

El comunicado está firmado por Juan Ramón Aguirre Lanari, Julio E. Altamira Gigena, Jaime Anaya, Gregorio Badeni, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Iván José María Cullen, Siro M. A. De Martini, Daniel Funes de Rioja, Guillermo Ledesma, Roberto Luqui, Daniel Sabsay, Alfonso Santiago y Jorge Vanossi.

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