Una medida sorpresiva: el más favorecido fue el ministerio de Julio De Vido. Kirchner subió el gasto un 12 por ciento por decreto

De un plumazo, por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el Gobierno aumentó ayer casi un 12 por ciento el total del gasto presupuestario. Por esa norma, la más abultada desde que Néstor Kirchner asumió el poder, en 2003, dispuso inyectar 14.219 millones de pesos al presupuesto, buena parte de los cuales proviene del superávit fiscal.

El área más beneficiada en esta nueva asignación de recursos es, una vez más, el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido. En efecto, de acuerdo con un informe que elaboró la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), su cartera recibe un monto extra de 6837 millones de pesos, lo que significa un incremento del 42% del crédito original que le había asignado la ley de presupuesto.

De ese monto, buena parte se destinará a paliar la crisis energética –2735 millones–, mientras que 1796 millones se aplicarán a la “formulación y ejecución de políticas de transporte automotor ferroviario”, lo que en buen romance significa mayores subsidios.

Con esta medida, el presidente Kirchner incurre una vez más en una práctica habitual de su gestión, que consiste en aumentar el gasto de la administración pública por medio del atajo del DNU para reasignar, a su total discreción y sin la aprobación del Congreso, los recursos excedentes de la recaudación. Estos excedentes se obtienen al subestimar el cálculo de los ingresos en la ley de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo al Congreso, un mecanismo que el presidente Kirchner ha venido aplicando sistemáticamente desde que asumió.

Para financiar este nuevo gasto, este último decreto recurre, en mayor medida, a la recaudación tributaria (11.086 millones). Los 3134 millones restantes provendrán de un mayor endeudamiento, según indica en su texto.

Además del Ministerio de Planificación, otra de las áreas más beneficiadas es el Ministerio de Economía, que recibirá 600 millones de pesos extras, de los cuales 483 millones están destinados a la Oficina de Control Comercial Agropecuaria, la cual se dedica a subsidiar la producción alimentaria.

Connotación electoral

Este súbito incremento del presupuesto podría superar con creces al que el Gobierno dispuso a lo largo del año pasado. En efecto, al 31 de diciembre de 2006, el gasto total subió 16.635 millones, según ASAP. Con una salvedad: el grueso de ese incremento se hizo por ley, no por DNU. En tanto, en tan solo ocho meses de este año, el presupuesto ya aumentó 14.200 millones de pesos.

El Gobierno justificó la medida en la necesidad de atender "casos de urgente asistencia financiera a fin de evitar dificultades en el funcionamiento de la administración nacional". Merced a esta "urgencia", se vio obligado a apelar al decreto y esquivar el trámite ordinario de sanción de las leyes.

Para la oposición la lectura es muy distinta. "Esta suba persistente del gasto tiene una clara connotación electoralista", bramó.

Dirigentes y legisladores opositores no se cansan de criticar el uso y abuso que el gobierno nacional realiza de los DNU y de los superpoderes para modificar el presupuesto nacional. Por medio de los DNU, el Poder Ejecutivo maneja a su antojo los excedentes de la recaudación (fruto de la subestimación de los ingresos en el presupuesto). Esta es precisamente la herramienta que utilizó ayer con la emisión del decreto 1108.

El otro mecanismo frecuente que aplica el Poder Ejecutivo para reasignar los recursos públicos a su discreción son los polémicos superpoderes. Esta herramienta se hizo permanente desde que el Gobierno logró aprobar una norma en el Congreso que modifica la ley de administración financiera, la cual fijaba límites precisos al Poder Ejecutivo a la hora del manejo de los recursos presupuestarios.

Sin embargo, con los superpoderes aprobados por ley, el jefe de Gabinete está facultado para disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ley de presupuesto, pudiendo incluso cambiar las finalidades de las partidas y reducir aplicaciones financieras para luego destinarlas a gasto corriente o de capital.

"Cada discusión del presupuesto nacional en el Congreso no tiene sentido, porque después el jefe de Gabinete puede modificar a su antojo el destino de las partidas por medio de los superpoderes, o bien incrementar el gasto por un DNU. La Constitución nacional es bien clara cuando designa al Parlamento como el único órgano para fijar, por ley, el límite máximo para el gasto de la administración pública. Este gobierno viola la ley, recurre a atajos y esquiva al Congreso", asestó el diputado Luis Galvalisi (Demócrata Progresista-Capital).

Su par Miguel Giubergia (UCR-Jujuy) no disimula su asombro por esta nueva medida presidencial. "Este decreto refleja de manera cabal la manera hegemónica de actuar de este Gobierno que, por medio de los superpoderes, convirtió al Congreso en una escribanía", marcó el legislador.

Por su parte, el diputado Jorge Sarghini (Justicialismo nacional-Buenos Aires) advirtió que este aumento del gasto guarda relación con la proximidad de las elecciones presidenciales de octubre próximo.

"Estoy convencido de que esta suba del gasto tiene un claro fin electoralista. Para peor, la asignación de los recursos es pésima: basta tomar como ejemplo el transporte público, al cual el Gobierno destina millones en subsidios y el servicio es un desastre", aseguró el legislador.

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