La AFIP le entregó a Bonadio los datos de Cristina y Lázaro Báez

Tras el pedido del juez federal Claudio Bonadio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó ayer las declaraciones juradas de Cristina Kirchner, de sus hijos y de Lázaro Báez. A partir de esa información, el magistrado busca determinar cómo es la vinculación entre las empresas Hotesur, propiedad de la familia presidencial, y Valle Mitre, la gerenciadora de los hoteles de los Kirchner que preside el empresario patagónico.

Desde la AFIP, su titular, Ricardo Echegaray, aseguró que "toda la información que piden siempre se ha entregado a los juzgados", y tras evitar pronunciarse sobre si la empresa Hotesur mantenía alguna deuda con el organismo, reiteró "que al juzgado le informamos todo".

El jueves, Bonadio dio un nuevo paso en la causa en la que investiga la firma Hotesur SA -que controla Alto Calafate y el resto de los hoteles de los Kirchner en la Patagonia- y su relación con Valle Mitre SA, la empresa de los Báez que durante años gerenció los hoteles de la Presidenta y que le pagó millones de pesos por cientos de habitaciones que jamás usó. El juez ordenó un operativo en la entidad recaudadora para obtener las declaraciones juradas de Cristina Kirchner y su familia, que se suma al allanamiento de la semana anterior en la sede de Hotesur, por las numerosas irregularidades en las presentaciones de la empresa a la Inspección General de Justicia (IGJ) y la posible relación con lavado de dinero.

Estas acciones generaron un fuerte malestar en el Gobierno y una nueva embestida contra el magistrado, con una denuncia penal incluida por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, firmada por el senador ultrakirchnerista Marcelo Fuentes.

El juez federal Julián Ercolini, encargado de investigar la denuncia, le pidió ayer opinión al fiscal Eduardo Taiano. Ercolini le corrió lo que técnicamente se conoce como la "vista del 180", es decir, el traslado de la denuncia de Fuentes, para que decida si impulsa la investigación o la desestima por inexistencia de delito.

En este sentido, Taiano pidió que Fuentes sea citado a ratificarla y a aportar más información en caso de que la tenga.

En tanto, ayer cuando llegaba a Tribunales, Bonadio fue abordado por periodistas que lo consultaron por la denuncia en su contra, pero el juez evitó hacer declaraciones. "No comments. Sin comentarios", repitió en Comodoro Py.

Tampoco quiso referirse a la denuncia de la flamante presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, quien sostuvo que "no corresponde hablar de una situación en particular".

"Yo no voy a hablar de un caso particular porque no corresponde. Ayer se formuló una denuncia, pero hay varias dentro del Consejo de la Magistratura, no sólo contra Bonadio, sino también contra otros jueces", afirmó Vázquez.

La presidenta del Consejo de la Magistratura se limitó a informar que las denuncias contra Bonadio "no son nuevas", sino que "llevan bastantes años", y adelantó que "la Comisión de Disciplina y Acusación, que preside el académico Daniel Candis, secundado por el juez Luis María Cabral, indicará el orden del día", es decir, cuándo se tratarán las acusaciones.

Desde el Gobierno, en tanto, continuaron ayer con las críticas contra Bonadio. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, lo acusó de tener una "intencionalidad de carácter político" en su accionar. "Respecto del juez Bonadio, creo que se ha dicho mucho de este tema y queda clara su verdadera intencionalidad de carácter político", dijo en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Además, la diputada nacional Graciela Giannettasio (Frente para la Victoria) recordó que Bonadio "es el juez que paralizó la búsqueda" de Lucas (Menghini Rey) en la tragedia de Once, y consideró que el magistrado "tiene más manchas que el tigre". A su vez, el diputado nacional Feletti (FPV), dijo que "allanar una empresa para crear sospechas sobre el buen nombre de la Presidenta es una actitud golpista" y consideró que el allanamiento ordenado por Bonadio fue "en connivencia con otra diputada como [Margarita] Stolbizer, que también tiene ribetes golpistas".

En otra línea, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) consideró ayer un "disparate y una torpeza total" la denuncia penal por enriquecimiento ilícito presentada por un particular en su contra, días después de que la legisladora pidiera que se investigue a la IGJ por presunta protección a Hotesur, y la atribuyó al "mismo gobierno" nacional. "El ladrón cree que todos son de su condición", advirtió la diputada.

Su colaboradora -y testigo en la causa- Silvina Martínez también fue denunciada por supuesto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y falso testimonio.

Críticas de los abogados al nuevo Código Procesal Penal

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se refirió al proyecto del Código Procesal Penal, que anteayer quedó a un paso de ser ley, y consideró que "esconde su real propósito" que es convertirse "en un obstáculo para la investigación de delitos, especialmente, los referidos a hechos de corrupción perpetrados contra el Estado nacional". "El ideario del proyecto hace foco en aquellas alternativas que facultarían a quien ejerce la titularidad de la Procuración General de la Nación a, por ejemplo, burlar el sistema de turnos fijos de fiscales, a la creación de 17 cargos de fiscal de Cámara y a designar una dotación de 1600 cargos que sólo hallan justificación en la necesidad de privilegiar el pensamiento afín como criterio de selección", expresó la entidad. Y, desde un comunicado, exhortó a los diputados a "rechazar las propuestas" y a que se inicie "un proceso de análisis".

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