Fuerte rechazo del Colegio de Abogados de la Ciudad al proyecto para ampliar la Corte

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su fuerte rechazo al proyecto gubernamental de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, de cinco a veinticinco. “Bajo el insólito pretexto de establecer una Corte Federal aparece con toda nitidez la verdadera intención: subordinar completamente a nuestro máximo tribunal al poder político”, señaló la entidad, en una declaración.

“Esta iniciativa no es sino la reedición de maniobras que se han ensayado muchas veces en el pasado. No es aventurado afirmar que la historia de la decadencia argentina va de la mano de la historia de la manipulación de su Poder Judicial” afirmó la institución, que preside el doctor Alberto F. Garay.

“En algunas oportunidades –añadió- se apeló a juicios políticos que no fueron más que la puesta en escena de la decisión de remover a jueces independientes. En otras, se apeló a la ampliación de la Corte con la burda excusa de que así se mejoraría su funcionamiento y se la tornaría más ágil. En esta ocasión se alega un propósito novedoso y de un extraordinario cinismo: que sea más federal”.

Para el Colegio de Abogados de la ciudad, la Corte Suprema ya es federal. “Como único tribunal creado por la Constitución nacional, es la cabeza del Poder Judicial Federal y sólo puede intervenir en cuestiones de interpretación de la Constitución o de las leyes federales”, precisó.

Añadió que sus integrantes son designados por el Presidente de la Nación y deben contar con acuerdo del Senado, que es la Cámara que reúne a los representantes de las provincias. “Lo que se pretende instaurar ahora es un Senado paralelo de carácter jurisdiccional”, advirtió la institución.

La declaración señala que la iniciativa oficial “desconoce de manera palmaria la naturaleza del Poder Judicial en general, y de la Corte Suprema en particular, que no es un órgano representativo ni corporativo”.

Sostuvo, además, que “con este curioso proyecto, parecería que cada ministro del alto tribunal fuera a representar a una provincia. Es fácil inferir, entonces, que no se espera de ellos que apliquen la Constitución y las leyes a los casos en los que deban intervenir, sino que sus fallos reflejen los intereses de sus mandantes. Paradójicamente, una Corte “Federal” perdería la atribución de asegurar la supremacía federal”.

“La Argentina no podrá emprender el camino del progreso mientras esté sometida a constantes embates contra las instituciones fundamentales del Estado de Derecho”, concluyó la entidad.

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