Ex funcionario implicado. Imputan a Jaime y a empresarios en otra causa penal

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime sumó ayer una nueva complicación judicial: un fiscal lo imputó por irregularidades en el otorgamiento de la prórroga de la concesión a la empresa que maneja la Terminal de Omnibus de Retiro, cuyos ejecutivos pagaron alquileres de inmuebles que utilizó el ex funcionario o fueron sus fiadores en esos contratos.

La denuncia original es de los diputados Juan Carlos Morán, Elsa Quiroz, Horacio Piemonte, Héctor Flores y Sebastián Cinquerrui de la Coalición Cívica. A partir de allí, el fiscal federal Gerardo Pollicita determinó que había elementos para investigarla y que, en principio, los imputados son Jaime, y Néstor Otero, Edgardo Preiti y Gabriel Akerman, relacionados con la empresa Terminales de Buenos Aires (TEBA), que maneja la terminal de Retiro.

Sobre la base de la denuncia, el fiscal entendió que un informe de la Auditoría General de la Nación explicaba que en 2006 se renegoció el contrato y se prorrogó por diez años, hasta 2015, y al mismo tiempo se redujo en un 25% el canon del contrato original.

Las irregularidades que el fiscal entendió que se debían investigar son la falta de audiencia pública en la renegociación del contrato; la falta de sustento en las rebajas del canon; que se verificó una diferencia de 60.000 pesos al calcular las multas adeudadas por la empresa, y la inacción del Estado ante la denuncia de la empresa, que señaló que existía una terminal de ómnibus paralela en Liniers y que no se hacía nada para evitarlo.

Los denunciantes también dijeron que los directivos de TEBA realizaron ciertas operaciones con Jaime y con la campaña presidencial de Cristina Kirchner, que resultan "incompatibles e irregulares", pues la empresa es concesionaria de un servicio público.

Detallaron, en ese sentido, que en los departamentos que ocuparon Jaime y su mujer, los ejecutivos de la empresa aparecen como fiadores y, en algunos casos, como pagadores de las mensualidades del alquiler. También resaltaron que el presidente de TEBA, Néstor Otero aparece con $ 150.000 como uno de los principales aportantes entre los aportantes de la campaña electoral de 2007

Los denunciantes cuestionaron también "el otorgamiento de subsidios desde 2005 hasta mayo de 2008 de $ 1816,8 millones para la ejecución de obras a concesionarios u operadores ferroviarios, de manera poco transparente".

Basaron sus dudas en un informe de la AGN, que señala que las obras de reconstrucción de 67 vagones ferroviarios eléctricos implican una adjudicación directa a los concesionarios, que a su vez subcontratan estos trabajos.

Este procedimiento fue objetado por la AGN porque no se prevén mecanismos para asegurar una competencia de precios o una estimación previa de los costos antes de la contratación de los trabajos.

Cuestionaron los denunciantes las prórrogas de concesiones de manera provisional a empresas ferroviarias, que, ante la falta de impulso por parte de la Secretaría de Transporte, se convierten en definitivas.

Además, denunciaron que existe un incumplimiento de las normas relacionadas con la adecuación de los medios de transporte a las necesidades especiales de las personas con discapacidad. Se entiende que, si bien la Secretaría de Transporte reguló que se adaptaran los vehículos públicos, emitió resoluciones que fueron prorrogando los plazos para hacerlo. Así, las empresas incumplieron sus deberes y el Estado no controló.

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