Investigan fiscales la suba de precios

La fiscalía especializada en delitos económicos abrió una investigación preliminar sobre la empresa Shell, que cambió dólares para enviar dividendos a su casa matriz, y otras firmas que aumentaron sus precios, en la hipótesis de que pudieron haber realizado "maniobras delictivas contra el orden público económico-financiero".

El área de fraudes económicos y bancarios, a cargo de Pedro Biscay, que depende de la procuración antilavado que maneja Carlos Gonella, es la que encabeza esta pesquisa preliminar. Si los fiscales encuentran elementos, convertirán las averiguaciones en denuncia.

Así lo informó en su página web la Procuración General de la Nación, a cargo de Alejandra Gils Carbó, que suele apoyar al Gobierno en sus iniciativas. El texto no menciona a Shell ni a su presidente, Juan José Aranguren, que fueron acusados por el ministro de economía, Axel Kicillof, de comprar dólares por encima del valor de mercado para elevar su precio.

No obstante, fuentes de la Proselac dijeron que se investigará un proceso: "El factor desencadenante es la maniobra de compra de divisas a mayor precio que el de mercado, que obligó a intervenir al BCRA para equilibrar y esto repercutió en sectores que remarcaron con aumentos del 15% aunque no dependen de insumos importados", dijeron en la Procuración.

Aranguren había explicado que concretaron exportaciones por 14,7 millones de dólares e importaciones por 11,3 millones, con un saldo a favor de 3,4 millones de dólares, que liquidaron a 6,885 pesos, por debajo del cierre diario. Luego precisaron adquirir 1,6 millones de dólares, que obtuvieron a 6,896 pesos, unos 25 centavos menos que el cierre del día. Dijo Aranguren que liquidaron dividendos por un millón de dólares, por lo que compraron dólares para cubrir la diferencia a 8,70 que les ofertó el HSBC. "Luego el Banco Central inyectó divisas y el tipo de cambio cerró más barato", explicó el jefe de la petrolera.

Los fiscales creen que la suba de precios fue consecuencia de esta operación. "La figura penal es fraude al comercio, el hacer subir los precios con información falsa o poniéndose de acuerdo", dijeron.

Analizarán los precios de los sectores de la alimentación, o de la construcción, que no dependan del dólar, que fueron arrastrados por esta operación cambiaria "sin ningún fundamento objetivo".

Explicaron, además, que pidieron al sistema financiero información de operaciones que desencadenaron un proceso de suba de precios y, si hay responsabilidad, realizarán una denuncia penal.

En sintonía con el argumento del Gobierno

• Alejandra Gils Carbó - Procuradora general
  
  Los fiscales a su cargo creen que las maniobras de algunas empresas con el dólar dispararon un proceso de aumento de precios injustificados, que podrían configurar un fraude contra la administración pública