Garré deberá explicar por qué no paró el bloqueo a los diarios

La oposición se puso de acuerdo para que comparezca en tres comisiones clave de Diputados ; la Justicia le reclamó a la ministra que revele las razones de la inacción policial ; harán denuncias ante la OEA
Gabriel Sued
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29 de marzo de 2011  

Como reacción ante el bloqueo que impidió anteayer la salida del diario Clarín y afectó la circulación de LA NACION, la oposición resolvió citar a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que explique en la Cámara de Diputados por qué la Policía Federal no intervino para garantizar la distribución de esos matutinos.

La funcionaria fue citada para mañana, a las 10, a una reunión conjunta de las comisiones de Libertad de Expresión, de Asuntos Constitucionales y de Justicia, todas presididas por diputados opositores. A esa convocatoria podría sumarse hoy otra que intentará hacer la oposición en el Senado, dirigida al secretario de Medios, Juan Manuel Abal Medina, para que asista, pasado mañana, a un encuentro de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Pero allí el oficialismo es mayoría.

El pedido de explicaciones a Garré coincidió con otro que hizo ayer la Justicia. El juez en lo civil Gastón Polo Olivera exigió a la ministra que en el término de tres días clarifique los motivos por los que no cumplió con resoluciones judiciales anteriores, dictadas por él, que ordenaban al Gobierno evitar los bloqueos y garantizar la distribución de los diarios.

La ministra de Seguridad respondió por medio de un comunicado de prensa. Alegó que se trataba de un conflicto gremial, negó que hubiera incumplido las órdenes judiciales previas y afirmó que la Policía Federal había actuado de acuerdo con las instrucciones dictadas por los tribunales que intervinieron en el conflicto, durante la madrugada del domingo.

La citación de la funcionaria al Congreso es la primera medida institucional que adopta la oposición en su conjunto, tras las condenas públicas expresadas en las últimas 48 horas por dirigentes políticos, asociaciones empresarias y organizaciones periodísticas y religiosas. La mayoría acusó por los hechos al Gobierno y al líder de la CGT, Hugo Moyano. El bloqueo en la planta impresora de Clarín fue realizado por un grupo de empleados de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), propiedad del mismo grupo empresario, en reclamo por supuestas deudas impagas y mejores condiciones laborales. Se concretó una semana después de que el secretario de prensa de la Federación de Camioneros, Raúl Altamirano, advirtiera que organizarían protestas frente a los diarios que "atacaran" a Moyano.

Los principales bloques de la oposición en Diputados resolvieron también ampliar una denuncia, radicada el 27 de abril de 2010, ante la colombiana Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el escrito original, se denunció que el Gobierno "desarrolla acciones tendientes a restringir la libertad de prensa y de expresión a través de distintas situaciones, como la utilización de la publicidad oficial como herramienta de censura previa, intimidaciones directas a periodistas, la irregular sanción de la ley de medios audiovisuales y la negativa a brindar acceso a la información en temas alta sensibilidad".

La presentación internacional y la convocatoria de Garré se decidieron en una reunión de la que participaron 17 diputados. Por la UCR estuvieron Ricardo Alfonsín, Ricardo Gil Lavedra, Silvana Giudici, Gustavo Cusinato y Elsa Alvarez; por el Peronismo Federal, Gustavo Ferrari, Eduardo Amadeo, Marcelo López Arias y Graciela Camaño; por la Coalición Cívica (CC), Patricia Bullrich, Fernando Iglesias y Elsa Quiroz; por Pro, Federico Pinedo y Paula Bertol; por GEN, Margarita Stolbizer y Gerardo Milman, y por el Partido Socialista, Roy Cortina. También participaron las senadoras María Eugenia Estenssoro (CC) y Norma Morandini (Frente Cívico de Córdoba).

"Lo que pasó el domingo compromete la libertad de expresión. Por eso le queremos preguntar a la ministra por qué no actuó la policía y qué va a hacer en adelante para que esto no se repita", dijo, tras el encuentro, Giudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. "Con la citación intentamos atacar dos circunstancias comprometidas: la libertad de expresión y la igualdad ante la ley, porque pareciera que el Código Penal se cumple para algunos nomás", argumentó Ferrari.

"Queremos focalizar en la decisión del Gobierno de no actuar", dijo Bullrich, y explicó que no se había analizado citar al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, porque los opositores consideran que no se trata de un conflicto laboral.

Durante el cónclave opositor, se analizó la posibilidad de pedir la interpelación o incluso el juicio político de Garré. Pero esas opciones se desestimaron ante la dificultad de llevarlas a la práctica.

Para plantear el juicio político de un ministro se requiere el voto favorable de dos tercios de los diputados, número imposible de conseguir para la oposición. Para aprobar una interpelación, en cambio, se necesita el apoyo de la mitad más uno de los legisladores, pero los opositores temían que desde la presidencia de la Cámara baja, en poder del oficialista Eduardo Fellner, se girara el proyecto de interpelación a varias comisiones, lo que terminaría por retrasar la medida.

La citación de Abal Medina que planea la oposición en el Senado se resolverá recién hoy, en una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, prevista para las 16.30. "El secretario de Medios tiene que garantizar el derecho a la libertad de expresión", argumentó Estenssoro, presidenta de la comisión.

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