Investigan a Santibañes por anomalías en la compra de un banco

Su presunta participación en el pago de sobornos para la aprobación de la ley de reforma laboral, hecho por el que fue procesado hace 15 días, no es la única batalla judicial que deberá enfrentar el ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes durante los próximos meses.

La justicia federal investiga desde ayer si cometió los delitos de defraudación y evasión tributaria, al adquirir, entre 1995 y 1997, una porción del paquete accionario del desaparecido Banco de Crédito Argentino (BCA), de cuyo directorio él era miembro.

La operación consistió en el otorgamiento de un autopréstamo de 53 millones de dólares que tuvo como beneficiarios a Santibañes y a otros de los principales accionistas y fundadores del BCA, David Gorodisch, Irene K. de Gorodisch y Alejandro Gorodisch, a razón de más de 13 millones de dólares cada uno. Todos ellos figuran como imputados en la causa.

El crédito se concretó en 1997 para cerrar la compra del 28,34 por ciento de las acciones del BCA, en manos de Ricardo Cairoli y valuado en 76 millones de dólares. La operación había comenzado con el desembolso de 20 millones de dólares, entre marzo y julio de 1995, por parte de Santibañes y uno de los Gorodisch.

La investigación judicial tiene su origen en un expediente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que es la entidad encargada de supervisar este tipo de operaciones. El informe, iniciado en 1997, sólo llegó a manos del procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, en octubre del año pasado, tras deambular durante seis años puertas adentro del organismo.

Ayer, luego de una investigación preliminar de tres meses, el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, efectuó una denuncia, que quedó radicada ante el juez federal Juan José Galeano, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano. LA NACION tuvo acceso a esa presentación.

En un principio, el expediente del BCRA apuntaba hacia la evasión tributaria. "Los beneficiarios de las transferencias cuestionadas no han declarado todos sus bienes en las respectivas declaraciones juradas presentadas ante las distintas entidades bancarias, lo que podría traer aparejado conductas reprimidas por la ley penal tributaria, que conllevaría un serio perjuicio económico para las arcas del Estado", dice el informe.

Maniobra global

Pero ese delito quedó absorbido, según la postura de Moldes, en una maniobra global más importante, puesto que la pesquisa detectó numerosas irregularidades y anomalías a lo largo de todo el proceso, encuadradas en el delito de defraudación, que prevé una pena de entre uno y seis años de prisión.

Entre las irregularidades citadas figuran:

• El encarecimiento injustificado de la tasa que el BCA debió pagar por el artificial fraccionamiento del riesgo crediticio, cuando Santibañes y uno de los Gorodisch, que eran quienes en principio debían cancelar la deuda por la compra de las acciones, incluyeron entre los solicitantes del préstamo a la esposa y al hijo de Gorodisch. Para el Banco Central, esta maniobra no tuvo otro objetivo que diluir las eventuales responsabilidades emergentes de la operación, que fue calificada como "inusual y anómala".

• La "falta de justificación económica de la operación de crédito". De acuerdo con un informe agregado a la causa, se alude así a la irracionalidad de solicitar tal asistencia por parte del BCA y asumir los costos, "cuando no surgen proyectos de inversión que aseguren razonablemente un rédito que garantice la amortización de los costos del crédito".

• La cancelación anticipada de deudas, inclusive antes de que el importe del préstamo se imputare a las cuentas a las que se derivó el dinero.

• La aparente falta de documentación respaldatoria de la operación.

En vistas de esas presuntas anomalías, la Gerencia de Control del BCRA elevó el expediente a Becerra para que "pondere la viabilidad de iniciar una investigación preliminar que permita profundizar la investigación y esclarecer los hechos".

La denuncia presentada por Moldes señala que "se entrevé el supuesto de la administración fraudulenta de bienes e intereses patrimoniales ajenos, confiados a los directores del banco, e irregularmente administrados, con eventual perjuicio de ahorristas, otros accionistas, inversores y el propio BCRA, como órgano de contralor de todo el sistema".

De acuerdo con la postura del fiscal, sentada en la denuncia, Galeano deberá determinar "las razones de la asistencia crediticia y financiera otorgada a personas físicas que revistaban en el directorio de la entidad, las condiciones en que el BCA terminó siendo absorbido por el Banco Francés y la eventual incidencia de los acontecimientos investigados, y la existencia de algún tipo de asistencia financiera del Banco Central al BCA durante el proceso".

La denuncia indica que la situación de Santibañes se ve agravada por el hecho de que fue funcionario público.

En tal sentido, la presentación destaca que la omisión de esta operación se habría reiterado en las presentaciones sobre el estado de su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Supervisión aprobada

Consultadas por LA NACION fuentes cercanas a Santibañes negaron las imputaciones que efectuó Moldes y atribuyeron la denuncia a una operación vinculada con el caso de los sobornos.

Esos informantes destacaron que la operación de compra del BCA superó, en su momento, las supervisiones del BCRA y de la Comisión Nacional de Valores. Y descartaron que se hubieran producido irregularidades dado que, argumentaron, los únicos perjudicados habrían sido Santibañes y los Gorodisch.

Las fuentes cercanas al ex banquero, amigo personal del ex presidente Fernando de la Rúa, dijeron, asimismo, que sólo en una oportunidad se omitió declarar la existencia del crédito y que se había debido a un "error de los contadores", que luego fue subsanado.

La batalla judicial de Santibañes no termina allí. Además de la causa que investiga el presunto pago de los sobornos fue indagado por el juez federal Norberto Oyarbide, el 4 de abril del año pasado, en el expediente Inducuer por el delito de defraudación. Ese sumario se encuentra actualmente en la Sala I de la Cámara Federal.

Asimismo, el ex secretario de Inteligencia está imputado por malversación calificada de caudales públicos por el fiscal Guillermo Marijuán, en una causa que investiga la doble contratación de la agencia del publicista norteamericano Dick Morris para mejorar la imagen de De la Rúa.