Investigan si De Vido favoreció con fondos a las provincias "amigas"

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, será investigado en una nueva causa penal, acusado de haber repartido fondos para levantar viviendas favoreciendo a las provincias gobernadas por oficialistas y perjudicando a las que tienen mandatarios opositores.

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó ayer un requerimiento de instrucción (paso indispensable para dar inicio a la investigación) y, en ese documento, imputó formalmente a De Vido; es decir, lo identificó como acusado ante el juez Ariel Lijo.

La denuncia penal que dio inicio a este expediente había sido presentada el 9 de enero pasado por 19 dirigentes opositores; entre ellos, Elisa Carrió, Fernando "Pino" Solanas, Fernanda Reyes, Manuel Garrido, Fernando Sánchez, Alcira Argumedo, Roy Cortina y Mario Cafiero.

En su denuncia, afirmaron que el gobierno nacional -desde el área que conduce De Vido- dispuso otorgar a los institutos de la vivienda de las provincias fondos sin ningún parámetro objetivo, sólo bajo premisas políticas.

Los denunciantes destacaron que los recursos que recibieron entre 2006 y 2013 Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chubut, Catamarca, Chaco, Jujuy, Entre Ríos, San Luis y la Capital Federal disminuyeron o aumentaron de acuerdo con la alineación política de sus gobernantes. "La asignación de los programas asistenciales enmarcados dentro del Plan Federal de Viviendas no se ajustaría a criterios objetivos legalmente establecidos, sino que su adjudicación estatal respondería a decisiones discrecionales derivadas de afinidades políticas", relató el fiscal que afirmaron los denunciantes.

Además, indicó que ellos explicaron que los criterios que debieron haberse aplicado son "los valores de participación de cada provincia en el déficit habitacional y los índices de distribución fijados en la normativa que regula el Sistema Federal de la Vivienda".

Pollicita transcribió en su requerimiento de instrucción algunas comparaciones incluidas en la denuncia como demostrativas de los delitos de los que acusan a De Vido. Por ejemplo, que Córdoba fue recibiendo un porcentaje cada vez menor del total de fondos girados por planes federales de vivienda "en virtud de la postura asumida por el gobernador De la Sota en torno al conflicto con el campo". Los denunciantes relataron que recibió 120 millones de pesos en 2006 (equivalentes a 2000 viviendas) y 35 millones en 2012 (216 hogares), pese a que no se modificaron sustancialmente los parámetros de referencia.

En cuanto a Santa Fe, la denuncia advierte que recibió más fondos en 2006 que lo que obtuvo en conjunto en todos los años de gestión del Frente Progresista.

Cuenta también que Chubut sufrió una disminución de lo otorgado "coincidente con el distanciamiento del gobernador Das Neves con el Estado nacional". La ciudad de Buenos Aires recibió, entre 2006 y 2012, "una porción de fondos federales para vivienda muy inferior a su participación en el déficit habitacional del país". Chaco consiguió más fondos cuando asumió como gobernador Jorge Capitanich (hoy jefe de Gabinete), y San Luis fue la menos favorecía, con sólo cuatro millones de pesos entre 2006 y 2010.

En su presentación de ayer, Pollicita pidió además que se solicitara una serie de informes a organismos públicos como medidas de prueba para avanzar con la investigación.

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