Hace más de seis años que el Congreso no designa a un defensor del pueblo

Desde hace más de seis años que el Congreso tiene una deuda con la sociedad y con la Constitución Nacional, ya que no designa a un defensor del pueblo desde que Eduardo Mondino renunció al cargo, en abril de 2009, para convertirse en candidato opositor al kirchnerismo.

La situación institucional es más grave aún si se toma en cuenta que la Defensoría del Pueblo se encuentra en virtual estado de acefalía desde diciembre de 2013, cuando caducó el mandato de Anselmo Sella, defensor adjunto.

Desde entonces, está a cargo de Carlos Haquim, secretario general del organismo, que cumple por resolución de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo con "las atribuciones propias establecidas en la ley". Es una fórmula ambigua que no termina de legitimar al funcionario para cumplir a pleno con su tarea.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que la Defensoría del Pueblo, creada por la Constitución de 1994, tiene la facultad de representar intereses colectivos de la sociedad, como lo hizo con el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Así, su acefalía le ha impedido convertirse en actor en la causa por la tragedia ferroviaria de Once, por citar un ejemplo.

La comisión bicameral, que debe proponer a un candidato, el cual luego debe ser aprobado por mayoría de dos tercios de los presentes en cada cámara, se ha reunido, pero tanto el oficialismo como la oposición siguen sin resolver la salida de Mondino.

¿Que pasó? La UCR rechazó un sondeo del Gobierno para designar defensor del pueblo a Juan Manuel Abal Medina, que acababa por entonces de dejar la Jefatura de Gabinete. Esto enojó al kirchnerismo, que se vio impedido de alcanzar los dos tercios para avanzar con su candidato, y así fue como nunca más volvió a proponer a otro.

"Lo que está ocurriendo es grave", se quejó la senadora Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba), representante de la oposición en la Comisión Bicameral.

La diputada oficialista Diana Conti (FPV-Buenos Aires) admitió que el tema quedó empantanado luego de que la UCR no aceptó apoyar a Abal Medina, pero negó que la Defensoría se encuentre paralizada. "El secretario general tiene un dictamen nuestro que lo autoriza a seguir administrando, pero también a realizar funciones como tramitar quejas o hacer presentaciones ante la Justicia", explicó.

Sin embargo, las estadísticas parecen rebatir a la diputada oficialista. Según un informe elaborado por Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entre 2005 y 2009, la Defensoría tramitó 53 causas, pero la cifra se redujo a tan sólo tres expedientes durante el tiempo que el organismo estuvo a cargo del adjunto (2009-2013).

Además del enojo de la Casa Rosada por el desplante a su candidato, Conti elaboró otra teoría para explicar la demora en normalizar la situación. "Acá surgieron al menos dos actores políticos, Pro y el peronismo disidente, a la hora de consensuar un nombre, y eso influye; ya no se trata más de peronistas y radicales", aseguró.

Sin embargo, Morandini no compartió esa lectura. De hecho, denunció que tanto peronistas como radicales siguen repartiéndose cargos a expensas del funcionamiento de las instituciones. Citó como ejemplo la última reunión de la bicameral de la Defensoría del Pueblo, hace dos semanas, para designar a los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

En lo que sí coincidieron Conti y Morandini es en que la situación no encontrará solución con Cristina Kirchner al frente de la presidencia. "Habrá que esperar al próximo gobierno", se lamentó la senadora cordobesa. Coincidió Conti.