Genera controversia la elección fueguina

USHUAIA.- Por lo menos siete funcionarios de primera línea del gobierno de Tierra del Fuego serán presidentes de mesa en las elecciones provinciales que se realizarán mañana para elegir gobernador, vicegobernador y quince legisladores provinciales.

El trabajo de autoridad de mesa, que antes se encomendaba a docentes y profesionales como carga pública, fue reemplazado en estos comicios por un registro de voluntarios que cobrarán cincuenta pesos cada uno, por decisión de la junta electoral que preside la camarista María Rosa Ayala. El ausentismo de los designados fue una de las razones del cambio.

El presidente del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas, Walter Agüero, procesado por "defraudación contra la administración pública" en un caso de "cohecho"; el administrador de la Dirección de Puertos, René Argañaraz, investigado por falsificar el título secundario para cobrar un plus salarial; el vocal letrado del Tribunal de Cuentas y ex subsecretario Legal y Técnico de la Gobernación, Rubén Herrera; el presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Carlos Lorenzo; el presidente del Instituto de Seguridad Social, Alberto Arauz; el secretario privado del vicegobernador Daniel Gallo, Andrés Chiesa y el administrador de la Secretaría de Salud, Alejandro Fotheringham, integran, entre otros, el elenco que el gobierno destacó en lugares clave para los próximos comicios, en una actitud cuestionada por la oposición.

"Acá pasamos de docentes e independientes a altos funcionarios del gobierno. Esto le quita transparencia al proceso", cuestionó la candidata a gobernadora de ARI, Fabiana Ríos.

Aunque voceros del juzgado electoral afirmaron que "la transparencia de las elecciones está garantizada por los 315 presidentes de mesa y los fiscales", dirigentes partidarios engrosaron ayer las "sospechas de que se cometan acciones fraudulentas orquestadas por el menemismo provincial", como la práctica del denominado "voto cadena", el aluvión de votantes a horas determinadas, y el arribo a la isla de estudiantes que residen en Buenos Aires en aviones charteados por el oficialismo.

La Junta Electoral, que se distingue por su independencia del poder político, dio otro cambio de rumbo el jueves, al habilitar a los ciudadanos que no justificaron el faltazo a las urnas en las presidenciales del 27 de abril, lo que aumenta las chances de los "importados" para sufragar en primera y segunda vuelta.

"Derecho a votar"

El juez electoral, Horacio Maffei, defendió la medida al sostener que "está sujeta a derecho", porque "no se puede impedir el derecho del voto a nadie; es más importante el sufragio que la sanción administrativa prevista para aquellos electores que no justifiquen la no emisión del voto", añadió.

"Me produce dudas que hayan designado autoridad de mesa sólo a quienes se inscribieron. Muchas personas no fueron citadas y nunca habían faltado a una elección", señaló la candidata a vicegobernador del Frente de Acción Fueguina, Liliana Cambas.

Cambas, de extracción justicialista, llamó a las ONG a "prestarse como veedores" y a los fiscales "de todos los partidos a redoblar los esfuerzos para controlar la transparencia".

El candidato a gobernador del Movimiento Popular Fueguino (MPF), Jorge Garramuño, habló de "tufillo" al referirse al clima electoral.

La diputada nacional de ARI, Graciela Ocaña, que cerró la campaña de la fórmula Ríos-Adrián De Antueno, calificó de "muy grave" la situación, porque "los fiscales pueden protestar, pero el que decide es el presidente y no se puede ser juez y parte", aunque tranquilizó a los electores al señalar que "hace falta más que presidentes de mesa para concretar un fraude".

Voluntarios notificados

En el Juzgado Electoral dijeron ayer a LA NACION que "los que se anotaron como voluntarios fueron notificados y son autoridades de mesa si prestaron conformidad y cumplían con los requisitos".

Sin embargo, la vecina Estela Susana Martín afirmó haberse registrado "dos días antes del cierre, había sido autoridad de mesa en las elecciones nacionales, pero no me convocaron".

Los 72.419 fueguinos en condiciones de votar elegirán entre 366 candidatos a las 31 personas que ocuparán los estamentos en juego: el de gobernador y vicegobernador, quince legisladores provinciales, intendente y concejales en Río Grande y Tolhuin.

La fórmula surgirá del ganador entre las ocho presentadas, pero si ninguna de ellas logra la mitad más un voto deberá dirimir la elección en segunda vuelta, el 29 del actual.

Para legisladores se presentaron trece listas, nueve para intendente de Tolhuin y de Río Grande, también nueve listas para concejales de Tolhuin y trece para la ciudad norte de la isla. En Ushuaia, las autoridades municipales se renovarán a fines de septiembre o principios de octubre porque la carta orgánica faculta al intendente a fijar un cronograma electoral independiente.