Hebe de Bonafini, complicada por un contrato

La Justicia investiga el vínculo con Meldorek; la titular de las Madres fue amenazada de muerte
Hernán Cappiello
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3 de agosto de 2011  

La Justicia encontró un contrato firmado por la presidenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, junto con el director de la empresa constructora Meldorek, que pertenece a Sergio Schoklender, para construir viviendas sociales.

Pero como las casas las hacía la Fundación, la Justicia sospecha que se trata de un documento que sirve para desviar los fondos que el Gobierno les daba a las Madres y que terminaran en las manos de Schoklender, dijeron ayer fuentes judiciales a LA NACION.

Mientras ayer el expediente avanzaba en esa dirección, anoche llamadas anónimas alertaron sobre la colocación de una bomba en la sede de la ex ESMA y advirtieron que iban a volar a la presidenta de la asociación, Hebe de Bonafini.

Las amenazas fueron confirmadas a LA NACION por voceros de las Madres y por fuentes oficiales, que señalaron que fue desalojado y revisado el edificio de la ex ESMA. La brigada antibombas halló allí un paquete azul con semillas que decía "Para Hebe".

Bonafini se había retirado dos horas antes del lugar donde había realizado su taller denominado "Cocinando política". En la sede de Madres recibió luego dos llamadas donde alertaban que la iban a volar junto con "los trotskis" que la acompañaban, según la llamada.

Ayer, el fiscal Jorge Di Lello le comunicó al juez Norberto Oyarbide sus hallazgos y los de la unidad especializada en lavado de dinero que comanda el fiscal Raúl Pleé.

Esas investigaciones determinaron que Alejandro Gotkin, presidente de Meldorek, se presentó en un banco para abrir una cuenta para la empresa y puso como garantía de que iban a tener un importante movimiento económico el contrato que él mismo había suscripto -en representación de Meldorek- con Bonafini, en representación de las Madres.

Ese documento fue analizado por la Unidad de Investigación Financiera, que se dedica a analizar casos de lavado de dinero. Descubrieron que Meldorek poco podía construir, porque en la Anses sólo había registrado a ocho empleados. En realidad la que estaba en condiciones de hacerlo era la propia Fundación, que tenía unos 5000 empleados anotados en la Anses.

Luego, la UIF relevó la información sobre los paneles usados para las viviendas sociales y advirtió que las maquinarias para construirlos habían sido importadas de Italia supuestamente por la Fundación. Era la Fundación la que tenía una fábrica de paneles en Barracas para proveer a las obras que ellas mismas realizaban.

Con estos elementos, Di Lello le pidió a Oyarbide que verifique en la Aduana quién importó las maquinarias, si lo hizo la Fundación y si recibió algún beneficio fiscal como organización sin fines de lucro.

El fiscal Pleé viene investigando los movimientos de las cuentas de Meldorek y de la empresa Antártica, también dirigida por Gotkin y que fue usada por Schoklender para comprar un country privado en José C. Paz. Además se encontró una cuenta millonaria de Gotkin, según informó al juzgado el Banco Central. Producto de esas investigaciones, dijeron fuentes judiciales, es que se sospecha que Meldorek y Antártica eran empresas de papel por donde se canalizaron fondos que recibían las Madres.

Por lo pronto, la semana próxima Schoklender volverá a tribunales para abrir en su presencia las ocho cajas con documentos que aportó al juzgado.

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