Investigarán en Diputados el vínculo con Venezuela

El escándalo bolivariano parecía haberse apagado. Sin embargo ayer, en la Cámara de Diputados, se produjo un movimiento casi imperceptible pero capaz de reavivarlo: el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alfredo Atanasof, convocó para el miércoles próximo al embajador en Venezuela, Eduardo Sadous, para interrogarlo sobre los indicios de corrupción en el vínculo con ese país. La Cancillería trasladó la invitación a Sadous, quien asistirá a la Comisión.

La citación a Sadous parece inocua. En especial porque nadie espera que revele mucho más de lo que ya dijo ante la Justicia: que oyó de algunos empresarios que para exportar a Venezuela había que pagar coimas del 15% y que la relación con ese país fue administrada por una diplomacia paralela desde que los Kirchner están en el poder.

Las cámaras del Congreso no son los tribunales, sobre todo si las maneja la oposición. Las mismas declaraciones de Sadous, formuladas ante legisladores, pueden desencadenar un nuevo temblor en el Gobierno. Sobre todo si la ratificación de las palabras del embajador motivan la creación de una comisión investigadora sobre todas las facetas de la relación con Venezuela. Esta es la intención originaria de Atanasof, según lo que viene conversando con otros diputados del PJ disidente, la UCR y de la Coalición Cívica.

En las últimas horas, varios legisladores de la oposición estudian una propuesta mucho más innovadora: el establecimiento de una comisión investigadora permanente de la Cámara de Diputados.

El comité para investigar el vínculo entre los Kirchner y Chávez debe ser aprobado por el plenario de Diputados. Es posible que la iniciativa cuente con los votos necesarios. A partir de allí, la identidad de los actores y la (baja) calidad de los problemas, garantizan un inquietante espectáculo capaz de agitar la vida parlamentaria hasta diciembre de 2011.

Por la mirilla de las sospechas e insinuaciones de Sadous los diputados podrían ingresar a un inventario interminable de transgresiones y conflictos: la valija Antonini Wilson y los viajes de Claudio Uberti y Victoria Bereziuk; las emisiones de bonos argentinos y su utilización para fugar capitales del mercado venezolano; las triangulaciones en la venta de equipamiento de electromedicina a cargo del Invap; el gasoducto garciamarquezco que recorrería América del Sur del Caribe al Plata; la estatización de las compañías de Techint, sobre todo de la siderúrgica Sidor; el desembarco de empresas argentinas ligadas al Gobierno -en especial Electroingeniería y las de Lázaro Báez-, que vendieron productos al fideicomiso venezolano; y, tal vez antes que nada, las compras de fueloil a precios exorbitantes, realizadas a través de compañía de trading conectadas a la política.

El listado de las figuras que desfilarían por el Congreso es llamativo. Hay funcionarios como Julio De Vido -y, sobre todo, su secretario José María Olasagasti-; la ex embajadora en Caracas y actual ministra de Defensa, Nilda Garré; la actual embajadora, Alicia Castro; y el canciller Jorge Taiana. También los empresarios Oscar Giménez, José Ernesto Rodríguez, Roberto Wellisch o Francisco Carrasquero, señalados como los destinatarios de los presuntos sobornos de los que habla Sadous. U otros menos conocidos, como Ider Peretti, quien debió desmentir que pidiera una participación en las exportaciones de ganado a Venezuela, o Guillermo Draletti, abogado de Antonini por un par de horas, hasta que el "valijero" lo desautorizó en público. Ambos son ahora puntales de la política comercial de Guillermo Moreno, quien los puso al frente de su Consejo Argentino de Productores.

Siempre se dice que "si necesitas sepultar un problema, confíaselo a una comisión". Vista esta agenda desde el ángulo penal, habría que coincidir. Con una salvedad: la divulgación parlamentaria de informaciones y testimonios suele ejercer una presión inevitable sobre los jueces, sobre todo si éstos investigan arrastrando los pies. En el caso del vínculo con Venezuela hay dos magistrados que se sentirán interpelados: el juez en lo penal económico Daniel Petrone, a cargo de la causa de la valija, y el juez penal federal Julián Ercolini, que investiga las denuncias de Sadous.

Lo que se discutirá en el Congreso no es la dimensión policial sino política del vínculo con Venezuela, y esto sí entraña varias novedades. En principio, obligará a las fuerzas parlamentarias a algo inusual: definirse sobre política exterior.

Atanasof proviene del PJ disidente y es él mismo el nexo más activo entre Eduardo Duhalde y Francisco de Narváez. Tendrá el apoyo de la Coalición Cívica ya que, como en muchos otros casos, Elisa Carrió fue la primera en denunciar la opacidad de los negocios con Chávez y su gobierno. Pro, de Federico Pinedo, y la UCR que encabeza Oscar Aguad, también adelantaron su apoyo a la investigación. En cambio el alineamiento de la izquierda ante la cuestión chavista es menos nítido. Será interesante detectar qué posición adopta cada bloque: desde los poscomunistas Martín Sabbatella y Carlos Heller, hasta los opositores "Pino" Solanas y Claudio Lozano.

Esta iniciativa opositora atraerá la atención de varias cancillerías, sobre todo las de los Estados Unidos y la de Colombia. Ambos países tienen un trato conflictivo con Venezuela, aun cuando en los últimos tiempos se han registrado algunos matices -Caracas acaba de pedir ayuda a Washington para estudiar casos de lavado de dinero protagonizados por amigos del propio régimen, y Juan Manuel Santos, probable triunfador de la segunda vuelta electoral colombiana, promete suavizar el diálogo con el emir caribeño-. En cambio, para las administraciones amigas de Chávez -las de Cuba, Ecuador, Bolivia o Nicaragua- lo que suceda en el Congreso argentino ya fue calificado: es, otra vez, el imperio, intentando debilitar al "socialismo del siglo XXI".