Investigan a funcionarios por cobrar presuntos sobornos

Roberto Silva Leyes fue desalojado, la semana última, por la Policía Federal del despacho que ocupaba en la Casa Rosada, pese a no estar nombrado oficialmente en ningún cargo. Lo acusaron de cobrar retornos a cambio de gestionar Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Se presentaba como intermediario del Ministerio del Interior. Ahora la Justicia investiga si en esta maniobra estuvieron implicados funcionarios del gobierno delarruista.

Lo que podría llegar a ser una "venta" de ATN ocurrió en Monte Quemado, una pequeña localidad de Santiago del Estero.

El gobierno nacional remitió, durante 1999 y 2000, una partida de 7.000.000 de pesos de ATN para realizar una obra de pavimentación, de la que sólo se concretaron 86 cuadras. El grueso de esta suma fue girado por la administración menemista; los últimos 100.000 pesos se completaron durante la gestión del ex secretario de Provincias, el radical Walter Ceballos, que renunció a su cargo en marzo último.

Mientras analizaba algunas irregularidades en la contratación directa de la obra vial, el diputado provincial Carlos David descubrió por casualidad un movimiento sospechoso: 30.000 pesos de esa partida habían sido depositados en una cuenta que Silva Leyes tenía en el Banco de Santiago del Estero, sucursal Buenos Aires. David accedió a los extractos bancarios que confirmaron ese depósito en concepto de "compromiso de gestión".

Frente a esta ilegalidad, el diputado del Movimiento Cívico y Social (partido provincial integrante de la Alianza) pidió precisiones al secretario municipal, Jorge Torres, que firmó la transferencia. Para su sorpresa, según declaró David ante la Justicia, el funcionario le señaló que "periódicamente debían transferirse esas sumas a la persona citada, cada vez que se recibía un ATN".

¿Por qué el Ministerio del Interior necesitaría un intermediario? ¿Para quién trabajaba Silva Leyes?

Interviene la Justicia

El diputado realizó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción (OA) en noviembre último y luego ante el juzgado federal de Jorge Urso, que ahora investiga el caso. El legislador fue llamado a declarar el 31 de mayo último.

"Esto es inconcebible. Algo similar ocurrió en la Municipalidad de Loreto", aseguró David a La Nación .

Una resolución de la OA, presidida por José Massoni, no desestima que funcionarios nacionales hayan tenido alguna participación en esta maniobra.

El documento anexado al expediente judicial, al que tuvo acceso La Nación , indica que "no se permite descartar -al menos por el momento- la hipótesis de que estuvieran involucrados funcionarios del Ministerio del Interior o de otra dependencia, quienes podrían haber proporcionado a Silva Leyes información sobre estos fondos, amén del eventual soporte institucional para la mise en scéne que habría desplegado".

Voceros de la OA se negaron a dar más detalles, ya que, explicaron, una investigación tan delicada es de carácter reservado. Esta oficina pudo determinar que Silva Leyes no figuraba en los registros oficiales y era conocido en los alrededores de la Secretaría de Provincias. Tenía oficina propia y trabajaba para una ex asesora del menemismo, Ada Malbha Herrera.

Ceballos reconoció a La Nación que Silva Leyes "esporádicamente nos daba una mano con la cuestión social", pero negó que hubiera actuado como gestor. No pudo explicar por qué alguien trabajaba sin estar nombrado.

El ex secretario de Provincias dijo que desde que se hizo la denuncia no vio más a Silva Leyes en la Casa Rosada y recordó que él se había puesto a disposición de la OA.

En San Luis, un testimonio comprometió a Ceballos, que intenta presentarse como candidato a senador nacional. Un asesor de Silva Leyes, Pablo González Laise, aseguró a la prensa local que su jefe "hizo el trámite mandado por Ceballos". El ex funcionario cree ver en esta declaración una jugada política del gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saa para desacreditarlo.

En el Gobierno se inquietaron por este caso. El actual secretario de Provincias, René Bonetto, intentó rápidamente neutralizar cualquier sospecha de complicidad. Mandó desalojar a Silva Leyes y comentó a La Nación : "Nosotros nos pusimos a disposición de la Justicia. Si hubo retornos, no lo puedo decir; a mí me llamó la atención el monto".

Cuentan que Silva Leyes sólo dirá su verdad ante el juez cuando sea llamado a prestar declaración.