IGJ: polémico "premio" a una funcionaria

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Rodolfo Tailhade, premió con medio millón de pesos a la funcionaria que pasó a ocupar el puesto clave en ese organismo, que se encontraba vacante desde que su titular fue desplazada por negarse a convalidar el "cepo" informativo por el llamado caso Ciccone, que también incluyó el robo o pérdida de los legajos de The Old Fund, de la ex imprenta Ciccone Calcográfica y de la firma London Supply.

La designación recayó en Susana Graciela Junqueira, quien asumió al frente de la Dirección del Registro Nacional de Sociedades, tras un proceso que se plasmó en el expediente administrativo S04:0057251/2012, plagado de supuestas irregularidades y que ya derivó en la radicación de una denuncia penal por la presunta comisión de cinco delitos.

Junqueira quedó como directora de manera retroactiva al 1° de noviembre de 2012, aún cuando por entonces se desempeñaba como jefa del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales. Es decir que pasó a ocupar dos cargos y, además, cobró de manera retroactiva un segundo salario en la función pública, algo que está prohibido por ley.

Sin embargo, la orden de pago siguió adelante, por cerca de medio millón de pesos, hasta contar con el visto bueno del Ministerio de Economía, lo que así quedó plasmado en el decreto de designación 1430/2013 que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en septiembre pasado.

El expediente administrativo incluye, de todos modos, otras presuntas irregularidades, según consta en la copia de esas actuaciones que obtuvo LA NACION.

Como parte de ese proceso, por ejemplo, Junqueira debió firmar una declaración jurada en la que afirmó que su eventual designación no vulneraba la ley marco de Regulación del Empleo Público, aún cuando la incumple, ya que supera la edad prevista en la ley previsional para acceder a la jubilación.

Por ese mismo motivo, Junqueira obvió someterse a un nuevo análisis de aptitud psicofísica. Por el contrario, presentó un certificado fechado en 1979, es decir, de hace 34 años, cuando accedió por primera vez a la administración pública.

Sin embargo, no fueron las únicas inconsistencias. Junqueira también juró que no se encontraba en ninguna de las incompatibilidades previstas por el decreto 8566/61, que establece el régimen para acumulación de cargos y funciones en la administración pública. Pero en ese momento -y durante los meses subsiguientes- continuó como jefa del Departamento de Denuncias.

Más irregularidades

Junqueira no fue la única funcionaria en esa situación. Algo similar ocurrió con el flamante director de Entidades Civiles de la IGJ, Gerardo Ganly, quien también asumió en el cargo de manera retroactiva y, por tanto, con doble cargo y doble salario. En su caso, con un certificado de reincidencia vencido y otro de aptitud física con dos años de antigüedad. Pero las irregularidades no terminan aquí, ya que estos no son los únicos casos llamativos.

A las de Junqueira y Ganly se suman otras designaciones transitorias en la Inspección General de Justicia que resultan polémicas. Entre otras, las de Ariel Fernández Lang, nombrado como asesor en el organismo, aún cuando se desempeña en el Ministerio de Economía desde fines de 2012, y de María Cecilia García, también designada como asesora, aunque es la interventora de la empresa Intercargo desde marzo pasado.

Fernández Lang era, hasta que se marchó al Palacio de Hacienda, el único inspector de la IGJ en el que las autoridades del organismo delegaban los legajos societarios "sensibles", según reveló el ex inspector legal, Fernando Scanavino. Entre otros, los vinculados al caso Ciccone, Sergio Schoklender o la línea de Hebe de Bonafini de Madres de Plaza de Mayo.

Ahora, tanto Fernández Lang como García se beneficiaron con el decreto 1637 que firmó el vicepresidente Amado Boudou el 29 de octubre pasado, ya al frente del Poder Ejecutivo, en reemplazo interino de la Presidenta luego de su operación por un hematoma craneal.

Sin embargo, las designaciones de Junqueira, Ganly, Fernández Lang y García terminaron en una denuncia penal que radicó la ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa, falsificación de instrumento público y usurpación de funciones, entre otros.

La causa recayó en el juzgado del juez federal Luis Rodríguez y el fiscal del fuero, Ramiro González, quienes deberán evaluar ahora si inician una investigación, que también podría alcanzar al ministro de Justicia, Julio Alak, como responsable máximo de la IGJ, donde sigue el cepo a la información sobre casos considerados "sensibles" para el poder político.