Impulsan una reforma estructural

Se prevé eliminar o acotar privilegios y mejorar sistemas de representatividad
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27 de agosto de 2001  

El contenido que tendrá un eventual plebiscito supone reformas extremas en cuanto a estructuras y tradiciones políticas, por lo que en la Casa Rosada son conscientes del ingente desafío que significa sostener esa iniciativa. Y evalúan que, de conseguirlo, permitiría recuperar parte de su desgastado poder.

Lo que se plantea para la consulta popular son aspiraciones que van mucho más allá de los proyectos de reforma política que se vienen impulsando desde hace ocho años, que concentran sus propuestas en el funcionamiento de los partidos políticos y en las campañas electorales.

En cambio, el Gobierno está pretendiendo instalar la idea de que también deben cambiarse las condiciones con las que los políticos se manejan cuando están en el ejercicio de la función pública.

No sólo se estaría planteando, entonces, conseguir transparencia en el financiamiento político y achicar gastos proselitistas, sino reducir estructuras, eliminar o acotar privilegios y mejorar sistemas de representatividad.

La tendencia que comienza a advertirse en el interior del país respecto de la disminución del número de legisladores provinciales está siendo llevada al plano nacional, donde pensar hoy en otra reforma constitucional sería equivalente a confiar en la inmediata pulverización del riesgo país o del desempleo.

Es que de concretarse el plebiscito, cualquier traducción de éste en hechos que representen cambios profundos a nivel nacional sólo podría ser imaginada en el mediano plazo. Diferentes serían algunas realidades provinciales. Valga el ejemplo de Córdoba, donde la Legislatura ya aprobó el proyecto de necesidad de la reforma de su Constitución.

No obstante la interpretación de la coyuntura, conviene puntualizar los principales datos y cifras de lo que se ha dado en denominar el gasto político:

  • En todo el país hay 16.578 funcionarios elegidos en las urnas, según indica un trabajo del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, que dirige el politicólogo Rosendo Fraga. Como esa cifra se refiere a cargos electivos, en ella no entran, por caso, ministros ni secretarios o subsecretarios de Estado.
  • El presupuesto anual de las 24 legislaturas provinciales suma, en total, algo más de $ 750 millones. Están integradas por 1246 parlamentarios (999 diputados y 247 senadores). Sólo nueve de ellas son bicamerales: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Catamarca y Corrientes.
  • El Congreso de la Nación tiene un presupuesto anual de $ 417 millones, sin contar el 13 % de ajuste a los trabajadores que se intenta aplicar. Está integrado por 257 diputados y 72 senadores y el personal rondaría los 10.000 agentes, incluidos los de la biblioteca y la imprenta.
  • Hay 1122 intendentes y 8488 ediles en la Argentina. Este es uno de los ítem a los que apunta el gobierno nacional. El ministro del Interior, Ramón Mestre, ha propuesto a todos los gobernadores, entre otras cosas, modificaciones a los regímenes y organismos municipales. Esto incluye una eventual adecuación de la integración numérica de los concejos deliberantes y de sus presupuestos, de acuerdo con "pautas de sustentabilidad municipal".
  • En la cartera política advierten que numerosas comunas gastan más de su capacidad real de recaudación, por lo que están siendo subvencionadas por los Estados provinciales. Y que no se justifica que muchas localidades con muy poca población tengan concejos deliberantes.

    Más allá de estos datos, cabe aclarar que cuando se habla de costo político es común meter en la misma bolsa gastos más que válidos desde el punto de vista del sostenimiento del sistema democrático. Mal puede cuestionarse un presupuesto institucional. Lo reprochable serían las erogaciones por prebendas o las que no respondan a un criterio racional y equitativo. Y esto no sólo se puede dar en los poderes legislativos, sino también en los ejecutivos.

    Entre las canonjías que parasitan en la función pública suelen contarse gastos reservados, viáticos onerosos, pasajes en exceso, partidas para contratar personal y para otorgar subsidios, becas o pensiones en forma discrecional.

    Por ejemplo, según un informe que hizo elaborar el vicejefe de Gabinete, Armando Caro Figueroa, "el 10 % del gasto total de programas sociales se asigna bajo criterios proselitistas", en todo el país. Esto representaría alrededor de $ 330 millones anuales y está referido a la política social que se aplica desde cuerpos legislativos a nivel nacional, provincial y municipal.

    Justicia y gremios

    Pero entre las áreas del Gobierno que por estas horas analizan el temario de la proyectada consulta popular no sólo se está pensando en reformas políticas sino también judiciales y gremiales.

    En la Casa Rosada se reconoce que en el Poder Judicial no hay lugar para prebendas de aquel tipo, pero ante cada ajuste de las cuentas públicas se cuestiona el principio de intangibilidad de los sueldos de los magistrados (contemplado en la Constitución Nacional) y la consecuente interpretación tribunalicia de que ello supone, además, estar exentos de pagar el impuesto a las ganancias.

    La probable inclusión del tema sindical forma parte de la estrategia oficial de ir acorralando a los dirigentes gremiales, que cada vez endurecen más su posición frente a la administración de Fernando de la Rúa y sus políticas.

    En el Gobierno convienen en la iniciativa de democratizar los gremios, para que haya representación de las minorías en sus conducciones, y en que se supervisen y transparenten sus administraciones, en muchas de las cuales, asumen, habría tantas o más irregularidades que en el sector público.

    Un informe elaborado por la Unidad Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo ha concluido que sólo el 14 por ciento de los recursos sindicales termina como beneficio directo de los afiliados. El resto lo estarían insumiendo, en no pocos casos, burocracias y administraciones ineficientes y prebendarias.

    Cifras bajo la lupa

  • 16.578

    Funcionarios electos

    Es la cantidad de funcionarios elegidos en las urnas que hay en todo el país. En esta cifra no entran los ministros, secretarios o subsecretarios de Estado.
  • 750

    Millones de pesos

    Es el presupuesto anual que tienen las 24 legislaturas del país. Están integradas por 1246 parlamentarios.
  • 9

    Legislaturas bicamerales

    Sólo nueve legislaturas del país son bicamerales. Se trata de: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Salta, San Luis, Catamarca y Corrientes.
  • 417

    Millones de pesos

    Es el presupuesto anual que tiene el Congreso de la Nación sin contar el 13 por ciento del recorte al salario de los trabajadores estatales. La Cámara baja tiene 257 diputados y el Senado 72 bancas.
  • 10.000

    Empleados del Congreso

    Es la cantidad estimada del personal de agentes estatales del Parlamento. Allí estarían incluidos los trabajadores de la biblioteca y de la imprenta del Congreso.
  • 1122

    Intendentes

    La cifra total de intendentes que hay en todo el país. Hay 8488 ediles en toda la Argentina.
  • Definiciones

    Reutemann

  • El gobernador de Santa Fe fustigó la idea de un plebiscito en el nivel nacional: "Hacer un plebiscito nacional que, según dicen, costará 30 millones de pesos para preguntar a la gente si quiere que baje el costo de la política es sencillamente tirar la plata", dijo.
  • "Es una medida que tiene rasgos demagógicos, porque resulta innecesaria. Es que sabemos todos que la gente quiere que la política baje sus costos."
  • "Lo que hace un plebiscito es afirmar lo que nos dice la gente."
  • Duhalde

  • El ex rival de De la Rúa en las elecciones presidenciales de 1999 criticó al gobierno nacional por la idea de hacer un plebiscito para preguntarle a la gente si está de acuerdo o no con reducir el gasto en la actividad política.
  • "Es como preguntarle a la gente "de qué color es el caballo blanco de San Martín". Si saben qué va a elegir la gente, por qué no se ponen a ejecutarlo. Este gobierno se caracteriza por la falta de capacidad para ejecutar. Tiene una limitación enorme por falta de experiencia", se despachó.
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