Garrido se quejó por el límite a su fiscalía y alertó sobre los efectos
El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas denunció que, por la medida de Righi, dejará de existir un organismo "independiente y especializado" en perseguir delitos cometidos por funcionarios públicos; exigió que que actúe el Congreso
La polémica por la resolución del Procurador general de la Nación, Esteban Righi, que ayer acotó las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), organismo creado por ley para investigar los delitos de los funcionarios públicos nacionales, se profundiza con el paso de las horas.
Esta mañana, el titular de la FIA, Manuel Garrido, principal damnificado por la resolución de la que LA NACION da cuenta en su edición de hoy, redobló sus críticas a la decisión de Righi y alertó sobre los efectos negativos que podría tener en la investigación de casos de corrupción en el futuro.
Incumplimiento. "Evidentemente hay problemas, hay impunidad, no hay sentencias y la cuestión sobre las facultades de la fiscalía pasa a sumarse a esta serie de problemas que evidencian que la Argentina no está cumpliendo con las obligaciones que tiene en materia de investigación de la corrupción", arremetió el representante del Ministerio Público en declaraciones a radio Continental.
Puntualmente, la resolución de Righi hace una interpretación estricta del concepto de "intervención necesaria" que la ley del Ministerio Público le confiere a la FIA, a cargo de Garrido desde hace cinco años, y establece que ya no tendrá intervención directa en causas que no se hayan iniciado por su denuncia. Además, en las que sí hubieran comenzado por su iniciativa (son la minoría) sólo podrá asumir la acción penal cuando el fiscal del caso resuelva no seguir adelante.
Lectura. "La interpretación de que la fiscalía no está especializada en la investigación de la corrupción, que es lo que surge de la resolución del Procurador, viene a poner sobre el tapete que no hay ningún organismo independiente especializado en investigar y en perseguir la corrupción", alertó Garrido.
En la misma línea, planteó que la persecución de presuntas actividades delictivas de funcionarios públicos "es una de las cosas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción le exige a los países que son parte y la Argentina es parte".
En este punto, el fiscal reclamó la intervención del Congreso en la discusión "Tendría que hacerse cargo de regular adecuadamente en esta materia. Tendrá que ponerse a estudiar el tema y regular de acuerdo a las normas que rigen y que la Argentina tiene que cumplir", aseveró.
Defensa. Desde la Procaduría General, en tanto, voceros consultados por lanacion.com insistieron en que el fallo de Righi no apunta a reducir el margen de acción de Garrido, sino a corregir "rispideces" entre el representante de la FIA y los fiscales federales.
"Lo que está pidiendo Righi es que Garrido y los fiscales federales, que son los fiscales naturales de las distintas causas, coordinen una estrategia de trabajo en común", indicaron.
Además, remarcaron que, aún tras la resolución de Righi, Garrido podrá "coadyudar" a los fiscales titulares con la presentación de pruebas.
No obstante, esa posibilidad quedará reducida a las causas originadas por él mismo y no aquellas que hayan comenzado por decisión de otro fiscal.
En la mira. La FIA impulsó el avance de muchos de los expedientes por supuestos casos de corrupción de la era kirchnerista. Las presuntas coimas de Skanska, el escándalo de la bolsa con dinero encontrada en el despacho de Felisa Miceli, la manipulación de los índices del Indec y el supuesto enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner son algunos de esos casos.
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