Impidieron la salida y el reparto de LA NACION

Por un bloqueo gremial, ayer no se pudieron distribuir los diarios
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20 de agosto de 2012  

Anteanoche, un grave bloqueo a la planta impresora de LA NACION impidió la salida y la distribución de los ejemplares del diario de ayer. El bloqueo formó parte de la medida de fuerza que desde el viernes por la noche llevan adelante el Sindicato de Vendedores de Diarios de Buenos Aires (Sivendia) y la Sociedad de Distribuidores de Diarios, Revistas y Afines (Sddra), y que afecta a todos los diarios que se editan en la Capital Federal.

El reclamo gremial ya había obligado a LA NACION a llegar a sus lectores, el sábado, con una edición de emergencia y sin sus suplementos habituales (algunos de ellos fueron distribuidos el viernes y otros, hoy). Pero anteanoche, la situación se agravó, ya que se impidió directamente la salida de los diarios desde la planta de la calle Zepita, en el barrio porteño de Barracas.

Alrededor de las 21 de anteayer, un centenar de manifestantes, identificados con colores y pancartas del Sivendia, se instaló delante de los dos portones de acceso al edificio y, con palos y pallets, no permitió la entrada ni la salida de personas y vehículos. El año pasado, ante una situación similar, la Justicia había dispuesto, a través del Juzgado Civil N° 64, una medida cautelar que disponía expresamente que ninguna persona o agrupación puede impedir el libre acceso y egreso de la planta de particulares y camiones, con o sin diarios.

Esta medida se ajustaba a lo establecido por la Constitución nacional sobre las garantías y derechos de ejercicio libre de la industria y del comercio, además del derecho a la libre circulación y a la libertad de expresión, de información y de prensa, entre otros. La medida cautelar fue notificada en aquel momento al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Cuando se confirmó la huelga, LA NACION notificó a Sivendia y a Sddra de la vigencia de esa disposición judicial y los instó a permitir y garantizar la libre entrada y salida de la planta.

Como de todos modos el bloqueo se llevó adelante, se informó de la situación a los fiscales de turno, al comisario policial de la zona y al prefecto asignado por el Ministerio de Seguridad.

Todos los recaudos

Es decir, todos los recaudos legales fueron tomados: medida cautelar firme y consentida emanada de un juez de la Nación, notificaciones al Ministerio de Seguridad, notificaciones a los involucrados en el paro y notificación a la Policía Federal y a la Prefectura.

Sin embargo, mientras duró el bloqueo, la desprotección y la inacción por parte de las autoridades fue casi completa.

Durante el viernes y el sábado hubo contacto permanente con el prefecto Juan Pedro Schumacher, con el comisario de la Policía Federal Orlando Ojeda y con el subcomisario Claudio Rojas.

Además, LA NACION presentó, desde las 22 del sábado y hasta las 4 de la mañana del domingo, varias denuncias en el Ministerio Público a través de la línea 0800 especialmente creada para denunciar este tipo de hechos.

Durante toda la noche se insistió ante las autoridades de Seguridad para que se comunicaran con la fiscalía, a cargo de los doctores Juan Rozas y Walter López, con el objetivo de que éstos se presentaran en el lugar del conflicto, constataran los delitos que estaban ocurriendo y le pidieran al juez las medidas necesarias para hacerlos cesar y sancionar a los responsables, permitiendo la salida de los vehículos.

La inacción policial

Pero las respuestas evasivas de los funcionarios policiales fueron constantes, incluso cuando se denunció el delito de secuestro y de retención indebida de personas, ya que en un momento ni siquiera podían salir particulares en vehículos sin diarios.

Tampoco actuaron cuando se les hizo notar que los manifestantes habían cruzado postes de luz delante de la puerta de Zepita.

La fiscalía, que al principio habría ordenado a las fuerzas de seguridad hacer cumplir la medida cautelar dictada el año pasado, cosa que nunca ocurrió, después indicó que sólo se instruyera una denuncia contravencional, aunque la situación involucraba graves delitos federales.

A las 6.30 de la mañana, la Policía Federal informó a las autoridades de LA NACION que podían acercarse a la comisaría para formalizar la denuncia por contravención.

Una hora y media antes, un delegado gremial había comunicado que los canillitas sólo permitirían la salida de dos camionetas cada dos horas, sin diarios y previo registro de la carga en la vía pública. Este gravísimo hecho también fue denunciado por LA NACION al comisario Ojeda.

Todos estos episodios están constatados por un escribano público, con dichos, hechos y fotografías.

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