Inquietud entre los empresarios que fueron citados otra vez por Bonadio

Ángelo Calcaterra
Ángelo Calcaterra Fuente: Archivo
Algunos de ellos afirman desconocer los hechos que se les imputan, aunque cerca del juez admiten que hubo episodios nuevos al margen de los que ya declararon
Candela Ini
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8 de febrero de 2019  

El mundo de la construcción quedó inquieto después de las citaciones a indagatoria que emitió hace dos días el juez federal Claudio Bonadio por un desprendimiento de la causa de los cuadernos de las coimas .

A partir del 20 del mes actual comenzará la indagatoria de 101 imputados, entre los que se encuentran empresarios como Ángelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri -, Eduardo Eurnekian y Aldo Roggio, e incluso la expresidenta Cristina Kirchner y exfuncionarios del Ministerio de Planificación, como Julio De Vido y José López. Aunque Bonadio decidió citar a los exfuncionarios para el final, a Cristina Kirchner la citó para el 25 de febrero, un día antes del inicio de su juicio en la causa conocida como "Vialidad", y el mismo día en que cumpliría años el expresidente Néstor Kirchner.

La causa tiene su origen en los datos revelados por el chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, en sus anotaciones cuasi obsesivas, en las que registró durante casi una década los movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación, que cobraban dinero ilícito por parte de las empresas contratistas más grandes del país. A raíz de la orden masiva de detenciones que libró Bonadio el 31 de julio pasado, muchos directivos que nunca habían enfrentado siquiera la idea de quedar detenidos se enfrentaron a esa realidad, y entonces se activó el uso de la ley del arrepentido como recurso para que la causa avanzara y ellos recuperaran su libertad. Varios de esos directivos de empresas aportaron información bajo el régimen de imputados colaboradores. Algunos confesaron ser parte de lo que se llamó "el club de la obra pública" y otros confesaron haber hecho pagos de dinero negro como aporte al proyecto político, pero dijeron haberlo hecho bajo presión del anterior gobierno.

Para quienes fueron citados, el golpe no fue tan fuerte como el que recibieron el 1º de agosto, cuando una decena de directivos quedó tras las rejas sin saber de qué causa se trataba ni de qué hechos se los acusaba. Este llamado era inminente: se trata, en su mayoría, de directivos cuyas empresas fueron allanadas el 17 de enero pasado, de manera simultánea, en 14 provincias del país, en busca de documentación. Esas empresas habían sido investigadas sobre la base del listado aportado por el financista arrepentido Ernesto Clarens y de la información aportada por dependencias estatales sobre contratos de obras públicas y viales.

Según supo LA NACION a través de fuentes judiciales, se los cita por hechos nuevos, y no por hechos sobre los que ya declararon. En lo que respecta a este tema, algunos abogados de empresarios citados que ya habían declarado como arrepentidos se preguntan qué hechos se les imputan a sus clientes, y consideran que tal vez la decisión de haberlos asesorado para que declarasen como arrepentidos no fue tan redituable. Si se trata de otro hecho que constituye el mismo delito, el haber declarado como arrepentidos podría costarles caro, porque significaría que hicieron omisiones.

Los empresarios que, según el criterio aplicado por la Cámara, fueron parte de dicha organización delictiva presuntamente liderada por Cristina Kirchner, fueron Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, quienes quedaron procesados como miembros. Clarens también quedó procesado como parte de esta banda, después de haber confesado que también cobraba coimas y que se ocupaba de la parte financiera de la estructura. El resto de los empresarios a quienes Bonadio había procesado como miembros de la asociación ilícita quedaron aliviados de que la Cámara Federal modificara esas calificaciones y los dejara procesados por la figura de cohecho activo.

La lista de citados incluye a directivos de empresas de todo el país. Uno de ellos es Ezequiel Sapag, el presidente de la firma SN Sapag. Ezequiel es sobrino de Jorge Sapag, el exgobernador de Neuquén y hombre fuerte de la provincia, que también guardó vínculos con los Eskenazi cuando tenían, a través del Grupo Petersen, participación accionaria en YPF.

Dos letrados que participan en esta causa, en diálogo con LA NACION, se preguntaron por qué si, en teoría, el criterio aplicado para la elaboración de esta lista de citaciones se basa en el listado aportado por Clarens y las empresas que fueron allanadas, no fue citado el empresario Sebastián Eskenazi, del Grupo Petersen, cuya sede fue allanada el 17 de enero pasado.

También deberán declarar por primera vez en esta causa dos exfuncionarios de la Dirección de Vialidad del gobierno kirchnerista: Sandro Férgola y Sergio Passancantando. Ambos habrían trabajado con Clarens en lo que respecta al cobro de coimas a los directivos de las empresas con obras de vialidad.

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