La Alianza reclama que Rico sea expulsado

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30 de marzo de 2000  

LA PLATA.- Los diputados de la Alianza exigieron ayer al gobernador Carlos Ruckauf que expulse de inmediato a Aldo Rico, que designe a su sucesor y así ponga fin al "vacío de poder real que existe en la provincia de Buenos Aires".

La demanda fue formulada en un proyecto de declaración que la coalición presentó ayer y que tratará hoy o mañana, a más tardar, en la Cámara baja bonaerense.

Durante esas jornadas, en las que la Alianza se despachó directamente con munición gruesa contra Rico y contra las "dilaciones" de Ruckauf para "cesar de una vez por todas a Rico", el peronismo legislativo mantuvo un cerrado silencio.

Los miembros de los bloques legislativos del PJ confirmaron que se mantendrán en sus trece hasta que "vuelva el jefe (por Ruckauf) y sea él y no otro el que resuelve si despide o no al ministro de Seguridad".

Negaron que, por imperio de las exigencias aliancistas, el gobernador pueda "ofrecerle a la oposición la cabeza de Rico en bandeja de plata. Ruckauf hará lo que hará, pero sin aceptar presiones", argumentó ese intérprete oficialista, quien prometió que sus pares reivindicarán a su jefe político si éste es fuertemente atacado en la Cámara de Diputados.

Críticas El requerimiento legislativo para que Ruckauf despida a su ministro fue fundamentado por los opositores Francisco Ferro, Alejandro Mosquera, Aldo San Pedro, Marcelo Elías, María Banzas, Mario Espada y Néstor Saggesse. Por cuerda separada, el diputado Miguel Bazze -también aliancista- manifestó que Rico es un "desequilibrado" y que "el gobernador le tiene miedo".

Bazze comparó al ex jefe carapintada con un secuestrador, pues "nos tiene a todos los bonaerenses de rehenes. Sólo nos librará si el fin de semana logra un acuerdo con Ruckauf; de lo contrario seremos sus víctimas", advirtió el legislador.

Para los demás diputados mencionados, las dudas oficiales en hacer renunciar a Rico coloca en riesgo la vigencia del poder democrático, pues el ministro, con sus palabras y actitudes, ha originado una crisis institucional que no tolera más demoras.

A juicio de los aliancistas, 45.000 policías se encuentran como un botín de una discusión política que "se plantea entre Rico y el gobernador y no saben a quién responden, pues encima carecen de conducción". Y pidieron decisiones urgentes para frenar la escalada delictiva.

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