Gil Lavedra impulsa una reforma integral del sistema judicial

En los próximos días, el Ministerio de Justicia le propondrá a la Corte Suprema de Justicia que impulsen, de manera conjunta, un proyecto integral de reforma judicial.

Notificaciones por e-mail y firma electrónica para tramitar expedientes judiciales en la Red; modernización del sistema penal, para acercarlo al modelo europeo; un programa de incentivos para premiar la eficacia y transformación de la estructura burocrática de los juzgados, que todavía responde a parámetros trazados en el siglo XIX, son algunas de las muchas transformaciones que se propone llevar adelante la cartera que dirige Gil Lavedra.

Durante las últimas dos décadas, la credibilidad de la Justicia cayó en forma continua, hasta ocupar uno de los últimos lugares en todas las encuestas.A raíz de ello se diseñaron numerosos proyectos, que nunca se plasmaron en modificaciones concretas.

Por eso, el titular de la cartera, Ricardo Gil Lavedra, comenzó a trabajar en un programa para transformar el funcionamiento de los tribunales y, hace pocas semanas, incorporó a su staff a Germán Garavano, que era titular del Foro de Estudios para la Administración de Justicia, una de las entidades que más profundizaron los estudios en este campo.

Apenas finalice la feria invernal, Gil Lavedra se reunirá con los ministros de la Corte para que el alto tribunal participe en el proceso y se tomen en cuenta las recomendaciones de los ministros del alto tribunal.

El poder de la Corte

En esa cartera se sabe que los jueces integran un poder particularmente sensible a las reformas, especialmente cuando son propuestas por otro poder del Estado.

Por eso, la invitación que cursará Justicia a la Corte, para que en forma conjunta impulsen el programa de reformas, parece ser un camino más seguro que intentar transitarlo unilateralmente.

Al mismo tiempo, Justicia dará una señal: el diálogo directo lo mantendrá con la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial, y no con el Consejo de la Magistratura, si bien participará a éste de la convocatoria, pues desde la reforma constitucional de 1994 este organismo tiene injerencia en la administración de la Justicia, además de participar en los procesos de nombramiento y remoción de jueces.

En los próximos días, Justicia también invitará a los colegios de abogados, asociaciones de magistrados y entidades del sector a efectuar las propuestas que crean convenientes. El programa será abierto a otras propuestas, aunque su ejecución no se frenará a esperarlas.

Las líneas básicas

El programa de reforma está formado, básicamente, por seis módulos:

• Facilitar el acceso a la Justicia: un programa que incluye la creación de un Centro de Asistencia al Ciudadano, que les dará a las personas que concurren a los tribunales una atención primaria. Asimismo, se ejercerá un control de los distintos consultorios jurídicos gratuitos.
• Reforma administrativa: se buscará establecer un nuevo mecanismo de gestión y asignación de los recursos humanos, lo que permitirá un reordenamiento del gasto presupuestario, para hacerlo más eficiente.En la actualidad, las partidas que se aplican a pagar los sueldos de los jueces y empleados equivalen al 86 por ciento del presupuesto judicial (que en el nivel federal es cercano a los 600 millones de dólares).
• Infraestructura: se abandonó el proyecto de construir la Ciudad Judicial.Y si bien se piensa en introducir tecnología, la posibilidad de hacer dependerá de dos factores.

Primero, de las posibilidades presupuestarias y, segundo, del rediseño de los juzgados, pues no tiene sentido introducir modificaciones antes de transformar las unidades (tribunales) que las utilizarán.

• Gestión jurisdiccional: ya comenzaron los trabajos para llevar adelante una prueba piloto en doce juzgados federales de todo el país -uno en Chaco, otro en Mar del Plata y los demás en la ciudad de Buenos Aires-, conforme a un programa del Banco Mundial.

En dos juzgados comerciales se está probando la experiencia de cursar las notificaciones de las resoluciones por medio del e-mail, en lugar de enviar un oficial notificador. Esto redundará en una mayor celeridad.

En tanto, dos juzgados civiles serán el terreno para probar la aplicación de mecanismos de calidad total, para mejorar la eficiencia de la gestión de expedientes.

• Capacitación: educación de los operadores del sistema judicial.
• Reformas al sistema jurídico: ésta es, quizá, la parte más difícil de concretar, pues requiere de la elaboración de proyectos de ley que deben ser aprobados por el Congreso nacional.

Entre otros proyectos de reforma, se planea introducir profundas modificaciones en el sistema procesal penal, tal como anticipó La Nación hace dos meses, para actualizarlo y darles más protagonismo a los fiscales.

También se piensa en la sanción de una ley orgánica para elPoder Judicial que asigne a la Corte y al Consejo mayores atribuciones que las que tiene actualmente para poder reformar la anquilosada organización burocrática de los juzgados y de las oficinas judiciales.