Fayt advirtió que incumplir fallos tiene penas de hasta un año

Dos jueces de la Corte Suprema cuestionaron la decisión de Aníbal Fernández de frenar una orden judicial.

Carlos Fayt evitó condenar la conducta del jefe de Gabinete, pero se ocupó de recordar que actitudes como la del jefe de Gabinete están contempladas en el Código Penal y contemplan penas de hasta un año de prisión.

"El artículo 239 del Código Penal habla del delito de desobediencia y dice que el que desobedeciere una orden de autoridad competente será penado con pena de 15 días a un año de prisión", dijo el juez ante los periodistas que lo esperaban en la puerta de su casa.

Cuando le preguntaron si a Fernández podría corresponderle alguna pena por haber impedido el ingreso de la policía en una sede del gremio de los aeronáuticos, se limitó a responder: "Yo no digo nada. Les estoy diciendo lo que dice el Código Penal".

En el mismo sentido, planteó que la Justicia "tiene medios para solucionar las cosas" y precisó que quien debería pedir algún tipo de sanción contra el jefe de Gabinete es "quien pudo haberse sentido afectado", es decir, el juez cuya orden fue desobedecida.

Ante la insistencia de otro periodista que quiso saber si el jefe de Gabinete es "competente" para ordenar incumplir una disposición judicial, deslizó: ¿Usted cree que el jefe de Gabinete es la Justicia?". Tras la obvia negativa, completó: "De manera que usted tiene la respuesta".

No obstante, Fayt intentó restarle peso al incidente. "Las palabras de Fernández son desafortunadas, nada más que eso", concluyó.

Funciones. Por su parte, Carmen Argibay ratificó los dichos que ayer reavivaron la polémica en torno a la orden de Aníbal Fernández para que la policía no allanara el gremio de los aeronavegantes, una medida que había sido requerida por el juez José Sudera.

"Es preocupante que se ignoren las ordenes de los magistrados. Si el poder político se arroga la facultad de juzgar, estamos mal", insistió la ministra de la Corte en declaraciones a radio Continental. "Los jueces son los que juzgan y el poder político cumple otras funciones", completó.

El freno de Fernández al allanamiento ordenado por Sudera generó consenso entre varios referentes de la oposición que intentarán removerlo de su cargo cuando el Congreso retome la actividad en marzo próximo a través de una moción de censura.