Investigan a cuatro jueces por un concurso sospechoso

Servini ordenó cruces de llamadas y correos para saber si hubo fraude
(0)
17 de diciembre de 2009  

La jueza María Servini de Cubría dispuso una medida de inusual magnitud para investigar si hubo corrupción en un concurso judicial: ordenó investigar las llamadas telefónicas de los celulares y los correos electrónicos de tres jueces federales porteños, sus pares Sergio Torres, Julián Ercolini y Marcelo Martínez de Giorgi, y de uno de sus superiores, el camarista Eduardo Farah.

El objetivo es cruzar las comunicaciones entre jurados y aspirantes en el proceso del Consejo de la Magistratura destinado a cubrir cuatro vacantes en el fuero que integran todos ellos, donde se investigan las principales causas por corrupción contra el poder político.

La sospecha es que se adelantó el tema de examen, que en teoría sólo podían conocer los jurados, a alguno de los concursantes. Por eso, Servini revisará las comunicaciones con los 15 postulantes que quedaron mejor posicionados.

Los jurados son cuatro: Farah, Torres, Ercolini y el académico Juan Carlos Gemignani (h.). La jueza pidió informes para analizar todas las llamadas entrantes y salientes del último año previo al examen que se hubieran realizado desde sus celulares y teléfonos laborales.

Entre los concursantes también hay funcionarios judiciales de alta jerarquía: Martínez de Giorgi, que hoy subroga uno de los juzgados vacantes; cuatro jueces de diferentes fueros; dos secretarios de la Cámara Federal, y dos secretarios de juzgados de los tribunales de Comodoro Py.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura avanza a toda velocidad con el concurso, que el kirchnerismo pretende cerrar antes de fin de año (como se informa por separado).

Las nuevas pruebas fueron dispuestas por Servini en una resolución firmada hace una semana, que se mantuvo en estricta reserva. Apuntan a lograr un registro completo de las comunicaciones entre jurados y concursantes, según informaron a LA NACION fuentes de la causa.

Entre las medidas ordenadas hay oficios a Telefónica, a empresas prestadoras de correos electrónicos en Internet y a la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura, que controla las direcciones de e-mail oficiales. A todos ellos la jueza les pidió información sobre los teléfonos y las cuentas de jurados y aspirantes.

El origen del caso

La causa que investiga el concurso se inició por una denuncia de un abogado particular basada en la publicación de LA NACION del 23 de septiembre pasado, que hizo públicas las dudas que pesaban sobre este proceso y relató dos casos que despertaron sospechas: el de Luis Rodríguez, que es juez de instrucción, y el del Carlos Ferrari, asesor del kirchnerista Javier Fernández en la Auditoría General de la Nación.

En cuanto a Rodríguez se lo investiga porque, 12 días antes del examen, desde su juzgado habían pedido copias de un fallo real en un caso similar al que resultó ser el de la prueba, según confirmó LA NACION en el tribunal en el que se tramitó la causa verdadera, el de Daniel Rafecas.

"No eran idénticos. Lo único en común es que ambos casos eran sobre un robo de monedas antiguas en el Banco Nación", sostuvieron ayer fuentes de la causa de Servini. Lo mismo habían advertido la auditoría del Consejo y el secretario de Rafecas que tuvo a su cargo la investigación, Sebastián Ramos, que también participó en este concurso.

No obstante, cuando LA NACION consultó a Rodríguez sobre el pedido, él negó haberlo hecho. Días después Rafecas ratificó en el Consejo que su tribunal había recibido la solicitud y una empleada del juzgado de Rodríguez declaró en la auditoría que su jefe le había pedido que le consiguiera ese fallo. Luego de estas declaraciones, LA NACION intentó volver a hablar con el concursante, que no atendió las llamadas.

En cuanto a Ferrari, las sospechas se deben a que hizo un examen que se destacó porque transcribió párrafos enteros de sentencias de la Corte y citó 43 fallos, 11 de la Corte de Estados Unidos (los cuatro postulantes que quedaron delante de él citaron en total 3, 4, 5 y 11 fallos cada uno).

El conjunto de pruebas que acaba de ordenar Servini no son las primeras que toma en el expediente. A requerimiento del fiscal Jorge Di Lello, ya había ordenado medidas para preservar los e-mails vinculados al caso Rodríguez, testimonios y pedidos de informes al Consejo. Poco se supo de estas medidas. Se trata de un expediente delicado en Comodoro Py y se tramita con todo sigilo.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Politica

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.