Kirchner removió al obispo Baseotto

El Presidente lo obligó a dejar el vicariato castrense; el jefe de Gabinete habló de abrir el debate para despenalizar el aborto
Mariano Obarrio
(0)
19 de marzo de 2005  

El presidente Néstor Kirchner firmó ayer un decreto por el cual dejó sin efecto el acuerdo gubernamental que había designado en 2002 a monseñor Antonio Baseotto como obispo castrense, de manera que el prelado quedará impedido de ejercer de aquí en más sus funciones por haber manifestado en muy duros términos su posición antiabortista.

Esta nueva decisión de Kirchner abre un nuevo capítulo de posible tensión entre la Casa Rosada y la Iglesia.

En medios eclesiásticos se decía ayer por lo bajo que el Vaticano considera que Baseotto sigue siendo el obispo castrense, aunque el obispado se convirtió en una "diócesis impedida". Baseotto queda así imposibilitado de ejercer funciones y el cargo quedaría en manos del vicario general, monseñor Pedro Candia.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que los dichos del obispo desplazado "recomendaban hacer algo muy parecido a lo que ocurrió en los años negros, cuando se llevaban a cabo los denominados «vuelos de la muerte»".

El Gobierno había reclamado hace veinte días la remoción de Baseotto por esas declaraciones, aunque el Vaticano comunicó el lunes último que ratificaría al obispo castrense.

A los ojos de la Casa Rosada, el prelado se había extralimitado al condenar la postura del ministro de Salud, Ginés González García, en favor de la despenalización del aborto. Baseotto había recurrido a una cita bíblica que indica que "quienes escandalizan a los niños" merecen "ser arrojados al mar con una piedra de molino atada a su cuello".

Alberto Fernández hizo el anuncio de marras en una conferencia de prensa en la Casa Rosada junto con el canciller Rafael Bielsa y con el secretario de Culto, Guillermo Oliveri.

"Hizo una serie de declaraciones que a juicio del Poder Ejecutivo se convirtieron en una alegoría con connotaciones muy fuertes en la Argentina", dijo Fernández.

Pero la tensión subió de tono por la tarde, cuando el mismo jefe de los ministros dijo en un reportaje concedido a Radio Mitre que "la discusión sobre la despenalización del aborto en algún momento se tendrá que dar en la sociedad argentina".

Como se sabe, el Vaticano tiene una postura de enérgico rechazo al aborto.

Creencias

El jefe del Gabinete agregó que "creer en la despenalización no lo transforma a uno en abortista" (de lo que se informa en la página 8).

En medios eclesiásticos se dejó trascender un clima de gran consternación por la nueva situación (de lo que se informa en la página 7).

En la Iglesia aseguran que el Gobierno no tiene facultades para destituir de su cargo a Baseotto. Argumentan que se viola así el concordato de 1957 por el cual se creó el obispado castrense y se dispuso que el Vaticano propondría una terna de obispos para cubrirlo y el Presidente de la Nación prestaría su acuerdo para designar uno a su elección.

Baseotto fue nombrado por un acuerdo de 2002 aprobado por el ex presidente Eduardo Duhalde mediante el decreto 2499.

El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, estudió el asunto y halló un argumento para destituir al obispo, aunque el Vaticano no lo acepta y analizará los pasos por seguir. La Santa Sede sostiene que no existen causales canónicas para remover a Baseotto. Eso fue lo que el nuncio apostólico, Adriano Bernardini, le transmitió el lunes último personalmente al ministro de Defensa, José Pampuro.

En rigor, Kirchner firmó ayer el decreto 220/04 por el cual se derogó el decreto 2499/02 y dejó así sin efecto el acuerdo prestado a Baseotto el 1° de diciembre de 2002. La medida también suspendió la vigencia del decreto 1084/98, que disponía una remuneración mensual de 5000 pesos para el obispo castrense.

Esta resolución durará hasta la designación del nuevo responsable del vicariato castrense.

Con esta medida, por ende, Baseotto perderá el rango de subsecretario de Estado y la facultad de acceder a todas las dependencias de las Fuerzas Armadas. Al margen de que la Iglesia no reconozca la remoción, ello le impide a Baseotto ejercer sus funciones. De allí la figura de "diócesis impedida".

"Con esta decisión, el Gobierno pretende mantener incólume su compromiso con los derechos humanos", dijo Alberto Fernández.

Según el jefe de Gabinete, "la Iglesia Católica deberá proponer otro nombre" para el cargo y ratificó: "El obispado castrense obviamente existe y en cuanto tengamos una nueva propuesta de la Iglesia y tenga el acuerdo del Poder Ejecutivo será designado".

Sobre si esta medida puede alterar la relación entre el Gobierno y la Iglesia, Fernández aseguró: "Entiendo que no significa nada".

Sin designación

Sin embargo, se comentaba ayer cerca del Episcopado que la Iglesia no designará un nuevo obispo porque supondría convalidar una decisión que consideran una intromisión del Poder Ejecutivo en un área de resorte exclusivo de la Iglesia.

Mientras que algunos en la Iglesia apuestan a que la situación se diluya, sin presentar nuevos candidatos, otros no descartan, en forma hipotética, que la tensión con el Gobierno alcance un grado mayor y que el Vaticano resuelva retirar al nuncio apostólico y dejar a un representante de menor jerarquía.

En la Justicia, en tanto, avanza la causa penal contra Baseotto por denuncias de los abogados Ricardo Monner Sans y Guillermo Pagura, que acusaron al obispo castrense de apología del crimen y de amenazas.

A fines del mes pasado, la jueza federal María Servini de Cubría pidió a González García que enviara a su juzgado el original de la misiva de Baseotto, en respuesta a un planteo del fiscal federal Paulo Starc.

ADEMÁS

MÁS LEÍDAS DE Politica

Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.