Investigan los préstamos de la Anses para financiar una planta de agua

Después de detectar un puñado de irregularidades en la licitación, la Justicia ahora pone bajo la lupa el financiamiento de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, que AySA adjudicó por $ 2800 millones a un consorcio liderado por Odebrecht. El fiscal Federico Delgado pidió ayer que la Anses realice un informe detallado sobre el desembolso de $ 890 millones para financiar parte de la obra.

La nota emitida ayer por Delgado le pide a Emilio Basavilbaso, director del organismo, "que en un plazo breve y perentorio informe al tribunal el respaldo legal del mutuo [préstamo] entre AySA y el organismo realizado el 21 de agosto de 2008 por un plazo de diez años". El fiscal insistió en que "la idea es contar con un informe y no con documentos cuyo abordaje se vuelve materialmente imposible".

Aunque la llave de Odebrecht para ganar el contrato fue el financiamiento externo que había acordado con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes). El dinero desembolsado para construir la planta fue mayormente público, informaron fuentes con acceso al expediente. El banco brasileño otorgó un préstamo de unos US$ 250 millones a la empresa pública de aguas.

Un informe de la AGN revela que AySA constituyó un fideicomiso con Nación Fideicomisos, que fue financiado por la Anses con $ 1100 millones. Una vez que se agotaron esos fondos, el Estado abrió las arcas del Tesoro de la Nación para proveer otros $ 800 millones. En total, $ 1900 millones sólo hasta 2012.

Una situación similar ocurrió con el soterramiento del tren Sarmiento. Primero Odebrecht ofreció financiamiento del Bndes para ganar la licitación, pero el banco terminó por declinar el préstamo. El contrato finalmente fue puesto en marcha el año pasado por Mauricio Macri.

La financiación local fue clave durante los primeros meses de la construcción de la planta. El mayor desembolso que ejecutó AySA, sin embargo, fue el pago del adelanto financiero que aumentó del 10% al 20% en febrero de 2009. La Justicia analiza ahora si, tal como sucedió con decenas de obras durante el kirchnerismo, esos desembolsos canalizaron el pago de sobornos.