Incógnitas de una auténtica peripecia

Cristina Kirchner agregó ayer confusión a su estrategia para resolver el problema de la deuda con los holdouts. Diez días atrás, Axel Kicillof había comunicado que no pagaría los títulos reestructurados bajo ley de Nueva York porque, de hacerlo, estaría obligado a cumplir con la demanda de los tenedores de bonos impagos. Es decir: anunció que, obligado por la cláusula pari passu de la sentencia de Thomas Griesa, que impide reconocer a unos sin hacerlo con los otros, dejaría caer en default los compromisos de los canjes de 2005 y 2010. La razón que dio en ese momento fue que la Cámara de Apelaciones neoyorquina había levantado la medida cautelar (stay), que ponía en suspenso la cláusula pari passu. Conclusión: con tal de no desobedecer la sentencia de Griesa, el Gobierno no pagaría los bonos que él mismo había emitido.

Ayer el Ministerio de Economía hizo lo contrario. Depositó US$ 539 millones en las cuentas que el Bank of New York Mellon (NoNY) tiene en el Banco Central. Es decir, no sólo pagó lo que no iba a pagar, sino que, con el pretexto de un feriado administrativo, lo hizo antes de tiempo. En cambio, no giró fondo alguno hacia los holdouts. Conclusión: con tal de cumplir con el vencimiento de los bonos que él mismo había emitido, el Gobierno desacató la sentencia de Griesa.

Las consecuencias de esta decisión todavía son inciertas. Sobre todo antes de la audiencia que Griesa convocó para hoy a las 11.30 en su juzgado. Una de las interpretaciones que ayer hacían actores financieros y jurídicos es que el BoNY no podrá girar los fondos depositados, porque está alcanzado por la jurisdicción neoyorquina. Debería, entonces, cumplir con el mandato del magistrado: si no se les paga a los holdouts, tampoco se le debe pagar a cualquier otro bonista cuyo contrato esté sometido a la ley neoyorquina.

Según esta lectura, la Presidenta se habría replegado hacia su discurso originario: "Yo cumplí con mi compromiso. Deposité. Si ocurre un default, no fue por culpa mía. Lo habrá producido el juez". Ayer sintetizó esa posición con el tuit "Argentina paga". Desde el punto de vista técnico, es un argumento inconsistente: ella sabe que la cláusula pari passu desencadena la cesación de pagos. Sólo que, si esa cesación no la decide ella, puede alegar que el dinero no llegó porque el mundo está mal armado.

Los últimos movimientos del kirchnerismo pretenden fortalecer esta teoría. Por ejemplo, la tardía colecta de adhesiones extranjeras a la tesis oficial, la presentación de Kicillof en Naciones Unidas, y, sobre todo, el comunicado que el ministro emitió ayer. En esa declaración se responsabilizó "a los Estados Unidos" por las consecuencias prácticas de las disposiciones de Griesa. Una proyección global de la manipulación que el Poder Ejecutivo suele ejercer sobre la Justicia aquí. Como si Griesa fuera Oyarbide.

Esta interpretación de la decisión oficial ayer no era unánime. Algunos analistas suponían que Griesa podría tomar los fondos correspondientes a los bonistas reestructurados bajo ley norteamericana y destinarlos a los holdouts.

Otra curiosidad: ayer el dinero no fue girado al exterior, sino depositado en el Banco Central. ¿También el Gobierno teme que Griesa ordene dar a los holdouts parte de esos fondos? ¿Habrá una orden de la Casa Rosada a Juan Carlos Fábrega para que no realice una eventual transferencia? ¿Comenzó un cambio de jurisdicción que no osa decir su nombre?

Para muchos especialistas, Griesa no puede embargar los fondos depositados por el Gobierno en el BoNY. Sólo puede inmovilizarlos. De lo contrario, sostienen, el banco debería recurrir a la justicia norteamericana porque se lo estaría obligando a traicionar el mandato que rige su creación: pagar sólo a los tenedores de títulos reestructurados. Si se excediera de esa finalidad, sería demandado por el gobierno argentino y por los bonistas destinatarios del dinero.

Quienes creen que, así y todo, Griesa puede embargar esas cuentas, sospechan que la Presidenta habría lanzado una operación inconfesable. Estaría realizando, "obligada", un pago cash de buena voluntad a los holdouts, en el marco de una negociación secreta que seguirá en las próximas semanas. Ese pago facilitaría el restablecimiento del stay que, a la vez, protegería la transacción ante el peligro de que, el 31 de julio, se consolide el default. Una vez que se cierre el acuerdo, Kicillof repondría los fondos a los bonistas reestructurados.

Muchos financistas celebraban ayer esta hoja de ruta que, desde el punto de vista político, sería escandalosa. Los vituperados "buitres" serían los únicos miembros de un club al que no ingresaron los bonistas del canje, los demandantes en el Ciadi, Repsol o el Club de París: el de los acreedores que reciben un pago en efectivo.

Los que calculan un embargo de Griesa ayer se preguntaban: ¿por qué Kicillof no depositó sólo los fondos destinados a otras jurisdicciones? Es verdad, en ese caso habría sido el Gobierno el que defaulteó con los bonistas del canje. Pero se habría evitado entrar en rebeldía con el tribunal. Además, de un modo u otro, el default es inexorable, salvo que se pague a los holdouts.

Ésa es la perspectiva más sombría de una escena que aun especialistas muy sagaces no consiguen comprender: el país se encaminaría hacia un mayor aislamiento financiero, porque al mismo tiempo desacató a la Justicia a la que se había sometido y entró en una cesación de pagos generalizada.

Las señales de falta de profesionalismo se multiplican. El comunicado de ayer estaba plagado de desaciertos conceptuales y de errores gramaticales, lo que lleva a pensar que el Gobierno resolvió prescindir de abogados competentes. Si ése es el horizonte, Cristina Kirchner puso proa hacia el corazón de la tormenta.

Varias incógnitas de esta peripecia tal vez se aclaren en las próximas horas. En una audiencia celebrada en diciembre pasado, los representantes del BoNY preguntaron a Griesa qué debían hacer si la Argentina les entregaba los recursos que se reparten entre los bonistas. "Consultarme a mí", contestó el juez. Es lo que debería suceder esta mañana.