Fayt dice que lo inculpan "de mala fe"

El juez del alto tribunal advirtió que no va a renunciar a su cargo y que se impide resolver la causa planteada por San Luis
Adrián Ventura
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31 de mayo de 2003  

"No voy a renunciar a la Corte Suprema, porque soy inocente y las acusaciones son malintencionadas", dijo el ministro del tribunal Carlos Fayt a LA NACION.

"Me inculpan de mala fe. Además me impiden votar y taponan la posibilidad de resolver el caso San Luis y de dictar un fallo que les permita a los ahorristas resolver sus problemas."

La asociación de ahorristas que conduce Nito Artaza distribuyó una gacetilla de prensa en la que manifiesta el apoyo a Fayt y califica el juicio político que se le sigue "como la primera maniobra del Gobierno para obstaculizar los fallos de la Corte".

Fayt, que este año cumple veinte en el tribunal, fue el primero de los ministros en quedar nuevamente en el centro de los ataques, luego de que Néstor Kirchner asumió el gobierno.

Formalmente no hay evidencia de que la nueva investigación respecto de los jueces de la Corte provenga del Poder Ejecutivo. Aunque no dejó de llamar la atención que ayer el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, aclarara que "nosotros, desde el Poder Ejecutivo, no podemos propiciar ningún otro tipo de medidas, salvo señalar una vez más que no vamos a consagrar ningún esquema de impunidad frente a los episodios de la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial".

Pero el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, calificó la actuación del tribunal como "errática, arbitraria y hasta acusada de cometer maniobras extorsivas".

En realidad, es la Comisión de Juicio Político -desde anteayer presidida por Ricardo Falú (PJ-Santiago)-, la que motoriza las investigaciones.

El primero de los jueces en ser cuestionados por la comisión legislativa fue Fayt. Le imputan haber votado en una causa en favor de redolarizar un depósito que el Banco Nación debe devolverle a San Luis, cuando él mismo era titular de un depósito de 200.000 dólares que había quedado pesificado.

En rigor, ese depósito corresponde a una diferencia salarial que la Justicia les reconoció a los magistrados federales. Fayt, cuando cobró ese dinero, lo depositó en un banco oficial. Fayt explica que el Código Procesal lo exime de excusarse cuando se es acreedor de un banco oficial. Pero, además, luego de la pesificación, aceptó cobrar en bonos.

Justificaciones

"Yo firmé el fallo de San Luis. Pero el hecho de que esa sentencia haya ordenado redolarizar un depósito, a mí no me benefició en absoluto. Porque la sentencia se firmó el 5 de marzo, y yo, mucho antes, el año último, ya había aceptado el canje de mi depósito y recibí bonos por cobrar en 2012. Es decir, cuando voté el caso San Luis, ya había dejado de ser acreedor del banco", explica el juez.

Y agrega, con tono indignado: "¿Me pueden decir dónde estaba el beneficio que me podía producir ese fallo si yo jamás podría obtener la devolución inmediata de los dólares, desde que acepté los bonos a diez años?"

"Los argumentos contra Fayt me parecen endebles. Hay varios diputados que piensan así y, ahora, el juicio comienza a enfriarse", dijo a LA NACION uno de los integrantes de la citada comisión parlamentaria.

Varios legisladores de ese cuerpo ya no están convencidos de echar a Fayt porque creen que los cargos no son serios.

Fayt, un juez que viene del socialismo y que fue nombrado por Raúl Alfonsín, no se enriqueció en la función: vive en el mismo departamento desde hace 36 años y lleva una vida austera. Pero, mientras algunos creen que, a su edad, 85 años, debería retirarse, otros legisladores sostienen que está sometido a juicio político por ser el más débil de los integrantes del alto tribunal.

Este juez, que votó en muchas ocasiones contra los magistrados que formaron la llamada mayoría automática menemista, no cuenta con el respaldo de ningún partido y tampoco tiene demasiados amigos en la Corte.

Incluso, cuando el año último trascendió que Fayt tenía un depósito bancario, el juez se excusó, pero la Corte le rechazó su pretensión de separarse de las causas del corralón. Sin embargo, otro de los magistrados, hace dos meses, "le hizo una mala jugada", según un alto funcionario del tribunal. Intempestivamente cambió de criterio y dejó a Fayt en lo que podría llamarse posición adelantada.

Otros rumbos

En la comisión comienzan a mirar otros rumbos. Así la diputada Elisa Carrió (ARI-Chaco) ya planteó otro ángulo de investigación: renovar las acusaciones contra Julio Nazareno, titular de la Corte.

Nazareno tiene programado viajar a Europa el lunes próximo, como presidente del Consejo de la Magistratura y en respuesta a una invitación del Consejo italiano. Ahora, no es seguro que lo haga. La propuesta de Carrió, que Nazareno recibió justo el día de su cumpleaños, le cayó mal. Y les comentó a sus colegas la profunda molestia que siente.

La idea de Carrió, de reflotar los juicios que se cerraron el año último, tiene un punto débil. No está claro que los jueces del tribunal puedan ser vueltos a juzgar por los hechos que fueron juzgados el año último. En 2002, luego de que la Comisión investigó a todos los jueces del tribunal, la Cámara de Diputados puso a votación las acusaciones y los diputados no alcanzaron los dos tercios de votos necesarios para decidir llevar esa acusación al Senado. Así, el expediente fue archivado.

Si las acusaciones hubiesen sido juzgadas y rechazadas por el Senado, es decir, si la Cámara alta hubiese absuelto a los jueces, no habría duda de que esa acusación no podría ser reflotada, porque existiría cosa juzgada y no puede juzgarse a una persona dos veces por el mismo hecho, aunque se trate de una acusación política.

Tampoco parece seguro que, si los diputados investigaron a los jueces y no llegaron a la mayoría, ahora puedan volver a votar una acusación por los mismos hechos. "Tengo dudas de que se puedan reflotar los viejos expedientes, porque, para acusar a los jueces, muchos diputados tendrían que votar en un sentido distinto al que lo hicieron el año último. Y, si no hay nuevas acusaciones ni pruebas, sería contradictorio", evaluó el diputado Julio Gutiérrez (PJ-Santa Fe).

Según la diputada Nilda Garré, vicepresidente de la referida Comisión, existen en ese ámbito tres expedientes nuevos dirigidos contra Adolfo Vázquez, uno de los ministros que sí integró la mayoría automática.

Pero Garré tiene otra inquietud: "Creo que el Poder Ejecutivo debería impulsar la aprobación de alguna ley que limite la atribución del Presidente para elegir a los nuevos jueces. No hay duda de que la Constitución le asigna esa atribución al Ejecutivo, pero quizá el Presidente debería obligarse a consultar a los colegios profesionales, entidades y hacer una ronda de consulta para escuchar quiénes son los mejores candidatos".

La sugerencia de Garré apunta a que Kirchner no termine llenando los cargos que eventualmente se creen con hombres allegados a él, en lugar de nombrar juristas de prestigio.

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