Fracasó un acuerdo en la comisión binacional
Las delegaciones de técnicos emitirán informes por separado
MONTEVIDEO.- Era como ver una película cuando uno ya sabe el final. Ayer venció el plazo para que una comisión binacional sobre el diferendo argentino-uruguayo por las fábricas de celulosa analizara los estudios técnicos y llegara a una conclusión, pero no hubo acuerdo y cada delegación hará un informe propio.
Si faltaba algo para vislumbrar el desencuentro, la mañana montevideana ofreció una imagen que valió mucho más que los extensos textos que iban en cada carpeta. Unos 35 funcionarios argentinos llegaron en hora para la reunión en el Palacio Santos, sede de la cancillería uruguaya sobre la principal avenida 18 de Julio. Rodeados por decenas de periodistas, encontraron que la puerta estaba cerrada. Golpearon, tocaron timbre... y nada. Como si fuera feriado. Esperaron 10 minutos y el embajador argentino en Uruguay, Hernán Patiño, recordó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene otra puerta de ingreso, por el fondo que da a la calle Colonia. Caminaron las dos cuadras e ingresaron sin que nadie los recibiera.
Cuando unos periodistas le preguntaron a Patiño si había chance de un informe común sobre el fin del plazo de la comisión, el embajador respondió: "No sigamos con este juego; no voy a hablar".
El Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN) había mantenido diferencias en todas las reuniones que había mantenido, pero según el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, en el subgrupo que analizaba el tema del agua y los vertidos de las plantas se había llegado a acuerdos en un 85 por ciento de los puntos, lo que para el gobierno de Tabaré Vázquez demostraba que "si había voluntad política de la Argentina" eso abría la posibilidad de una fórmula dialogada sobre el impacto ambiental de las fábricas de celulosa que se construyen sobre el río Uruguay.
Fuentes diplomáticas uruguayas dijeron que el director de asuntos ambientales de la cancillería argentina, Raúl Estrada Oyuela, interrumpió el viernes la reunión de esa "comisión del agua" para impedir que los técnicos llegaran a un acuerdo, porque eso no iba a "tener validez política".
En el gobierno de Vázquez se mencionó con mucho malestar esa actitud durante el fin de semana, aunque algunos funcionarios comentaron que Estrada podía estar actuando "fuera de la línea" moderada que "parecía estar imponiendo" el presidente Néstor Kirchner en la última semana.
En ese sentido, se manejó que la reunión de Kirchner con el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, había sido para "bajar decibeles" a los cortes de ruta y que el "anuncio de una denuncia ante la Corte de La Haya" era la excusa para manejar ante los manifestantes, como forma de convencerlos de que eso perjudicaba a la Argentina ante un tribunal internacional. El propio Busti admitió ayer, en declaraciones a LA NACION, que los cortes de ruta son "un acto delictivo".
Esa nota y otra sobre el procedimiento usado en las plantas de celulosa publicada ayer por LA NACION fueron comentadas durante la cumbre política entre Vázquez y los líderes de la oposición y transmitidas a los técnicos locales de la comisión binacional.
Pero Estrada Oyuela relativizó su participación en ese subgrupo y acusó a Gargano de exagerar. "Es problema de ustedes -dijo a los periodistas uruguayos- si tienen un canciller desinformado", expresó el diplomático argentino en alusión al "supuesto 85 por ciento de acuerdo". A la vez, Estrada Oyuela hizo sentir su reclamo a Uruguay: "Nosotros lo que decimos es que paren las obras", dijo. Y añadió: "Si las obras producen perjuicio, ahí va a haber alguien patrimonialmente responsable".
La respuesta no se hizo esperar desde Montevideo. El viceministro de Industria uruguayo, Martín Ponce de León, dijo que "Uruguay está jugando con absoluta tranquilidad, transparencia y firmeza; las obras continuarán porque no hay motivo para frenarlas".
Los delegados argentinos dicen que Uruguay no ha aportado suficiente información sobre el impacto ambiental, mientras la delegación oriental afirma que ha dado todos los reportes que se le solicitaron e incluso algunos adicionales. Además, agrega que los técnicos contratados por el Banco Mundial también aprobaron las plantas.
¿Cómo seguirá el diferendo?, le preguntaron a Estrada Oyuela. "Es una serie de suspenso", respondió.
No obstante, los delegados argentinos dijeron que la falta de acuerdo abre el camino a la presentación de una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya.
Ese tema se analizó durante un encuentro del presidente Vázquez con los líderes de todos los partidos políticos (de lo que se informa en la página 6).
El informe que elaboró la delegación en Buenos Aires apunta "principalmente a remarcar los incumplimientos en los compromisos jurídicos de parte de Uruguay". En tanto, los delegados de Uruguay destacan en su informe que no hay peligro de contaminación en la construcción de las papeleras.