Intervienen el servicio penitenciario bonaerense

LA PLATA.– El gobierno bonaerense dispondrá hoy la intervención por 180 días del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a raíz de serias irregularidades detectadas en la gestión administrativa de la institución.

Así lo adelantó a LA NACION una alta fuente del gobierno de Felipe Solá, quien comunicará la decisión oficialmente en una conferencia de prensa que ofrecerá a media mañana junto con el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco. El encargado de conducir el proceso de intervención será el abogado Ricardo Cabrera.

El gobernador, que anoche comunicó su decisión al presidente Néstor Kirchner, dictó un decreto para respaldar la medida que cuestiona la "ineficiencia" y la "corrupción" imperante en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Desde el gobierno provincial se indicó anoche que "la principal meta de esta medida es desarmar la burocracia institucional centralizada en La Plata que permite la concreción de las irregularidades".

"Una licitación que fue aprobada por 12 millones de pesos, tenía un costo real de 4,6 millones", fue uno de los detonantes para impulsar la medida, comentó el calificado informante que no descartó que se produzca el "descabezamiento de buena parte de la cúpula" del SPB.

Solá y Di Rocco tomaron la decisión durante una reunión ayer por la tarde en la sede del Banco Provincia de Buenos Aires. La intervención era una medida que se estudiaba desde hace una semana, pero otra investigación alertó al subsecretario de Políticas Penitenciaria y de Readaptación Social, Carlos Rotundo, de apurar las medidas.

Se trata de un informe elaborado por el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) provincial, Juan Manuel Casolati, ex director de Investigaciones de la Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social del Ministerio de Justicia.

Allí se afirma que las irregularidades administrativas se registran "de manera constante y sistemática en todas las dependencias penitenciarias; dichas circunstancias, no sólo favorecería la práctica de mecanismos perversos de gestión pública, sino que también resultarían propicias para prácticas corruptas fomentando corrupción estructural como norma general".

Puntualmente el trabajo menciona "el manejo y la administración de fondos del erario público (caja chica); utilización de bienes e insumos destinados a la alimentación de la población carcelaria; administración de fondos dinerarios de aquellos internos que realizan tareas laborales (peculio); y gastos de proveeduría, mediante los cuales los reclusos pueden adquirir insumos imprescindibles para su uso personal".

A eso se suman las reiteradas denuncias de presos por malos tratos y los casos de detenidos que imputaron a personal de la institución de conspirar para asesinar a funcionarios judiciales.