Impulsa Kirchner penas atenuadas para los menores

Baja la edad de imputabilidad a los 14 años, pero con montos distintos que para los mayores
Laura Serra
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25 de abril de 2004  

El Poder Ejecutivo, en una de las iniciativas más conflictivas del nuevo plan de seguridad, impulsa un régimen penal especial para los menores de edad que son delincuentes. El texto, al que tuvo acceso LA NACION, si bien propone bajar de 16 a 14 la edad mínima de imputabilidad penal, rechaza que a un menor se le aplique la misma pena que le correspondería a un adulto por idéntico delito. La cuestión de la imputabilidad penal de los menores divide en estos momentos de manera transversal tanto a los bloques del PJ como al de la UCR en el Congreso.

El borrador que impulsa el presidente Néstor Kirchner propone un régimen gradual de castigos, que abarca desde la simple amonestación hasta la privación de libertad en centros especializados, siempre con penas atenuadas.

Un caso hipotético permite entender de qué se trata el proyecto: Martín G. tiene 15 años y es apresado por violación. Según el régimen en vigor, ese adolescente podría ser liberado o bien recluido, sin pena efectiva, en un instituto de menores, de acuerdo con lo que disponga el juez. Según el proyecto del Poder Ejecutivo ese menor sería privado de su libertad porque cometió un delito cuya pena supera el mínimo de cinco años (según el artículo 115 del Código Penal, la violación es castigada con penas de seis a quince años de prisión). De todas maneras, a diferencia de un adulto que cometa el mismo delito, Martín no podría permanecer allí más de 5 años, en virtud del régimen atenuado de penas que se propone.

El Congreso intentó en innumerables ocasiones reformar el régimen actual, pero no hubo éxito. La discusión es la misma: hay voces que insisten en que a partir de los 14 años los adolescentes tienen plena conciencia de sus actos (y por lo tanto, del delito que cometan), por lo que deberían ser castigados como adultos. Desde otra perspectiva, hay quienes sostienen que a un chico delincuente debe aplicársele un régimen penal especial (justamente por su condición de menor) y que las sanciones deben tener contenido socioeducativo, con el propósito de evitar la reiteración de las conductas delictivas.

Dentro de esta última premisa se inscribe la iniciativa del Poder Ejecutivo. La cuestión comenzará a discutirse pasado mañana en el Senado, con la participación del viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortiz de Rozas.

La propuesta oficial, a la cual tuvo acceso LA NACION, puede resumirse en los siguientes puntos:

  • Dispone un régimen penal que toma los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás acuerdos internacionales.
  • Alcanza a los menores de entre 14 y 18 años y abarca la comisión de delitos tipificados en el Código Penal, excluyendo las contravenciones.
  • Se introducen todos los principios y garantías del procedimiento penal de mayores. Hoy este derecho no rige para los menores de entre 14 y 16 años, regidos bajo la ley Agote, que permite al juez actuar a su discreción.
  • Se incorporan sanciones privativas y no privativas de la libertad (de las que se informa en la infografía).
  • Dispone un régimen atenuado de penas: para los menores de 14 y 15 años, la detención se producirá si el delito tiene una pena mínima de 5 años; no podrá extenderse por más de 5 años. Los jóvenes de 16 y 17 años podrán ser privados de libertad si cometen un delito con una pena mínima de dos años y medio; la detención no podrá superar los 9 años. Las sanciones se revisarán cada 3 meses.
  • El menor detenido tendrá el derecho de continuar sus estudios o recibir capacitación laboral.
  • Debate legislativo

    "Ministro: yo no estoy de acuerdo con que se baje la edad de imputabilidad", sostuvo la diputada Silvia Martínez (PJ-Buenos Aires) frente al propio Gustavo Beliz, ministro de Justicia, el miércoles último en la Cámara baja. La legisladora, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, es tajante: antes que discutir la edad de impunibilidad, debería aprobarse un régimen de protección del niño y del adolescente, como también el respeto de las garantías procesales para los menores delincuentes de entre 16 y 18 años.

    Al escucharla, Mirta Pérez (Frepobo-Buenos Aires) se retiró indignada. Al igual que el senador Miguel Pichetto (PJ-Río Negro), considera que los menores que delinquen deben ser castigados como un adulto, porque su discernimiento entre el bien y el mal es como el de un mayor.

    "Creo que liberar a la comunidad del peligro que representa un menor inimputable, pero capaz de empuñar un arma de fuego, de violar, de robar y de asesinar, es de vital importancia", argumenta el senador.

    En las antípodas se ubican la diputada Laura Musa (ARI-Capital) y la senadora María Laura Leguizamón (PJ-Capital), que, con matices, presentaron sendos proyectos en la misma línea que el Poder Ejecutivo.

    "El chico no es un adulto, aunque con su delito cometa el mismo daño -sostiene Musa-. La propuesta del Gobierno, al igual que la mía, eleva en los hechos la edad de impunibilidad a los 18 años, porque sólo a partir de entonces son penados como un adulto."

    Leguizamón cree, desde su experiencia como ex titular del Consejo del Menor bonaerense, en la necesidad de barajar y dar de nuevo. "No subió tanto el número de delitos cometidos por jóvenes, sino sobre todo su nivel de violencia. Las instituciones no cumplen con su objetivo de reeducar al que delinque; por lo contrario, perfecciona su habilidad delictiva. El sistema actual de menores fracasó", afirmó.

    Blumberg

  • Juan Carlos Blumberg reiteró anoche estar de acuerdo con la baja de la edad para la imputación penal de los menores, pero a diferencia del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, cree que los menores delincuentes deben recibir el mismo castigo que los mayores. "Si se demuestra que los padres de esos menores fueron los instigadores del chico, también deberían ser castigados", dijo.
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