La AFIP, un arma de presión política

Inspectores visitan a críticos del Gobierno
Hugo Alconada Mon
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14 de julio de 2012  

Empresas y empresarios, economistas, productores agrícolas, un club de rugby y deportistas, políticos, medios de comunicación y periodistas, el esposo de una jueza e incluso ex funcionarios kirchneristas. Todos tienen algo en común: los visitaron inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) justo cuando salieron a la escena pública con algo incómodo para el Gobierno, según surge de un relevamiento de los últimos años.

Los antecedentes cobran relevancia luego de la inusual revelación de la Presidenta de que había pedido informes al ente recaudador respecto de un empresario inmobiliario que criticó medidas oficiales. En este contexto, se desató ayer una ola de críticas al Gobierno por el uso de la AFIP como "arma política", que incluyeron críticas del ex vicepresidente Julio Cobos, el senador radical Ernesto Sanz y la diputada Patricia Bullrich. Pero sólo 24 horas después de la revelación presidencial por televisión, la inmobiliaria de Jorge Toselli fue inhabilitada para operar. Días antes, otros inspectores habían visitado la panadería de la mujer que lidera un comedor comunitario en Tucumán y que había aparecido en el programa de televisión de Jorge Lanata. Al igual que con Toselli, la irrupción de los sabuesos se concretó en 24 horas.

Esas acciones comenzaron, sin embargo, con el arribo mismo de Echegaray a la AFIP, donde llegó tras su paso por la Aduana y la Oncca; allí también había cosechado planteos por presuntas represalias contra empresas y personas. En noviembre de 2008, por ejemplo, socios del club de rugby Los Cardos, de Tandil, lo increparon para que se fuera del predio. Poco después, seis miembros de la comisión directiva fueron investigados por la Oncca y la AFIP.

Cada vez que afrontó críticas por estas inspecciones, Echegaray retrucó con que sólo busca potenciales evasores, aunque las visitas muestran una notable correlación temporal con la exposición pública del investigado. Así, ordenó visitas inusuales contra productores, como denunció la Federación Agraria, o suspendió del registro de operadores de granos a exportadoras cerealeras en plena puja con el campo. O dispuso inspecciones contra casas de cambio cuando la fuga de divisas centralizó la agenda.

El Grupo Clarín también sufrió a la AFIP tras enemistarse con el Gobierno. En septiembre de 2009, horas después de que el diario denunció desde su tapa un subsidio irregular por $ 10 millones en la Oncca, cosechó un operativo con más de 200 inspectores en su sede central.

"La Argentina parece Cuba"

Para entonces, el diputado Francisco de Narváez, que derrotó a Néstor Kirchner en las elecciones legislativas, ya había denunciado a Echegaray por, según dijo, armar denuncias en su contra, violar el secreto fiscal y filtrar información tributaria en plena campaña. Y el tenista Juan Martín del Potro recibió la visita de la AFIP, una semana después de que, como ganador del US Open, declinó reunirse con la Presidenta porque su familia vivía "del campo".

Meses después, a principios de 2010, Clarín también se convirtió en el objetivo central de un "grupo de tareas" -como se definió a sí mismo-, con funcionarios de la unidad antilavado (UIF), la AFIP, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central.

En octubre, cuando el kirchnerismo mostraba signos de agotamiento que llevaron a los empresarios a expresar sus críticas en voz alta, dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Asociación Empresaria Argentina recibieron las visitas de sabuesos. El entonces titular de la UIA, Héctor Méndez, justo luego de que dijo que "así, la Argentina parece Cuba". Pero también llegó a ejecutivos de Techint y Bagó.

La ofensiva alcanzó, a veces, niveles insólitos. En octubre de 2010, Echegaray removió como agente fiscal sin sumario previo, ni acto fundamentado, al marido de la jueza María José Sarmiento, quien habría frenado el uso de las reservas del Banco Central y ordenado restituir a Martín Redrado al frente de la entidad.

El economista Roberto Cachanosky expuso en septiembre de 2011 lo que consideró secuelas de ofrecer un cálculo propio de la inflación. "Es evidente que mientras yo tengo tres inspecciones en cinco años, los Kirchner lograron que la Justicia les diera por aprobado un incremento patrimonial injustificable, y [Amado] Boudou declara tasas de rentabilidad envidiables", ironizó.

Las denuncias también golpean muy cerca de la propia AFIP. La empresa de limpieza Ricardo Bilbao padeció una inspección integral tras impugnar la licitación para limpiar el organismo porque perdió, aunque ofertó menos de la mitad que la ganadora, Limpialux SA: 7 millones en vez de 15 millones de pesos.

También alcanza al personal del propio organismo. Así, Echegaray dispuso a mediados de 2011 la disolución del "grupo E" de sabuesos que investigó casos sensibles, desde IBM-Banco Nación hasta Skanska.

Su actuación en el caso Ciccone también muestra singularidades. Se presentó ante el juez comercial para informarle que pediría la quiebra de la imprenta cuando estaba en manos de Héctor y Nicolás Ciccone, a los que les rechazó los pedidos de moratoria. Pero dio su aprobación plena e incondicional al levantamiento de la quiebra cuando desembarcó Alejandro Vandenbroele. Algo que el juez consideró "cuanto menos llamativo". Y le concedió cinco moratorias excepcionales, en las que omitió "por error" $ 140 millones en intereses.

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