La Justicia allanó domicilios ligados a un productor de seguros cercano a Alberto Fernández
Se trata de Héctor Martínez Sosa, marido de la secretaria histórica del expresidente; el juez Ercolini busca computadoras que no fueron encontradas en los primeros allanamientos
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LA NACION
El juez federal Julián Ercolini realizó nuevos allanamientos en la causa en que investiga al expresidente Alberto Fernández, acusado de interesarse en los seguros que contratan las distintas dependencias del Estado y por las que en cuatro años se pagaron comisiones por 3250 millones de pesos a intermediarios. El magistrado allanó diversos domicilios ligados a Héctor Martínez Sosa, un broker allegado al expresidente y marido de María Cantero, la exsecretaria privada de Fernández.
El juez buscaba computadoras de Martínez Sosa. Se enteró de la existencia de estos dispositivos durante la investigación, ya que aparecieron listados de claves y usuarios, pero esos aparatos no fueron encontrados: sólo se secuestró un teléfono celular cuyas llamadas y contenido serán peritados.
Asimismo, se secuestraron papeles y documentos que se suman a las pólizas que ya están en poder del juzgado federal. Entre los lugares allanados se encuentra una propiedad en Nordelta, dijo una fuente de la investigación, y otros domicilios ligado al empresario.
Ercolini dispuso los allanamientos luego de haber sido confirmado al frente de la causa por la Cámara Federal, que la semana pasada rechazó una recusación de Alberto Fernández, que sostenía que como él había denunciado a Ercolini, tenía un fundado temor de parcialidad en su contra de parte del juez.
El mismo día, no obstante, la Cámara levantó la inhibición general de bienes que Ercolini había dispuesto contra el expresidente. La decisión de revocar la inhibición de bienes fue tomada por los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, con la disidencia de Martín Irurzun. La confirmación de Ercolini al frente de la investigación la dispuso Boico, en forma unipersonal.
La Justicia investiga si es que Alberto Fernández y su exsecretaria incidieron para que los seguros de dependencias del Estado se contrataran mediante la empresa de Martínez Sosa. Asimismo, se investiga si Fernández, al dictar un decreto que obligó a los organismos del Estado a contratar sus pólizas con Nación Seguros, buscó beneficiarse o beneficiar a algún empresario del sector.
Con la confirmación de Ercolini como juez de la causa, se aceleraron las medidas de prueba pendientes y el análisis de la evidencia recolectada hasta ahora. Fernández está siendo investigado a partir de una denuncia del Gobierno porqué firmó el decreto 823/2021, que obligaba a los organismos públicos a contratar sus pólizas mediante Nación Seguros. Pero en la contratación de esas coberturas intervinieron diversos productores y asesores de seguros. Un sector que Fernández conocía largamente desde que ocupó la superintendencia de Seguros de la Nación, entre 1989 y 1995.
En particular, los brokers que intervinieron mayoritariamente son Bachellier, que cobró comisiones por $1665 millones entre 2020 y 2023; la empresa Martínez Sosa y Cia, con más de $366 millones. y Castello Mercuri SA, aportante a la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019, que llevó como candidatos a Fernández y Cristina Kirchner.
La Justicia ahondó sus averiguaciones sobre la empresa de Martínez Sosa y su entorno porque el broker le prestó 20.000 dólares al expresidente, que nunca los devolvió, y porque su esposa, Cantero, era la secretaria privada de Fernández. El broker, además, visitó al expresidente en Olivos y era dueño de las oficinas que Fernández usó como búnker durante la campaña de 2019.
Cuando estalló el escándalo, el expresidente mantuvo el bajo perfil en el expediente, pero se comunicó con Martínez Sosa y le pidió que saliera a aclarar públicamente que no tenían ningún negocio en común y que no eran parte de ninguna maniobra para repartirse comisiones.
El empresario le contestó los mensajes de WhatsApp de mala gana y le escribió que estaba siendo asesorado por especialistas que le habían aconsejado mantener silencio. Le dijo que no era su testaferro y que nunca habían tenido negocios en común, según señalaron a LA NACION fuentes del caso, que advirtieron que todo esto quedó registrado en las comunicaciones a las que podrá acceder la Justicia.
Martínez Sosa emitió un comunicado en el que manifestó: “Nunca he ni hemos solicitado como empresa al expresidente su intervención en ninguno de nuestros negocios”. Mencionó que “es real” su relación “de muchos años con el expresidente Alberto Fernández” y agregó que hace 15 años le hizo “un préstamo (aún impago)” que fue registrado en sus declaraciones juradas y en las de Alberto Fernández.
La relación entre Martínez Sosa y Fernández se rompió. Ya no es la que solía ser en otras épocas, con encuentros, cenas y tiempo compartido. Por entonces, había una relación laboral de máxima intensidad y de febriles demandas a toda hora con Cantero, por razones de la gestión pública.
La relación entre Martínez Sosa y el expresidente empezó cuando Fernández era superintendente de Seguros. Martínez Sosa trabajaba en la empresa que fundó su padre hace 52 años. María era secretaria de Alberto Fernández en esa época. Así la conoció quien se convirtió luego en su marido.
Cuando Alberto Fernández se convirtió en jefe de gabinete de Néstor Kirchner, incrementó notablemente la demanda sobre su secretaria, que andaba con tres teléfonos celulares. Eso mermó con la renuncia de Fernández, pero todo se volvió a agitar cuando se convirtió en candidato y luego en presidente. Entre 2019 y 2023, Martínez Sosa y Fernández siguieron en contacto, pero esporádico. Se vieron unas cuatro veces, según allegados al empresario.
Ercolini, que investiga a ambos, inhibió sus bienes para preservar sus patrimonio en caso de que sean condenados. Congeló así las inversiones de Martínez Sosa, su mujer y otras 30 personas. Sin embargo la Cámara Federal revocó esa medida.
En la causa hay unos 30 imputados entre personas, empresas y cooperativas. Ahora se investiga el rol de estas cooperativas que aparecen como propietarias de autos lujosos, de alta gama, que eran manejados por funcionarios con permiso de esas empresas.
Las personas, empresas y cooperativas afectadas a la causa son Fernández, Alberto Pagliano, Martínez Sosa, Guillermo Alonso, Cantero, TG Broker, Pablo Torres García, Guillermo Torres García, Bachellier, Alfredo Tórtora, Ricardo González, Castelo Mercuri SA, Oscar Castello, Ernesto Mercuri y San Ignacio SA. También, Brian Kelly, Hernán Bressi, San Germán Seguros, Héctor Villaverde, Camilo Moreno Crotto, Marcela Baldini, Mauro Tanos, María Victoria Bisogni, Alfredo del Corro, María Lourdes Trupia, Carlos Alberto Suárez, Marcos Eufemio, Damián Grosso, Diego Rosendi, Lucas Rosendi y las cooperativas 7 de Mayo e Irigoin Limitada.
Hasta ahora, el juez Ercolini cuenta con el decreto de Alberto Fernández que obligaba a contratar con Nación Seguros las pólizas acordadas por los organismos del Estado, los convenios con los brokers que intervinieron y un análisis que señala que se cobraron en total comisiones por 3250 millones de pesos en cuatro años.
Ercolini tiene además el contenido de los teléfonos celulares y las computadoras de los investigados, y espera contar con un análisis completo de los cruces para decidir si avanza con las declaraciones indagatorias.
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