Incidentes con grupos de derechos humanos

Pedían por los presos de La Tablada.
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25 de octubre de 2000  

MADRID (De un enviado especial).- Un griterío y corridas en el abarrotado Salón de Plenos de la Real Academia de la Lengua interrumpieron el extenso aplauso que coronó el discurso de Fernando de la Rúa. Fue en el momento en que la custodia presidencial española detuvo a una joven que a los gritos pretendía entregar una carta al Presidente, en la que reclamaba la liberación de los presos de La Tablada y la entrega de los militares reclamada por el juez Baltasar Garzón.

"Soy de Hijos Madrid. Queremos justicia en la Argentina. No los dejéis morir", gritó Claudia Masot, hija de exiliados argentinos, cuando era llevada en el aire por dos guardias, que habían interrumpido su paso cuando intentó acercarse a De la Rúa, ante el asombro de decenas de españoles y empresarios argentinos.

Al ver el hecho, el Presidente ordenó a su edecán, el capitán de fragata Carlos Castro Madero, que le recibiera la carta. "En la nota pedimos, exigimos, que el Gobierno asuma la responsabilidad por la situación de los presos de La Tablada que se están muriendo. Se están violando los derechos humanos", dijo Masot.

"Fue una actitud muy buena la del Presidente, y está en sintonía con lo que el Gobierno pretendió aprobar en el Congreso pero que el justicialismo trabó", dijo el presidente del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro, que integra la comitiva oficial y que fue testigo del incidente, ya que el episodio ocurrió a pocos metros de donde se encontraba el legislador frepasista.

Golpes y corridas

En la calle, en tanto, habían ocurrido otras corridas y forcejeos entre manifestantes de derechos humanos y la policía, que impidió que se acercaran a más de 100 metros del edificio de la Real Academia.

Allí fue golpeado el abogado de las organizaciones de derechos humanos Carlos Slepoy, mientras que un militante chileno de esas entidades, Aldo González, sufrió un corte en una ceja como consecuencia de los golpes.

La policía los controló, tomó la identificación a todos y les informó que podrían ser pasibles de una multa de un millón de pesetas (5480 dólares).

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