Harán "subastas inmediatas" con los bienes expropiados de la corrupción

Decidido a avanzar con la extinción de dominio-haya o no una ley y hasta tanto el DNUmantenga vigencia-, en el Gobierno estudian cómo avanzar con la expropiación de los bienes de la corrupción y el narcotráfico. En las reuniones de los últimos días se impuso la idea de la "subasta inmediata" de los activos que ingresen al Estado, para evitar gastos operativos y poder reinvertir los fondos.

El Poder Ejecutivo le envió ayer a la Comisión Bicameral Permanente de Tratamiento Legislativo el DNU de extinción de dominio. Se espera que en las próximas horas, el titular de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, defina cuándo se reunirán a tratarlo. Puede hacerlo en cualquier momento, porque la comisión es permanente. Mientras, en Casa Rosada evalúan si finalmente llaman, o no, a sesiones extraordinarias en febrero para tratar los proyectos de seguridad y Justicia que habían sido anunciados.

El DNU de extinción de dominio que emitió el Poder Ejecutivo determinó que, una vez que un juez civil lo ordene, "la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles expropiados" a las personas procesadas por la Justicia quedarán dentro de la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de la Jefatura de Gabinete. La norma también menciona la posibilidad de subastar los bienes y coteja la posibilidad de una "venta anticipada" de los activos.

Quienes trabajan en la letra chica del decreto reglamentario, para aplicar lo antes posible el DNU, quieren introducir el concepto de "subasta inmediata" de los bienes para evitar su deterioro y los gastos innecesarios por los depósitos, la custodia y los seguros que implicaría la custodia de los activos. La AABE advirtió en los últimos días en la Casa Rosada que no tiene la estructura ni el aparato burocrático necesario para hacer frente a esas erogaciones.

"Queremos trabajar con reglas claras y que la administración de los bienes no sea un despropósito. Estamos trabajando en una reglamentación de subasta inmediata para mantener el valor de los activos que se vayan a expropiar y evitar su ruina", señaló el titular de la AABE, Ramón Lanús, a LA NACION. El funcionario se reunió el lunes con Mauricio Macri y el martes con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso , para estudiar los pasos a seguir.

Consultado sobre cómo retribuirían los bienes a sus dueños originales, en caso de que sean sobreseídos en la causa penal, desde la AABE señalaron que estudian la creación de un "fondo de garantía" que resguarde un porcentaje de los fondos producto de cada subasta, de forma de poder a hacer frente a eventuales reintegros.

Actualmente en el Gobierno estudian los modelos de Colombia, México e Italia, que se hizo de los activos del Mani Pulite. El concepto de "subasta inmediata" proviene del ejemplo colombiano. Por caso, los vehículos expropiados, que se arrumban en depósitos de las fuerzas de seguridad, podrían depreciarse si esperan una sentencia firme de una causa penal para volver a ser utilizados.

Mientras el Gobierno afina el lápiz para redactar un decreto reglamentario de la extinción de dominio, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, estudia las causas de corrupción contra el kirchnerismo en las que interviene, donde hay bienes cautelados, para dar el primer paso cuando termine la feria judicial.

"Es importante una subasta que no demore más de 30 o 60 días. Y que el dinero tenga un destino útil para el Estado, como una obra pública o un fin social", confirmó Alonso a LA NACION.

Aún resta que la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, cree la Procuraduría de Extinción de Dominio. El Ministerio de Justicia ya elevó el pedido al Ministerio Público Fiscal, para que acelere los trámites cuando termine la feria judicial.

Antecedentes

Hasta ahora, los bienes decomisados en casos de corrupción y narcotráfico quedaban bajo la cautela de la Corte Suprema. Solo en casos puntuales, la Justicia los destinó al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Seguridad.

La AABE no tiene demasiados antecedentes con bienes incautados en causas penales. Los recibió en dos oportunidades. La primera, en una causa por narcotráfico de una banda que operaba en la Triple Frontera. La UIF le entregó a la agencia una estancia, un hotel alojamiento y una whiskería ubicados en la provincia de Corrientes. También le encontraron a la misma banda una "escuela narco" en Misiones, que fue transferida al obispado de esa provincia.

El segundo caso tiene que ver con la corrupción kirchnerista. El juez federal Julián Ercolini le entregó a la AABE la guarda judicial sobre 46 vehículos de los procesados en la causa de vialidad, entre ellos, un Honda CVR de Cristina Kirchner y autos de Julio De Vido y Lázaro Báez. Pero una acordada de la Corte Suprema frenó el pase al Poder Ejecutivo, y los bienes quedaron en un limbo. En el Gobierno esperan que la aplicación del DNU destrabe esa situación.