Ley antiterrorista contra un periodista: "Esto no es un mensaje para mí, sino para todo el periodismo independiente"

Juan Pablo Suárez no lo pensó dos veces la noche del 9 de diciembre de 2013, cuando una protesta de la policía de Santiago del Estero le daba un tremendo dolor de cabeza al gobierno del saliente Gerardo Zamora, en el corazón de la capital provincial.

El reloj había pasado de las 21 y en la redacción de Última Hora, el medio digital que Suárez integra desde 2007, ya no había periodistas para cubrir la noticia. Entonces él, editor responsable, tomó un micrófono y junto a una camarógrafa salió a la calle. Lograron registrar el arresto y la agresión que sufrió el cabo Nelson Villagrán, un efectivo que se encontraba con sus hijas de 8 y 11 años reclamando por mejoras salariales. Estaba a punto de encadenarse en la plaza céntrica de la ciudad.

Con el material encima, Suárez publicó el video en el portal de Última Hora. Sólo era cuestión de minutos para que se desatara la tormenta. "Cerca de las diez de la noche nos golpean el vidrio en la redacción... Entraron 30 policías encapuchados con cascos y escudos y de manera casi brutal me retuvieron. Preguntaron directamente por mí. No tenían orden ni de allanamiento ni de detención, pero decían que la orden la había dado verbalmente la jueza Rosa Falco", contó Suárez a LA NACION.

A sus 45 años y con doce de profesión a cuestas, Suárez no se resistió; pero su vida quedó a partir de allí en manos de un proceso judical laberíntico cruzado por la política, cual Josef K. en la novela de Franz Kafka. Ahora enfrenta una condena de hasta doce años de prisión por "sedición" en el marco de una supuesta violación a la ley antiterrorista. Confiesa haber recibido en otras oportunidades amenazas telefónicas o sufrir la rotura de cubierta en alguno de sus autos por las notas que publicó, pero nunca protagonizó un hecho como el que vivió en diciembre pasado.

Su caso despertó el repudio unánime de las entidades periodísticas SIP, ADEPA, FOPEA y la Fundación LED, de partidos de izquierda y organizaciones de derechos humanos, que ya habían cuestionado la norma, sancionada por el kirchnerismo a pedido del GAFI para combatir el lavado de dinero y posibles actos que tengan por "finalidad de aterrorizar a la población". El Congreso de la Nación se hará eco hoy del caso, cuando Suárez encabece una audiencia abierta desde las 15 junto a legisladores de distintos bloques

"Esto no es un mensaje para mí, sino para todo el periodismo independiente", expresó Suárez a LA NACION. El periodista vinculó su situación a cuestiones políticas y cuestionó al gobierno que hoy conduce Claudia Ledesma Abdala, esposa del ex gobernador Zamora, actual presidente provisional del Senado. "La causa está armada contra el periodismo no oficialista", señaló. "Acá en Santiago la prensa se divide entre el miedo y los negocios. Los medios chicos reciben pautas muy chicas que se conjugan con el miedo. Y los medios grandes hacen muy buenos negocios con el gobierno", denunció.

El video que filmó Suárez

Detenido y en huelga de hambre

El periplo de Suárez en un calabozo de la comisaría 1ra. de Santiago del Estero duró diez días. En el medio, estuvo internado por deshidratación cuando se negó a consumir alimentos y líquidos en repudio al trato recibido.

"Al día siguiente de mi detención, el 10 de diciembre, los policías de la comisaría me sacaron del calabozo y me hicieron ver la asunción de la actual gobernadora. Claramente el mensaje era que esa persona mandaba. Eso fue el detonante que me hizo entrar en huelga de hambre", recordó Suárez. Pasó sus días junto a cinco delincuentes en una celda de poco más de un metro cuadrado.

Cerca de Navidad, la jueza Falco lo llamó a indagatoria pero luego se declaró incompetente, y el expediente pasó a la Justicia Federal. "Ahí entro en un agujero negro", señaló el periodista. Ya en libertad, fue citado por el juez federal Guillermo Molinari y el fiscal Pedro Simón. No le tenían buenas noticias. "Se me acusa de sedición y me avisan un cambio de tipicidad del delito", contó. La carátula se agravó con el artículo 212 del Código Penal y el artículo 41 quinqueis de la ley antiterrorista, que dispone la duplicación de la pena. Así, ahora enfrenta una pena de entre 6 a 12 años.

"Además, no respetaron la cadena de custodio de elementos secuestrados. A mí me sacaron una notebook, una CPU y un celular con todas mis fuentes", se quejó Suárez, que alertó sobre las consecuencias que podría tener su causa para la actividad periodística. "Están violando el secreto profesional -denunció-. Y hay una grave contradicción: ¿cómo un juez puede interpretar la actividad del periodista? ¿cómo, desde sus conocimiento como juez, puede decir que un periodista está conspirando y no informando?".

Desafiante, Suárez ponderó más las profesión que su persona y señaló que está dispuesto a asumir esos riesgos frente a la Justicia. "Si el juez tiene derecho a preguntarme sobre mis fuentes, yo tengo el derecho de negarme a darla. Si yo tengo que proteger a mis fuentes más que a mi mismo, lo voy a hacer", afirmó.

¿Tiene miedo de ir preso?, preguntó LA NACION entonces. Suárez será llamado por el juez a declaración indagatoria entre el jueves y viernes próximo. Allí podría definirse su suerte. "Si quieren meterme preso, no me extrañaría que así suceda. Estoy preparado psicológicamente para lo peor -respondió Suárez. Pero la peor noticia para mí, sería la peor noticia para todos".