Colegio de Abogados de la Capital. Hallan pistas sobre las amenazas a abogados
Se habrían hecho desde una cárcel
Las amenazas de muerte que recibió la semana pasada Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, provinieron de una computadora del Pabellón Uno de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires y de un teléfono de una cárcel de la provincia de Córdoba, según información que maneja la Justicia.
Los datos fueron acercados al juez correccional porteño Francisco Ponte por el propio Colegio de Abogados, según afirmó a LA NACION una fuente de la causa. La institución se valió de un programa informático que permite detectar el IP (número identificatorio) de la computadora desde la que se envía un correo electrónico.
Las llamadas telefónicas no las recibió Rizzo, sino otro de los directivos del colegio. En el caso del presidente del colegio, las amenazas se hicieron vía e-mail. En uno de ellos se amenazó de muerte a su familia.
Rizzo llegó a la presidencia del colegio al frente de un grupo de abogados que se unieron para luchar contra la Caja de Seguridad Social para Abogados de Buenos Aires (Cassaba), organismo creado en 2004 que obliga a todos los letrados porteños a hacer aportes previsionales.
Contra todos los pronósticos, Rizzo ganó las elecciones del 25 de abril último y desde principios del actual preside la agrupación de abogados más grande del país.
Consultado por LA NACION en el momento de las amenazas, el dirigente atribuyó las intimidaciones a disputas políticas. "Me quieren hacer pensar en otra cosa para que no pueda hacer gestión", sostuvo.
"No tenemos miedo. Normalmente el que amenaza no hace nada, pero a uno le molesta -agregó-. Al presidente del Tribunal de Disciplina, Ernesto Halabi, le dijeron que el hijo había tenido un accidente. Se están metiendo con nuestras familias, como los peores mafiosos."
La disputa interna del colegio, que gira en torno de la composición del tribunal de disciplina, enfrenta a Rizzo con los dirigentes a los que derrotó en los comicios: Guillermo Borda, Gustavo Bossert y Ricardo Nissen. Ayer, Juan Carlos Pratesi, un dirigente cercano a Borda, reclamó ante la Justicia la nulidad del acto por el que Rizzo impuso sus autoridades en el organismo disciplinario.
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