Guerra por el río Atuel: venció el plazo de la Corte por el caudal y creen que lo fijará a favor de La Pampa

"Cuando el río suena, agua lleva", reza el viejo refrán...Y las cartas ya están echadas, en medio de pelea entre Mendoza y La Pampa por el preciado recurso: habrá un ganador y un perdedor en esta historia arrastrada desde hace más de 70 años. Así las cosas, ambas provincias, sin haber llegado a un acuerdo, tendrán que esperar a lo que decida el máximo tribunal nacional sobre el caudal mínimo fluvioecológico que deberá existir de ahora en más en el río Atuel para recomponer el ecosistema. Todo indica que el resultado final estará más cerca del reclamo vecino, pero para eso habrá que esperar a nuevos estudios técnicos.

Las posturas de ambos lados son claras, pero muy diferentes: Mendoza propone 1,3 metros cúbicos fijo por segundo, mientras que La Pampa, un mínimo de 4,5 m3/seg.

LA NACION consultó a varias fuentes del caso y consideraron que los jueces supremos se inclinarán más por una cifra cercana al reclamo de los vecinos pampeanos, quienes centralizaron la demanda en el daño medioambiental, lo que les significó una primera victoria en diciembre, cuando la Corte ordenó la búsqueda de un acuerdo interprovincial del nivel de escorrentía del río para recomponer el ecosistema.

De esta manera, la Corte, al desconocer la temática hídrica, pediría una opinión autorizada a organismos competentes en la temática para fijar finalmente el caudal, que superaría los 3 metros cúbicos por segundo. Así las cosas, todo apunta a que el número técnico final lo elabore el Instituto Nacional del Agua (INA), dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas.

"Lo que ofrece Mendoza es muy poco. Por eso, se espera que la Corte haga el pedido formal a los especialistas. El caudal final que se fije será más cercano a lo que pide La Pampa", reconocieron desde el gobierno nacional.

En tanto, aún con la decisión de los magistrados, los especialistas consideran que se hace necesaria la realización de obras para apuntalar el manejo eficiente del vital recurso y evitar nuevas pujas entre las poblaciones vecinas.

Mientras, la realidad es contundente. Según datos a los que accedió este diario, en tiempo real, de acuerdo a las modernas estaciones de medición que dispuso la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en el límite de ambas provincias, el agua ingresa a La Pampa en forma de hilo. Literalmente hoy el río está seco. En el Puente Los Vinchuqueros, del lado pampeano, no se evidencia caudal y la altura apenas rasguña los cinco centímetros. El 31 de enero es el último día que pudo registrarse una marca: 0,10 metros cúbicos por segundo.

En diálogo con LA NACION, el ministro de Gobierno de Mendoza, Dalmiro Garay, admitió que la situación es compleja, que deberán esperar a lo que fije la Corte y alertó de un posible escenario si la decisión judicial no contempla la infraestructura hídrica. “Al no haber acuerdo, cada parte se libera, y es posible ahora que la Corte pida fijar un caudal a un organismo especializado, una opinión autorizada. Pero, la discusión no es sólo eso: hay que ver cuándo hay que llegar a lo que se disponga y de qué manera", indicó el funcionario, y agregó: "Hoy, podemos entregar 1,3 m3/seg, pero según nuestros estudios se puede llegar hasta 3m3/seg por lo que hay que monitorear y ver qué se necesita. Sin embargo en este escenario, sin obras, Mendoza dejaría secas 3.000 hectáreas. Sin obras es un problema, habrá un nuevo conflicto social”, alertó el funcionario.

Por su lado, los productores de General Alvear y San Rafael, en el sur mendocinos no dejan de mostrar preocupación y tienen en su haber varias movilizaciones en defensa del agua. Es más, consideran que actualmente no hay recurso para compartir, ya que no logran irrigar todo lo que necesitan. Insisten en otra realidad: la emergencia hídrica en la que se encuentra Mendoza desde hace casi una década.

Tras una primera demanda pampeana, a fines de los años 80, la Corte dispuso la “interprovincialidad” del río Atuel pero le otorgó a Mendoza el derecho a riego de 75.000 hectáreas y la intimó a concretar obras para hacer más eficiente esa tarea, como trabajos de impermeabilización, conducción y ejecución de canales marginales. Así, el agua excedente obligaría a negociar y realizar “convenios interprovinciales”. Sin embargo, no se logró avanzar, por lo que hace un par de años comenzaron a surgir denuncias enfocadas en el daño ambiental, lo que empezó a preocupar al Gobierno mendocino.

“La Corte en el fallo de 1987 dejó en claro que cuando Mendoza termine de regar, el excedente empiece a compartirlo, pero, hoy, el agua alcanza para 50.000 hectáreas. Mendoza lleva invertidos 100 millones de dólares en canales de riego, sobre todo para revertir con obras años hídrico malos. Luego aparecieron las demandas centradas en la cuestión ambiental y de recomposición del ecosistema”, indicó Garay, quien explicó que si el agua hoy no ingresa a la vecina provincia no es por "cortes" que hace Mendoza sino por el bajo nivel en esta época y la evaporación que se da en el camino. El funcionario asegura que durante el año el caudal suele superar los 6 metros cúbicos por segundo, lo que termina perjudicando a la zona pampeana, ya que no cuenta con obras de canalización.

Por su parte, en el Gobierno que comanda el justicialista Carlos Verna, quien dejó plantado a comienzo de mes al radical mendocino Alfredo Cornejo en la última reunión para intentar una salida política, consideran "irrisoria y vergonzosa" la propuesta cuyana y se encargan de rebatirle los argumentos. “El sistema de riego mendocino es ineficiente y arcaico. Si esto cambiara, podrían regar unas 130.000 hectáreas, ya cumpliendo con la escorrentía permanente hacia La Pampa. Por eso, nuestra pelea ahora es por un caudal mínimo de 4,5 para la existencia misma del río”, señaló Leandro Altolaguirre, intendente de Santa Rosa, miembro directivo de la asociación civil ambientalista Alihuén y secretario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.

Ante el inminente desenlace, Mendoza busca que se realicen trabajos en el río Diamante, un embalse en La Puntilla y el trasvase del río Grande al Atuel, esta última opción rechazada por La Pampa. Se trataría de trabajos que demorarían unos 4 años, por lo que los funcionarios de la tierra del sol y del buen vino ven viables obras de impermeabilización de canales del lado mendocino para optimizar el riego, las cuales podrían realizarse en un año.

“No hacen nada para mejorar la eficiencia. Mendoza está jugando a tirarla para adelante y no hace nada para compartir el agua. Desde hace 70 años nos han robado el río. Es más, en sus estudios tomaron los valores más extremos (no todos) de la serie de caudales y con eso hicieron la propuesta. Lo hicieron a propósito”, se quejó el ingeniero Néstor Lastiri, representante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, quien ocupa un lugar en la mesa de discusión. “No consideran las variables ambientales para reconstruir el ecosistema en La Pampa, como dice el último fallo”, concluyó.

Por eso, será el máximo órgano de Justicia del país el que pondrá un número y punto final a esta historia para que, paradójicamente, deje de escurrirse como agua entre los dedos.