La Auditoría encontró fallas en el proceso de la tarjeta SUBE

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe con duras críticas hacia la instrumentación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en el período 2009-2013, es decir, durante el gobierno de Cristina Kirchner.

"Encontramos falencias en la planificación del SUBE por parte de la Secretaría de Transporte (ST) que incidieron negativamente en la ejecución del proyecto, en el que se gastaron $2767 millones", enfatizó el auditor Alejandro Nieva (UCR).

El informe tuvo el rechazo de tres de los cuatro auditores peronistas: Graciela De la Rosa, Juan Ignacio Forlón y Francisco Fernández. El presidente, Oscar Lamberto, apoyó la auditoría junto a Nieva y Jesús Rodríguez, de la UCR, y Gabriel Mihura Estrada (Frente Renovador).

El informe de auditoría advirtió que la instrumentación del sistema SUBE "no se efectuó en los plazos establecidos, encontrándose inconclusa al finalizar el período auditado". Además, señaló que la gestión realizada por los órganos y empresas involucradas en el proyecto resultó "poco eficiente".

"La Secretaría de Transporte no ejerció adecuadamente su rol de autoridad de aplicación del SUBE evidenciando falencias en la gestión como conductor del proyecto", cuestionó el organismo.

En otro párrafo del informe se indicó que la instrumentación del sistema no se efectuó en los plazos establecidos, encontrándose inconclusa al finalizar el período auditado. "A cinco años de la creación del SUBE no se pudo verificar la instalación de molinetes de acceso y egreso en la mayoría de las estaciones del sistema ferroviario", advirtió el auditor Nieva.

Además, advirtió, la falta de proyección del SUBE como política nacional de transporte generó situaciones de inequidad hacia el interior del país. La mayoría de los subsidios al transporte financiados con el presupuesto de la Nación se volcaron al Área Metropolitana de Buenos Aires, afectando a los sectores con mayor vulnerabilidad social de las provincias.

De acuerdo a la auditoría, durante 2012 y 2013 se volcaron subsidios en el área meotropolitana por $ 23.000 millones, de los cuales el 70% fueron distribuidos de acuerdo a parámetros vinculados a los costos empresarios, mientras que el 30% restante según parámetros relacionados al uso del transporte. De este último porcentaje, sólo el 13% fue determinado sobre la base de datos SUBE.

"Así, se otorgaron $ 8910 millones a la quinta parte de la población con más altos ingresos y $ 7346 millones a la de más bajos ingresos. Respecto al SUBE Social, las deficiencias en la planificación, implementación, operatividad y una difusión limitada del beneficio lo hicieron poco equitativo", advirtió Nieva.

Entre los principales objetivos no cumplidos por el SUBE, la AGN constató que no se disminuyó el tiempo insumido en la adquisición de pasajes ni se impidió el retroceso en la cantidad de pasajeros transportados pagos del sistema ferroviario.