Gendarmería informó que no encontró la oficina de las escuchas
Según organismos del Estado, sólo se siguió a 6 personas de la lista que presentó Pro
Las tareas de inteligencia encargadas a Gendarmería dieron "resultado negativo". Los gendarmes no lograron dar con las oficinas donde, según la denuncia de Pro, funcionaba una estructura destinada a espiar a políticos, periodistas y famosos.
Todavía no hay un informe oficial, pero Gendarmería ya adelantó al juzgado de Sebastián Casanello, por teléfono, que no habían encontrado nada en la esquina de San Juan y Entre Ríos. Allí se les encomendó que fueran, la medianoche del día que se hizo la denuncia, para corroborar "la existencia de algún edificio donde se estarían llevando adelante maniobras de inteligencia". Según ellos, no lo había.
Al expediente llegaron también informes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), que dijo que ni en esa esquina "ni en sus adyacencias" funcionan dependencias suyas, y del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom), la oficina de la Procuración que ahora se encarga de las escuchas. De estos informes surge que de las 202 personas que aparecen en la lista que presentó Pro, ninguna está siendo objeto de intervenciones telefónicas judiciales (las únicas legales), pero hay seis a las que sí se las escuchó hace algunos años. Ellos son Juan Bautista Yofre, Pablo Carpintero, Héctor Alderete, Néstor Ick, Daniel Reimundes y Esteban Velázquez. Fueron escuchados por orden del juzgado federal de San Isidro de Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Alberto Nisman.
En su informe al juzgado, la AFI sostuvo también que las planillas con la lista de presuntos espiados que la diputada Laura Alonso (Pro) acompañó a su denuncia no se correspondían con las planillas que circulaban por el organismo cuando tenía a su cargo las escuchas.
Mientras tanto, en el expediente, con el secreto del sumario ya levantado, empezaron a tomarse las primeras declaraciones testimoniales.
Para averiguar cómo se hacen las escuchas, Casanello citó a dos expertos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que ya declararon, y convocó a los presuntos espiados que se presentaron para ser querellantes: el periodista Jorge Rial, el diputado Mauricio D'Alessandro y el yerno del espía retirado Antonio Stiuso (en representación del nieto de Stiuso, que aparecía en la lista). También forma parte del expediente un escrito de Luciana Salazar y Martín Redrado, en que ambos adhirieron a la denuncia. Ellos también aparecen en la nómina de los espiados.
Uno de los expertos de la UTN, Claudio Garbarz, dijo ayer que técnicamente es posible para la "estructura oficial" hacer las escuchas denunciadas, pero que "sí o sí" la telefónica prestataria del servicio tiene que estar al tanto. Que otros métodos son las "valijitas" que deben estar a no más de 100 metros del teléfono que se va a interceptar (para eso se requeriría un "ejército de espías", declaró) o a través de virus "troyanos", que toman control de la computadora o teléfono, pero que ése no parecía ser el método denunciado en este caso.
Esta causa se inició por una denuncia de Alonso, que informó que un presunto agente de inteligencia le había comunicado, de manera anónima, que se estaba espiando a 202 personas, en su mayoría, públicas.
Bonadio anuló peritajes
- El juez federal Claudio Bonadio declaró la nulidad de peritajes que él mismo había ordenado en la causa por el presunto pago de sobreprecios en el plan oficial Qunita para evitar futuros planteos de las defensas, pero mantuvo firmes las indagatorias del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y del ministro de Salud, Daniel Gollán.
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