Investigan en Suiza a Moyano por lavado

La justicia de Suiza investiga por supuesto lavado de dinero al líder de la CGT, Hugo Moyano, y a sus familiares más cercanos, por lo que pidió a la Argentina toda la información sobre las causas judiciales que involucran al líder camionero. La respuesta no se hizo esperar: el sindicalista dispuso una huelga general de camioneros a partir del lunes. En la práctica implica que no habrá recolección de residuos ni distribución de dinero en cajeros automáticos ni de mercaderías en supermercados ni transporte de larga distancia ni combustibles.

El paro fue una medida para presionar al Gobierno, pues los dirigentes sindicales deslizaron sus sospechas de que la Casa Rosada motoriza esta investigación judicial, originada al otro lado del Atlántico.

En el Gobierno hubo silencio ante la medida de fuerza, anunciada en "repudio a las mentiras que publican los medios", según el dirigente Eduardo Altamirano, que además convocó a los afiliados a realizar manifestaciones frente a los diarios.

El pedido de información a la justicia argentina se relaciona con el bloqueo de 1.870.000 dólares que realizó la justicia suiza sobre fondos de una cuenta perteneciente a Ricardo Rubén Depresbiteris y a su esposa, Marcela Elvira Mete, directores de la empresa Covelia SA.

La firma maneja la recolección de residuos en 12 municipios bonaerenses y en el Mercado Central. Funcionarios bonaerenses e intendentes vinculan a Covelia con Moyano, al punto de que cuando tienen un problema relacionado con la recolección de residuos lo tratan con el líder camionero. Walter Martello, legislador bonaerense de la Coalición Cívica, aseguró en un informe que Moyano hace lobby ante los municipios para que le adjudiquen los contratos a Covelia. Moyano responde que defiende a los 3000 trabajadores de la firma, que son sus afiliados.

Covelia negó oficialmente tener vínculos con Moyano. Depresbiteris, que aparece como su dueño, es un ex chofer convertido en empresario millonario con departamento en Puerto Madero, Mercedes-Benz, Porsche, un yate en Punta del Este y dueño de la mitad de un avión privado. "Después de mi viejo, [Moyano] es el mejor hombre, que quiere a los trabajadores", dijo sobre el gremialista.

La justicia suiza se hizo eco de las informaciones periodísticas, por lo que pidió datos sobre el líder sindical y sus familiares más cercanos. El pedido de colaboración llegó a la Cancillería hace una semana, donde fue traducido y elevado a la Cámara Federal en un trámite firmado por el coordinador del área de Cooperación Internacional Diego Salermó, según documentos a los que accedió LA NACION.

El exhorto del Ministerio Público Fiscal de Suiza, que está firmado por la procuradora federal Maria Antonella Bino, fue sorteado entre los juzgados federales y su tramitación recayó en el juez Norberto Oyarbide, que ya investigaba a Moyano.

Lo primero que hizo Oyarbide fue enviárselo a la Fiscalía N° 1, a cargo de Jorge Di Lello, para que opinara si corresponde o no darle trámite. Di Lello está de licencia, por lo que será su colega Gerardo Pollicita quien decidirá sobre el asunto. Puede rechazarlo, allanarse al pedido o interpretar que hace falta documentación ampliatoria para entregar la información que pide Suiza.

Lo que está solicitando la fiscal son datos de las causas judiciales donde Moyano está siendo investigado. La funcionaria tomó conocimiento, por ejemplo, del caso de los remedios. Incluso el exhorto menciona que tiene entendido que "Pablo Moyano [hijo de Hugo] está siendo investigado por blanqueo de activos" en la Argentina, cuestión que nadie pudo confirmar en los tribunales locales.

También el entorno

El pedido de informes sobre causas en trámite abarca al "entorno familiar próximo a Hugo y Pablo Moyano", de acuerdo con el pedido internacional. También el exhorto hace referencia a la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que administra fondos que aportan los gremios para pagar reintegros por la compra de medicamentos onerosos y tratamientos de alto costo de sus afiliados.

Moyano está siendo investigado por dos jueces: Oyarbide y Claudio Bonadio, que analizan si la obra social de camioneros estafó al Estado presentando troqueles de medicamentos adulterados. Además, Bonadio, a partir de una denuncia de la ex ministra de Salud Graciela Ocaña, investiga a Moyano por supuesta administración fraudulenta porque la obra social de camioneros contrata con empresas familiares.

El juez federal Ariel Lijo, por otra parte, analiza si existió lavado de dinero a través de cheques de la obra social de Camioneros, la mutual de ese sindicato y de Droguería Urbana, entre otras organizaciones vinculadas a la causa de los medicamentos.

LA EMPRESA

COVELIA S.A.

• Cuentas. La compañía factura $ 720 millones por año. Cuenta con 3000 empleados, todos afiliados al gremio de Moyano, y unos 800 camiones recolectores.
• Servicios. Se ocupa de la recolección de residuos en 12 partidos de la provincia de Buenos Aires y en el Mercado Central.
• Dueños. Ricardo Depresbiteris, un chofer hoy millonario, aparece como dueño de Covelia. Varios intendentes ligan a la empresa con Moyano.