Flamantes funcionarios e investigados

Rodríguez Saá no privilegió la transparencia a la hora de elegir a sus colaboradores
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29 de diciembre de 2001  

Carlos Grosso no anduvo con vueltas. “El Presidente no me eligió por mi prontuario sino por mi inteligencia”, dijo el fugaz jefe de asesores de la jefatura de gabinete, el lunes último, cuando reapareció en la escena política después de más de un lustro en el que las denuncias por corrupción y los problemas judiciales lo obligaron a “guardarse”.

El ex intendente porteño no fue el único al que el presidente Rodríguez Saá convocó para sumarse al Gobierno a pesar de que tiene deudas pendientes con la Justicia. Varios miembros del gabinete, más tarde o más temprano, tendrán que dar explicaciones en los Tribunales, aseguraron a LA NACION fuentes judiciales.

Aunque por la vigencia del principio de inocencia la ley argentina no inhabilita para ocupar cargos públicos a los imputados o procesados en causas penales, la designación de funcionarios sospechados no se condice con la demanda de transparencia de la ciudadanía que Rodríguez Saá prometió satisfacer cuando juró hace una semana ante la Asamblea Legislativa.

El azar quiso que el mismo día que Grosso regresó a la Casa Rosada, la causa 21666/97, en la que está procesado por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, llegara al despacho del fiscal de instrucción José María Campagnoli para que la elevara a juicio.

El ex jefe de asesores deberá enfrentar un proceso oral y público por haber entregado en forma irregular dos hectáreas del Parque Tres de Febrero al club GEBA y haber vendido en forma fraudulenta al mismo club otras dos hectáreas de Palermo que también eran bienes de dominio público. “El nombramiento de Grosso le hace mal a la República”, opinó el fiscal.

En otra causa, Grosso fue procesado por administración fraudulenta por irregularidades en la licitación del Golf-Velódromo. El fiscal de instrucción Pablo Lanusse pidió la prisión preventiva del funcionario, al que acusó también por asociación ilícita. La Sala VII de la Cámara del Crimen tiene a estudio el pedido desde hace varios meses.

Hugo Alberto Franco, otro ex funcionario menemista elegido por Rodríguez Saá, está imputado en una causa en la que se investiga una organización que prometía trabajo y documentos a inmigrantes chinos.

El flamante secretario de Asuntos Militares, que fue director nacional de Migraciones durante el gobierno de Carlos Menem, es investigado por el juez federal Jorge Urso, el mismo que ordenó la detención del ex presidente. La Sala II de la Cámara Federal revocó parcialmente, el 27 de noviembre último, un archivo que había dispuesto el magistrado.

Créditos incobrables

El hombre que está cargo de la economía argentina desde que renunció Domingo Cavallo tampoco está libre de sospechas, dijo a LA NACION el fiscal platense Carlos Arguero.

El secretario de Hacienda, Finanzas e Ingresos Públicos, Rodolfo Frigeri, está imputado en una causa que instruye la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata por créditos incobrables otorgados durante su gestión como titular del Banco Provincia y mientras Eduardo Duhalde era gobernador bonaerense.

Fuentes judiciales precisaron que en la causa se analizan operaciones por varios miles de millones de pesos que podrían haber sido desviados para financiar campañas políticas. “El expediente está en plena etapa de investigación. Secuestramos muchas pruebas y Frigeri está imputado porque existen suficientes elementos por hechos ilícitos que se cometieron durante su gestión”, dijo Arguero.

El canciller José María Vernet no está procesado, pero en Santa Fe enfrentó varias denuncias por irregularidades durante su gestión como gobernador, entre 1983 y 1987.

Fuentes judiciales de la provincia dijeron que se lo vinculó con la iniciación del proceso de vaciamiento del entonces Banco Provincial, con el otorgamiento de créditos irregulares a empresas y particulares insolventes, pero vinculados con el justicialismo. Vernet fue acusado además por la venta irregular del material de rezago de la estructura del puente colgante de la ciudad de Santa Fe, que resultó destruido por una inundación.

El ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, también fue vinculado con el mal manejo del Banco de Mendoza, que otorgó créditos millonarios a personas sin recursos. Como gobernador de Mendoza, Gabrielli comenzó el proceso de privatización de la entidad bancaria, pero durante su gestión acumuló el mayor pasivo de las deudas provinciales.

Grosso, Franco, Frigeri, Vernet, Gabrielli y otros funcionarios recién designados tienen o tuvieron problemas con la Justicia. Rodríguez Saá los eligió por otras razones.

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