Fernández expuso cuáles serán las reglas desde ahora

Carlos Pagni
Carlos Pagni LA NACION
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18 de diciembre de 2009  

Cuando se propuso reemplazar a la Corte decidiendo, por sí y ante sí, qué medidas judiciales deben ser o no obedecidas, Aníbal Fernández dejó la impresión de ser presa de un arrebato. Pero ayer demostró que lo que había parecido una desviación será, en adelante, la regla. Al referirse al juez civil y comercial Edmundo Carbone, que declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual, Fernández sentenció que carecía de competencia y que su medida estaba devaluada porque dejará el juzgado el 31 del actual. Su sucesor en el Ministerio de Justicia, Julio Alak, se puso también la toga y adelantó: "La Cámara va a revocar lo que dispuso Carbone". Un vidente, Alak.

En los próximos meses, lloverán las disposiciones judiciales para avalar o reprobar la nueva normativa. Se discutirá el fuero al que le corresponde tratarla –el Gobierno prefiere el contencioso administrativo, y las empresas recurrirán al civil y comercial– y habrá pronunciamientos en todas las provincias. Desde el "corralito", en diciembre de 2001, no ha habido semejante festival jurídico.

Es probable que la Corte quiera poner orden en esas arenas movedizas. Está en condiciones de hacerlo: el gobierno de San Luis, con el patrocinio de Rodolfo Barra, se presentó ante el máximo tribunal para que declare la inconstitucionalidad ya no de un par de artículos, sino de toda la ley. El argumento es que, según el artículo 32 de la Constitución Nacional, la regulación de los medios audiovisuales –como extensión, de "la imprenta"– no es una competencia del Estado nacional, sino de las provincias. El procurador ya se pronunció, claro, en favor de la competencia originaria de la Corte cuando hay un reclamo provincial. Ahora –que puede ser un largo ahora– tienen la palabra los ministros de la Corte. Se trata del caso que más expone la relación entre ellos y los Kirchner.

Las expresiones de Fernández y Alak son detalles al lado de otras aberraciones procesales que adornan el rodaje de la nueva normativa. Como publicó La Nacion el 12 de octubre, si se cumplieran los plazos previstos por el Congreso, las primeras consecuencias de la reforma llegarían 210 días hábiles después de su sanción. Esa demora haría que Kirchner pagara todos los costos y no viera ninguno de los supuestos beneficios de su enfrentamiento con la industria audiovisual. Para evitarlo, el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, olvidó que era maoísta e inició la "corta marcha". El Poder Ejecutivo cambió los plazos establecidos por la ley por los del Código Civil: el texto comenzaría a estar vigente ocho días después de la sanción. Pero, como la constitución de la autoridad de aplicación demandaría más tiempo, el titular del Comfer siguió firmando resoluciones y entregando licencias al amparo de la "ley de la dictadura", ya derogada. En otras palabras: desde el 19 de octubre rigen dos leyes para una misma materia.

El Gobierno ordenó que se forme el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que debe designar sus representantes en la autoridad de aplicación. La integración desató polémicas por las designaciones inconsultas. Por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Gustavo Lugones, se quejó porque su institución no había participado en la elección del delegado de las casas de estudios. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y el vicerrector de la Universidad de Rosario, Eduardo Seminara, fueron designados por el Consejo Federal en el nuevo Comfer, que presidirá Gabriel Mariotto. Lo de Capitanich es curioso: se trata de un gobernador que dependerá del Poder Ejecutivo Nacional –otro homenaje kirchnerista al federalismo– y que ocupará dos cargos públicos full time.

Para que el nuevo organismo de control, de siete miembros, tuviera quórum, había que sumarle un cuarto integrante. A Mariotto, Capitanich y Seminara se les agregó, entonces, Claudio Schiffer. Es el representante de la primera minoría (oficialismo) de la Bicameral del Congreso destinada al seguimiento de la ley. Lo nombraron los representantes del Frente para la Victoria, en una sesión impugnada, de la que se retiró la oposición, incluso el socialista Rubén Giustiniani, que había apoyado la reforma. La Bicameral no volvió a reunirse. Para hacerlo, debe volver a designar a sus integrantes, ya que por los reglamentos de ambas cámaras la composición de las comisiones caduca con cada renovación parlamentaria. La integración de comisiones es hoy, en el Senado, parte de una guerra cruel.

Mariotto y los suyos están en una encrucijada. ¿Comenzarán a dictar resoluciones sin la representación de la oposición, que iba a ser la gran distinción del nuevo régimen respecto del establecido en la dictadura? ¿O Mariotto seguirá fechando sus dictámenes el 9 de diciembre, como hasta ahora? Son dilemas inquietantes. Pero los comete un gobierno que cuenta con una ventaja de la que no gozaron los anteriores: cuando sea sometido a control, el juez encargado de evaluarlo será, como se sabe, Aníbal Fernández.

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