Incompatibilidades para los piqueteros

El Ministerio de Trabajo no se quedó de brazos cruzados esperando el anuncio de pasado mañana sobre las nuevas modalidades en la distribución de los planes Trabajar.

A la intención de acabar con la intermediación de las organizaciones vinculadas con dirigentes piqueteros y que cada beneficiario reciba directamente su programa, le sumó una determinación aprobada ayer por la cual ningún funcionario o legislador nacional, provincial o municipal puede ejercer cargo alguno en la comisión directiva de una institución que desee participar en los programas que dispone la Secretaría de Empleo de la cartera laboral.

En la práctica se quiere impedir que los promotores de los piquetes, que jaquearon con sus cortes de ruta durante semanas al Gobierno, accedan a los beneficios y los distribuyan a su antojo.

El caso más notorio es el del concejal del Frepaso y titular de la Federación de Tierra y Vivienda de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de La Matanza, Luis D´Elía, al que se le pretende recortar poder.

Destinatarios

D´Elía, además, podría ser postulante, en las próximas elecciones de octubre a diputado provincial por el ARI (Argentina por una República de Iguales), agrupación que conduce la diputada Elisa Carrió.

Ayer, el edil participó en Mendoza de un acto de su organización.

La veda no es exclusiva para el dirigente matancero sino para cualquier otro referente que pudiese acceder a un cargo legislativo municipal, como podría ser el caso de otro líder de la protesta, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista Combativa (CCC).

Una reciente inspección de la Dirección Federal de Inspección del Trabajo, a cargo de Silvia Larrufa, determinó irregularidades en planes Trabajar administrados por organizaciones vinculadas con D´Elía. La Matanza es el corazón de los piquetes y protestas en la región central del país, a pocos minutos de la Casa Rosada.

"Evitar el clientelismo"

Según dijo un vocero ministerial a LA NACION, la decisión apunta a "evitar el clientelismo político".

Aquellas personas jurídicas de derecho privado que no cumplan con este requisito se les prohibirá la inscripción o se les retirará la misma si ya la hubiesen presentado.

De esta manera, el ministerio impondrá la medida de que las organizaciones sociales deberán exhibir una declaración jurada, tanto al presentarse en un nuevo programa como al solicitar la renovación anual de su inscripción.

La cuestión de los planes Trabajar generó no pocas diferencias en el ministerio a cargo de Patricia Bullrich, al punto que recientemente renunció el secretario de Empleo, el frepasista Horacio Viqueira, por diferencias, según adujo, con la política de "confrontación y no de diálogo" de la ministra con los piqueteros.

La funcionaria siempre llevó adelante una política de embates contra piqueteros y sindicalistas para neutralizar los efectos de las protestas sociales. Ella fue la que propuso, en medio de un paro general, que los dirigentes gremiales presentaran sus declaraciones juradas de bienes.

Sin embargo, cerca de la funcionaria fueron tajantes respecto del dirigente cordobés: "Quiere ser nuevamente diputado nacional por su provincia. Para eso, buscó hacer campaña para diferenciarse del Gobierno."

Una reciente resolución de Bullrich determinando su firme y personal control sobre cada una de las disposiciones que adopte la Secretaría en el futuro es una muestra de que quiere evitar una nueva controversia con sus funcionarios del área.