Investigan una red de espionaje que tendría apoyo del Gobierno

La investigación judicial sobre una banda de espionaje clandestino amenaza con nuevos sinsabores a la accidentada gestión de Cristina Kirchner: en la causa que tramitan la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Alberto Gentili habría indicios elocuentes, según fuentes tribunalicias, de que esas operaciones de intercepción ilegal de correos electrónicos y comunicaciones telefónicas de jueces, dirigentes políticos, artistas y periodistas se habrían realizado, si no a pedido, por lo menos al amparo de altos funcionarios del Gobierno.

Las maniobras serían parte también, según testimonios que se estudian en la causa, de una sórdida guerra entre ministros del gabinete nacional. Comienza a vislumbrarse, entonces, la existencia de una unidad de inteligencia irregular, pero sometida a un control político de alta jerarquía.

El escándalo empezó cuando el director de Informática de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Catoira, denunció ante el juez federal Sergio Torres que la computadora del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, había sido objeto de intrusiones ilegales. Torres debió enviar la causa a San Isidro: sigilosa, la jueza Arroyo Salgado andaba, desde hacía más de un año, tras la pista de una “ciberbanda” denunciada por la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE). Como en el film “La vida de los otros”, los espías eran, a la vez, espiados.

Existen signos llamativos de que podría ser esa red ilegal la que controlaba a Lorenzetti. El puente entre las dos investigaciones es el ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Iván Velázquez. Señalado por distintas publicaciones como el presunto fisgón del presidente de la Corte, Velázquez denunció que lo perseguían y marchó hacia Montevideo.

Desde allí realizó declaraciones en las que negó cualquier nexo con el caso de Lorenzetti, pero admitió operaciones de "hackeo" de cuentas de e-mail de particulares, según él, a pedido de la SIDE.

Si bien Velázquez trabajó como agente de esa dependencia hace varios años, sus prestaciones más recientes lo encontraron en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esa fuerza depende de Marcelo Saín y, por encima de él, de Aníbal Fernández, ministro de Justicia.

Algunos testimonios en poder de la jueza Arroyo Salgado harían pensar que Fernández sería el funcionario político que más aclaraciones debería aportar por las actividades que se investigan. Sencillo: en San Isidro habría un caudaloso intercambio entre una cuenta personal del ministro de Justicia -y antes, del Interior- y otra de Velázquez.

Según allegados a la pesquisa, en algunos de esos mensajes alguien que firma "Iván" le pedía instrucciones y reportaba informes a alguien a quien llama "Aníbal". Cabe la posibilidad de que esas cuentas del funcionario y del espía hayan sido intervenidas y utilizadas por terceros que simulaban ser sus titulares. Sería de literatura fantástica.

Las afinidades operativas podrían ser, también, políticas: hacia comienzos de octubre, Velázquez veía en Fernández al mejor candidato para reemplazar en el Ministerio de Defensa a Nilda Garré. Esta simpatía ilumina ahora un episodio que, en aquel momento, causó un revuelo. La ministra Garré pasó a retiro al jefe de Inteligencia del Ejército, general Osvaldo Montero, acusándolo de conspirar en su contra. LA NACION consignó en aquella oportunidad que detrás de Montero se alinearía un sector de las Fuerzas Armadas que alentaba la candidatura de Fernández para la cartera castrense.

Ahora aparecen más informaciones en ese sentido: el espía clandestino Velázquez, que antaño revistó también en el Ejército, habría puesto sus destrezas electrónicas al servicio de esa operación.

Conexiones

La jueza Arroyo Salgado y el fiscal de la causa, Alberto Gentili, intentan también establecer si existe alguna conexión entre estas tareas de espionaje y el movimiento de la cuenta de correo electrónico tresbanderas@gmail.com , que se servía del nombre de fantasía "Juan Pueblo". También se indaga el flujo de correspondencia de las direcciones showbusinessmercenary@hotmail.com y businessmercenary@hotmail.com con las direcciones liodepolleras@hotmail.com y pininomas75@gmail.com . Por estas cuentas circuló un torrente de mensajes electrónicos capturados de un inventario muy amplio de correos sometidos a vigilancia clandestina.

Entras las víctimas de esos seguimientos hay personas de los más diversos sectores de la vida pública. Por ejemplo, directivos de medios de comunicación como Bartolomé Mitre (LA NACION), Héctor Magnetto (Clarín) , Roberto García (Ambito Financiero) , Jorge Fontevecchia (Perfil) o Daniel Hadad (Radio 10) y periodistas como María Laura Avignolo, Ana Barón, Marcelo Bonelli, Walter Curia, Diego Fuks, Luis Majul, Debora Pérez Volpin, Daniel Santoro, Pablo Sirvén, Ernesto Tenembaum, Gerardo Young e Ignacio Zuleta, entre otros.

En la Corte, además de Lorenzetti, eran blancos de este espionaje paralelo Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni. También la banda "hackeaba" correos de políticos. Las cuentas favoritas son de la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, de la oposición al ex intendente Sergio Villordo, de Quilmes. Entre esos blancos están Daniel Scioli y su hermano José, Hilda "Chiche" Duhalde, Alfredo Atanasoff y María Helena Chaves (esposa de Felipe Solá).

Hay opositores de los más variados, desde Ricardo López Murphy y Jorge Telerman a Jesús Rodríguez y Sergio Acevedo. Y, con una abundancia llamativa, figuras del gobierno. Hasta pocas semanas atrás, estuvo vigilada, por ejemplo, la correspondencia del secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine y la de Alessandra Miniccelli, esposa de Julio De Vido, quien tenía intervenidas dos casillas de e-mail , una privada y otra de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).

El senador José Pampuro y el ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, igual que su hermana Vilma, eran controlados. El canciller Jorge Taiana, el embajador en los Estados Unidos, Héctor Timerman, y su colega en la ONU, Jorge Argüello, eran monitoreados casi con la misma frecuencia que los diplomáticos retirados Federico Barttfeld o Andrés Cisneros.

El mundo del espectáculo era otro objetivo de los espías que investiga la jueza Arroyo. Las víctimas espiadas iban de Susana Giménez a Gerardo Sofovich, Andrea del Boca, Celeste Cid y Carolina Ardohain ("Pampita"), entre otros.

Comercialización

Al menos una parte de esta faena clandestina se comercializaba. Enmascarados tras las cuentas businessmercenary@hotmail.com o showbusinessmercenary@hotmail.com se cobraban 800 pesos por cada dirección electrónica.

Si el cliente era "mayorista", se le ofrecía un "combo": una intervención en una casilla adicional por cada correo contratado de modo permanente.

Arroyo Salgado debe despejar un inventario muy extenso de incógnitas. La más obvia: cómo es que estas tareas de espionaje se realizaron, por lo menos en parte, desde una dependencia oficial como la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

De haber existido esos contactos entre Velázquez y Fernández, acaso sea el ministro de Justicia quien más dudas deba resolver. Los indicios, todavía preliminares, de que estaría en conocimiento de estas actividades irregulares, se agregan a su controvertida decisión de tamizar los pedidos que los magistrados puedan realizar a las fuerzas de Seguridad en las causas que investigan.

Tal vez no terminen allí los interrogantes. El ex presidente Néstor Kirchner, que se hizo famoso por controlar todo lo que sucede a su alrededor, tal vez deba algún día aclarar si estaba al tanto de que, en el seno del gabinete que presidía, se constituyó hace más de tres años una unidad de espionaje clandestino.