Intervinieron el Servicio Penitenciario

Solá confirmó que fueron puestos en disponibilidad once integrantes de la plana mayor bonaerense
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23 de abril de 2004  

LA PLATA.- El área administrativa del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) quedará a cargo de funcionarios civiles del Ministerio de Justicia provincial, según anunció ayer el gobernador Felipe Solá tras confirmar que la institución fue intervenida y que los 11 integrantes de su plana mayor fueron puestos en disponibilidad.

La intervención, para concretar una reforma del SPB, cuestionado en los últimos meses por distintos motivos, fue asumida ayer por Ricardo Cabrera, un abogado que se desempeñó como director del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la presidencia de Carlos Menem.

Reforma profunda

Ante la determinación de intervenir el servicio, el gobierno bonaerense intentó manejarse con cautela para evitar malestar en el personal y posibles protestas de la población carcelaria.

Solá explicó que decretó la intervención por 180 días a raíz de los "severos cuestionamientos (a la institución) externos e internos desde el punto de vista administrativo y respecto de las conductas en el interior de las cárceles".

Sin embargo, el gobierno no brindó precisiones sobre las supuestas irregularidades de la administración y Solá aclaró que la intervención no es una consecuencia directa de denuncias como las que efectuó el camarista de San Isidro, Fernando Maroto. Todas las decisiones administrativas del SPB serán supervisadas por la Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social de la cartera de Justicia, y los puestos relacionados con la toma de decisiones serán ocupados por civiles.

El plan previsto para la reestructuración incluye, entre otros, los siguientes cambios:

  • Achicar la cúpula, conformada por diez direcciones, para transparentar la gestión.
  • Modificar el sistema de declaraciones juradas del personal superior para controlar la evolución patrimonial sin orden judicial previa.
  • Control externo de los sumarios y de la ejecución presupuestaria, y brindar mayor autonomía administrativa a las unidades penitenciarias.
  • Modificar los contenidos curriculares de los programas del SPB: se exigirá a los empleados título secundario, la selección será más exigente y se creará un escalafón único para el personal.
  • Confeccionar un legajo tutelar único para empleados y presos, con soporte informático y promover, con un proyecto de ley, que los presos que aún no tienen condena puedan trabajar.
  • Solá ratificó en sus funciones a los jefes de todas las unidades bonaerenses hasta que Cabrera pueda analizar la situación de cada uno. "Ningún integrante del SPB, ni aun la plana mayor, debe sentirse acusado de antemano por el gobierno", dijo el gobernador.

    El ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, dijo a LA NACION que "en principio, no podemos decir que existe personal sospechado de haberse enriquecido ilícitamente".

    Una de las tareas de la intervención será revisar los legajos y el patrimonio de todo el personal. La Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Remo Carlotto, investiga los legajos de aquellos agentes penitenciarios que se desempeñaron entre 1976 y 1983. Tres personas ya fueron desplazadas de sus puestos por haber sido denunciadas por violaciones de los derechos humanos.

    Respecto de una mayor exigencia en el proceso de selección, Solá se refirió a tres casos descubiertos recientemente: "Hemos detectado gente que entró en el SPB teniendo antecedentes penales". Dos ocurrieron en Mar del Plata y uno en Baradero, dijeron fuentes oficiales.

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