Kirchner firmó los decretos que elevan los salarios a $ 6000
Es para funcionarios del Gobierno
El presidente Néstor Kirchner firmó ayer los decretos por los cuales se elevarán de 3000 a 6000 pesos los salarios de todos los funcionarios que ocupan cargos políticos en la administración nacional, tal como anticipó LA NACION en su edición de ayer.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó la información por la noche, y fue el encargado de esgrimir los argumentos por los cuales se aplicarán los incrementos del 100% sobre los haberes.
Los aumentos regirán desde el 1° de este mes sobre los sueldos del Presidente, el vicepresidente, los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, que pasarán a cobrar, por todo concepto, esa cifra. Eso es sin contar el plus por desarraigo, cercano a los 2000 pesos, que continuarán percibiendo aquellos que acrediten que mantienen su domicilio fuera de la Capital.
"Era claro que había que corregir el ingreso", destacó Fernández en referencia a la elevación del tope. Los incrementos se canalizaron por vía de dos decretos, el 685/04 y el 687/04. Esto fue así porque en la redacción original del primer decreto se olvidó incluir al vicepresidente Daniel Scioli.
Con esa decisión se puso fin a una restricción que había sido dispuesta durante el fugaz mandato de Adolfo Rodríguez Saá, y que establecía que del jefe del Estado hacia abajo ningún funcionario podía cobrar más de 3000 pesos.
Ese límite fue objetado por algunos de los miembros del gabinete, que, como en el caso del ministro del Interior, Aníbal Fernández, llegaron a calificar la remuneración que percibían como "no digna".
"Seis mil pesos es una suma con la que se puede vivir tranquilamente", dijo por su parte ayer el jefe de Gabinete, a modo de justificativo de la decisión presidencial. Además, el ministro comparó esa cifra con la que percibían los titulares de las carteras nacionales en 2001, que, según dijo, "alcanzaba los 8500 dólares".
En el Gobierno calculan que el total de beneficiarios de los incrementos serán unas 250 personas, pues alcanzará también a los cargos políticos de los entes descentralizados de toda la administración pública nacional.
A la vez, ayer se publicó el decreto por el que se dispuso otorgar una suma "no remunerativa y no bonificable" de hasta 150 pesos a aquellos empleados de la administración nacional que perciban una remuneración bruta inferior a $ 1000.
Adhesiones y críticas
Desde la oposición hubo reacciones encontradas sobre el tema del aumento a funcionarios.
El líder de Recrear, Ricardo López Murphy, volvió a calificar al anterior tope de $ 3000 como "disparatado", y opinó que se trataba de "una gran hipocresía que genera las pésimas costumbres de las que desgraciadamente informan nuestros tribunales", en referencia a los casos de corrupción.
Para la diputada radical Margarita Stolbizer, el cambio implica "salir de la mentira de hacerle creer a la gente que los funcionarios cobran $ 3000".
Sin embargo, Stolbizer remarcó a LA NACION que es imperativo "reformar el Estado, porque la crítica de la gente no es cuánto cobran los funcionarios, sino si se justifica".
Más duro fue jefe del bloque de diputados de ARI, Eduardo Macaluse: "Es inoportuno el aumento, porque les están negando derechos elementales a muchos argentinos, por falta de presupuesto", señaló.
En tanto, para el senador socialista Rubén Giustiniani "tiene que haber una escala de sueldos -desde el Presidente hasta los jefes comunales- que rija el ordenamiento de los salarios de todos los empleados públicos, como parte de una reforma política".
Los aumentos en el Poder Ejecutivo
- Ayer el presidente Kirchner firmó los decretos por los cuales se elevarán de 3000 a 6000 pesos los salarios de todos los funcionarios que ocupan cargos políticos en la administración nacional.
- Los aumentos regirán desde el 1° de este mes sobre los sueldos del Presidente, el vicepresidente, los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado.
- Esto es sin contar el plus por desarraigo, cercano a los 2000 pesos, que continuarán percibiendo aquellos que acrediten que mantienen su domicilio fuera de la Capital.
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