La Argentina somete a una evaluación de la OCDE sus políticas de ética pública

Conflictos de intereses. Políticas de control patrimonial de los funcionarios. Política de obsequios. Mecanismos de nombramientos en el Estado y contrataciones de obra pública. Nepotismo. Acceso a la información pública.

Durante el próximo año, la Argentina será evaluada internacionalmente en esos aspectos que componen los estándares de ética. Habrá que trabajar en lo que esté mal si el Gobierno quiere anotarse unos puntos más para lograr un objetivo sustancial en la política exterior macrista: ingresar como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hoy integrada por 35 países.

El país adhirió el mes pasado a la recomendación de integridad pública que promueve el organismo como una estrategia contra la corrupción en la administración estatal, el sector privado y la sociedad civil. La adhesión se consolidó en París, durante una reunión de la que participó Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), que es el nexo entre el país y el organismo para esta cuestión, entre otras.

El lanzamiento oficial de esta evaluación en la Argentina será el próximo lunes en un hotel del microcentro porteño, en lo que será una jornada de la que participarán enviados de la OCDE, la OA, funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y del Ministerio de Modernización.

El proceso se extenderá entre 12 y 18 meses desde el lanzamiento. Durante todo ese tiempo visitarán la Argentina miembros del organismo, se deberán enviar informes sobre los temas requeridos y habrá entrevistas con funcionarios. Si bien al fin del camino se publicará un informe con una serie de recomendaciones que sugerirán tener en cuenta para que nuestro país mejore en lo que esté fallando, durante esos meses el Gobierno recibirá evaluaciones preliminares.

No es obligatorio que se adopten al pie de la letra todas las recomendaciones que surjan de ese escrito final. "Pero ayuda: adherimos a un estándar al que se aspira a llegar y eso genera una expectativa positiva. Así que hay una obligación para mejorar todos los años para no pasar papelones", dicen en el macrismo.

El país será el cuarto de América latina en someterse a este estudio. México -que ya es miembro-, Perú y Colombia -que también son aspirantes a ingresar- completan la lista.

¿Qué significaría para la Argentina ingresar a la OCDE? El punto más sustancial que destacan en la Casa Rosada sería un crecimiento fuerte de las inversiones. Además, integrar el organismo fomentaría una baja considerable en las tasas para el acceso a créditos internacionales, por lo que, por ejemplo, si una empresa local busca un crédito en el exterior para ampliar su producción, lo podría conseguir con mejores condiciones.

En términos menos tangibles, ser miembro pleno de la OCDE elevaría la reputación de la Argentina en la comunidad internacional como un Estado con mejor clima de negocios, competitivo, eficiente en la lucha contra la corrupción, transparente y con mayor calidad educativa y judicial, entre otros aspectos.

El ingreso al organismo lleva tiempo. El Gobierno inició una solicitud formal poco después de asumir, pero los procesos demorarán por lo menos tres años, según los cálculos oficiales. Además, la OCDE tiene pendiente una definición interna sobre si aceptará -y en ese caso, cuándo- el ingreso de nuevos países.

Durante el proceso, el país debe adecuarse a los requerimientos del ente, que exige legislaciones específicas para algunas cuestiones, como la dispuesta por la comisión antisoborno, que exigió en su último informe que se avance con la sanción de la ley que establece responsabilidad penal para aquellas empresas argentinas que paguen sobornos en el exterior. El proyecto espera ser debatido en el Congreso.

En el último informe que publicó la OCDE sobre el país, a fines de marzo, el organismo remarcó que hubo esfuerzos del gobierno argentino para cumplir en una serie de compromisos asumidos, pero llamó la atención sobre algunas cuestiones, como la demora en la sanción de ese proyecto de ley o la presunta politización de la Procuraduría General de la Nación, que encabeza Alejandra Gils Carbó, a quien criticó en duros términos por "presionar" a los fiscales y por ser la "principal vocera" de una agrupación afín al kirchnerismo, en relación a Justicia Legítima.

Las expectativas para el futuro informe sobre integridad no son malas, indicó Alonso a LA NACION, aunque remarcó que se deberán abordar eventuales cambios en las áreas sensibles sobre las que se emitan recomendaciones. "Esperamos que también se hable sobre niveles subnacionales de gobierno y la necesidad de que las provincias y los municipios apliquen políticas de integridad sostenibles en el tiempo. No alcanza sólo con el esfuerzo del Gobierno. El estudio nos va ayudar a amalgamar una gran acción colectiva por la integridad y la transparencia", señaló, expectante.

Los puntos clave del análisis internacional

Los evaluadores

El estudio será llevado a cabo por expertos de la OCDE en conjunto con miembros de la administración nacional, como la Oficina Anticorrupción (OA), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el Ministerio de Modernización

El plazo

El proceso evaluatorio demorará entre 12 y 18 meses desde su lanzamiento, el próximo lunes. Una vez finalizado, la OCDE emitirá un informe general, aunque durante todos estos meses el Gobierno recibirá evaluaciones preliminares

Qué se va a evaluar

El organismo pondrá el foco en las políticas estatales vigentes destinadas a garantizar los niveles de ética pública y combatir la corrupción. Entre esos temas figuran los conflictos de intereses, las políticas de obsequios, las contrataciones de obra pública, el nepotismo, los mecanismos de nombramientos en el Estado y el control patrimonial de los funcionarios

El objetivo

El Gobierno ya inició los trámites formales de ingreso al organismo. Para ello se necesita atravesar una serie de evaluaciones y, de ser necesario, modificar los marcos legales vigentes. Según la Casa Rosada, integrar la OCDE otorgaría al país beneficios financieros y crediticios, ya que garantiza un mejor clima de transparencia y calidad institucional